La causa por homicidio calificado fue cerrada sin responsables.
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Luis Alejandro Soto Pérez (50), abogado asistente de la Fiscalía de Los Vilos, fue denunciado por el propio fiscal jefe de esa repartición para que se investiguen delitos en su contra después de la audiencia en la que no argumentó correctamente para evitar que se liberara a cuatro presuntos miembros del Tren de Aragua.
“Pese a todo lo actuado, el tribunal pudo haber resuelto de manera diferente”, dijo Ángel Valencia.
Francisco Bravo, quien preside la asociación desde 2021, indicó que desde ese año viene advirtiendo a las autoridades por un "grave problema de sobrecarga en algunas regiones” para los persecutores, donde relevó el caso de Los Vilos.
A Cristián Muñoz Pérez se le le acusa de haber recibido un vehículo en forma de pago por hacerse parte de gestiones judiciales y también por revelar a un socio la concurrencia de la PDI en el marco de una investigación por drogas. Se fijaron 90 días para la investigación.
En una audiencia, desarrollada el lunes, la jueza Daniella Pinto reprendió al abogado asistente de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto, por no tener los suficientes antecedentes para fundar la necesidad de mantener tras las rejas a los sujetos, acusados por varios delitos, entre ellos, secuestro.
Durante la audiencia, que quedó registrada en audios, la jueza Daniella Pinto advirtió al abogado de la Fiscalía Local de Los Vilos, Luis Soto, sobre las falencias de su argumentación que la llevaron a modificar la prisión preventiva de imputados ligados al Tren de Aragua. Esto es precisamente parte de los antecedentes que actualmente existen para determinar si fue el tribunal o el Ministerio Público el responsable de rebajar la medida cautelar de la peligrosa banda cuyos miembros, al menos la mayoría, no han sido habidos. Desde el ente perseguidor alertan que esa repartición es una de las 45 "fiscalías unipersonales", es decir donde solo hay un investigador como tal.
Tarek William Saab dejó de lado el discurso conciliador y arremetió contra el Ministerio Público, acusando poca colaboración. Además, descartó la extradición de los dos sospechosos del crimen. Canciller Van Klaveren calificó las aseveraciones como “inaceptables” e “incomprensibles”.
El 16 de mayo, la periodista denunció a su esposo -y socio de Factop- por violencia intrafamiliar, iniciando una contienda en que aportó cartas, episodios y un relato en que lo acusa de querer "sacarme a patadas de la casa donde vivo con mis hijos". El empresario, en tanto, sigue en prisión preventiva desde el 10 de abril.
La empresa Ingestec le adjudica a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) una deuda de más de $5 millones en insumos médicos por parte de la agrupación encabezada por Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción mientras dirigía el organismo.
La Brigada de Homicidios Iquique de la Policía de Investigaciones indaga la muerte del sujeto que fue detenido en la frontera por el delito de tráfico de migrantes.
La fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para la mujer, sin embargo, el tribunal no acogió la petición y decretó arresto domiciliario. Tras ello el Ministerio Público apeló verbalmente en audiencia, por lo que ahora será la Corte de Apelaciones la que determine si mantiene lo resuelto por el tribunal o revoca la resolución y acoge la petición de la fiscalía.
La mujer investigada, que está en calidad de testigo, llevaba algunos meses a cargo del cuidado de la niña de 3 años, labor que era remunerada. El ente persecutor indaga la figura de “comisión por omisión”, luego de que la mujer se ausentara del inmueble por cerca de 20 minutos.
La jueza del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, resolvió imponer la medida cautelar más gravosa, de prisión preventiva, en contra del alcalde de Recoleta, tras acoger las imputaciones de la Fiscalía Centro Norte. Se advirtió, entre otras cosas, la gravedad de la pena, en delitos funcionarios donde se "suponía" el jefe comunal se debía a la municipalidad que representaba, la cual se vio "afectada" por las maniobras entre Achifarp y sus directores.
Alcalde de Recoleta ingresó al Anexo Penitenciario Capitán Yáber este lunes tras ser formalizado por cinco delitos de corrupción.
