El Ministerio Público brasileño dijo que el trabajo del organismo debe continuar para permitir la perfecta ejecución de las sentencias impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Brasil.
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El alcalde de Recoleta declaró en calidad de imputado ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de delito en el marco de las negociaciones entre la Asociación Chilena de Municipalidades Farmacias Populares (Achifarp) con la empresa Best Quality SPA, donde justificó la adquisición de "Interferón", señaló no leer "todo lo que firmo" y que los vecinos de su comuna "estaba muriendo abandonada en sus casas a causa del mal manejo del gobierno de turno".
Perú, Bolivia y hasta Argentina son los destinos que revisa la policía para dar los dos integrantes del Tren de Aragua que habrían ejecutado el secuestro y homicidio del exoficial venezolano. Las otras dos interrogantes son los contactos y la vida laboral de la víctima, mientras, que su familia entregó su cuentas bancarias y, además, concurrió hasta el SML para reconocer su cuerpo.
Fue la alcaldesa subrogante de la comuna, Verónica Montecinos, quien denunció que habría un “cementerio ilegal” al interior del lugar. Ministerio Público preciso que no existen denuncias formales por esto.
A un mes de la muerte del exmandatario, el Ministerio Público continúa con las pesquisas para determinar por qué la aeronave cayó al lago Ranco. Además, se despacharon oficios al fabricante y se solicitaron más declaraciones de testigos.
La denuncia de la Fiscalía contra el exmandarario y otros funcionarios de su gobierno apunta a los delitos de asociación ilícita y defraudación al Estado. La acción judicial se inició tras una demanda de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, debido a los “sospechados negociados” en la Administración Nacional de la Seguridad Social con la contratación de seguros para jubilados.
Juan Carlos Aramayo, exfuncionario público, fue formalizado por los delitos de daños, disparos injustificados y tenencia ilegal de arma y municiones.
Tras la detección de un adolescente de 17 años por cumplir labores de "vigilancia" durante el secuestro del exmilitar venezolano, el Ministerio Público se aboca a dar con el paradero de otros dos sospechosos identificados. Uno de ellos, también miembro del Tren de Aragua, fue posicionado por última vez en Arica, el sábado 24 de febrero. "Se dispusieron todos los medios que se podrían tomar para detener esa salida de Chile, pero eso no ocurrió", reconoció ante el tribunal el fiscal Esteban Silva.
El primer detenido en la causa fue formalizado, luego que reconociera haber estado en el edificio del exmilitar en compañía de otro sospechosos vinculado al Tren de Aragua. Se indaga la participación de tres autos identificados y otros cuatro participantes directos del secuestro.
A.C., de supuestos 17 años (no cuenta con RUT), fue detenido por la PDI, luego de ser rastreado por cámaras de seguridad y la realización de seguimientos. Según los antecedentes que levantó la Fiscalía, el imputado dijo dedicarse al reparto de comida, o delivery, y al momento de su detención mantenía ketamina en su poder. Pese a esto su nombre no registra detenciones previas.
En el escrito, patrocinado por el abogado Juan Carlos Manríquez, se pide que se esclarezca la motivación del delito del exmilitar y se desliza que respondería a "la vida profesional previa, historial y pensamiento del secuestrado". En esa misma línea advierte que la mujer aún está a la espera de los resultados genéticos del cuerpo encontrado en Maipú.
Durante 2023 el Ministerio Público registró 36.468 causas que tienen como protagonistas a adolescentes de entre 14 y 17 años. Esto, pese a que las cifras venían a la baja. Desde Fiscalía indican que hay una multiplicidad de factores que están incidiendo, como mayor uso de drogas, más presencia de armas y aumento en la deserción escolar.
A pesar de que por el momento, la Policía de Investigaciones (PDI) ha identificado tres sujetos que habrían participado en el crimen, solo uno de ellos ha sido detenido y mañana 4 de marzo será formalizado por el delito de secuestro con homicidio.
La Fiscalía aseguró que el imputado manejaba en contra del sentido del tránsito y bajo los efectos del alcohol.
Pese a que las primeras diligencias debilitan un eventual móvil político en el crimen del exmilitar, el parlamentario instó a que “no se descarte ningún motivo, y tampoco el político”.
