Ignacia Albornoz Inzunza falleció el domingo en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. La fiscalía explicó que la decisión de traspasar la carpeta investigativa se fundamenta “en que los antecedentes preliminares dan cuenta que los hechos que podrían haber incidido en el posterior deceso de la joven aspirante, ocurrieron en la sede de la escuela ubicada en la comuna de San Bernardo".
El fiscal José Morales, si bien aseguró que "es un poco apresurado" decidir los pasos a seguir tras el revés en el caso, afirmó que se tendrá que "analizar el fallo".
La jueza Carolina Escandón apuntó directamente al trabajo investigativo, el cual fue llevado a cabo por el fiscal José Morales y la Brigada de Lavado de Activos de la policía. "Si bien la detección de patrones sospechosos es el punto de partida, una acusación de lavado de activos debe ir mucho más allá, donde la solidez probatoria es fundamental", señaló la magistrada. Se trata del mayor fracaso del Ministerio Público desde el caso Bombas I.
En la causa que investiga cómo la funcionaria Danitza Araya quedó en situación de discapacidad, la Fiscalía decidió no perseverar, por lo cual los querellantes solicitaron forzar un juicio, lo que requiere antes el pronunciamiento del persecutor. Sin embargo, también cuestionan que el fiscal nacional, Ángel Valencia, sea quien deba hacerlo, ya que fue abogado defensor de uno de los imputados en la causa hasta febrero del año pasado.
Este martes se realizará la audiencia donde el Juzgado de Garantía de Arica analizará a qué instancia le corresponde llevar el caso. Mientras la ministra en visita designada por la Corte Suprema insistirá en que éste debe recaer bajo su jurisdicción, la madre del soldado fallido y el INDH exigirán que sea la justicia ordinaria la que lleve las diligencias.
Dos de los individuos fueron formalizados por los delitos de porte y tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, mientras que el tercero enfrentó cargos por lesiones graves y menos graves respecto de los otros imputados.
Tras una discusión el imputado se abalanzó sobre la mujer para luego colocar ambas manos en su cuello, La situación fue atestiguada por el hijo de ambos, quien pidió ayuda, siendo escuchado por una vecina, la cual solicitó la concurrencia de Carabineros.
El Ministerio Público de Perú comunicó la apertura de una causa contra la mandataria y su ministro del Interior, “como presuntos autores de la comisión del delito de abuso de autoridad”. El hecho ocurre cuando la unidad policial apoyaba casos relevantes, entre ellos, las investigaciones a un hermano de la gobernante, detenido por supuestos delitos de tráfico de influencia y organización criminal,
Ocho de los nueve imputados por una violación grupal seguirán presos. Mientras, la Fiscalía avanza en una indagatoria que logró sortear una serie de complejidades como el desistimiento inicial de la denuncia de la víctima.
La policía solicitó al Poder Judicial liberarla de medidas de fiscalización, como el arresto domiciliario total o nocturno en “zonas de alta conflictividad” de la Macrozona Sur, para resguardar “debidamente la seguridad” de su personal y de la población.
El parlamentario Mauricio Ojeda es imputado por fraude al Fisco y variados delitos de corrupción, en la causa ligada al denominado "caso manicure". Antes de lograr formalizarlo la Fiscalía debe desaforarlo, para lo cual presentó esta mañana ante la Corte de Apelaciones de Temuco una serie de antecedentes, entre los que se encuentran reuniones que tuvo Ojeda con otros imputados tras conocer la indagatoria.
La acción en contra del parlamentario de oposición será ingresada pasado el mediodía de este jueves a la Corte de Temuco, en el marco de la investigación por líos de platas políticas en La Araucanía.
Ayer la Corte Suprema designó una ministra en visita para el caso, mientras que el martes el Ministerio Público abrió una indagatoria tras una denuncia del INDH.
Hoy la fiscalía realizó su alegato de apertura en el juicio que se retomó el pasado lunes y que podría extenderse por varios meses.
El joven huyó de Chile en diciembre de 2022 tras ser condenado a siete años de presidio por delitos de abuso sexual agravado y violación de dos menores de edad.
