La madre del joven, Romy Vargas, manifestó que se niega al análisis del cuerpo de su hijo bajo la justicia militar y que "no confía" en la magistrada que lidera las diligencias.
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Se acogió una solicitud del INDH y se postergó hasta el lunes 17 de junio.
Tanto el Instituto de Derechos Humanos como el abogado querellante por la madre de Franco Vargas, Sebastián Andrade, interpusieron recursos de reposición ante la resolución del máximo tribunal que frenó las diligencias de la Fiscalía en la causa. En ambos escritos se señala que el soldado falleció fuera del regimiento de Huamachuco y que es necesario avanzar en peritajes urgentes ya decretados.
En medio de los cuestionamientos tras la muerte del conscripto Franco Vargas (19), el ministro de Justicia argumentó que el marco regulatorio de la justicia militar "es parcial y adolece de garantías”.
El Ministerio Público Militar solicitó a la Corte Suprema que mientras no se resuelva qué tipo de justicia llevará la causa en la que se investiga la muerte del conscripto Franco Vargas, se paralizaran las diligencias de la Fiscalía de Arica, ya que estas podrían ser las mismas que las ordenadas por la ministra en visita Jenny Book.
Por tres votos contra dos, la Segunda Sala del Máximo tribunal acogió una orden de no innovar del Ministerio Público Militar.
El fiscal regional Mario Carrera entregó los detalles ante la comisión de Derechos Humanos del Senado. La resolución, que podría llegar las primeras semanas de junio, está en manos de la Corte Suprema, que debe determinar si la investigación continúa en sede civil o si pasa a tribunal marcial.
Romy Vargas, también manifestó que los eventuales responsables "tienen que pagar con cárcel, no con castigos de relevo, eso para mi no es justo".
El persecutor Mario Carrera solicitó fijar una audiencia -programada para el 4 de junio- para que se discuta en tribunales sobre la necesidad de esta diligencia. Según el escrito, el SML practicó un examen "para efectos de determinar la causa de muerte de la víctima, sin embargo no se realizó conforme al Protocolo de Minessota".
Consuelo Contreras acusó que “estos jóvenes vieron vulnerados gravemente sus derechos humanos por una autoridad que cometió delito en contra de ellos".
"La jurisdicción militar no tiene la robustez que tiene la fiscalía para proteger a las víctimas", señaló el juez Juan Araya Contreras.
Por alrededor de 30 minutos estuvo reunida la mamá de Franco Vargas con el Mandatario en La Moneda. Ahí, según relató, el Jefe de Estado le compartió el listado de los funcionarios que estaban a cargo de la instrucción en medio de la cual su hijo falleció, sellando un fuerte compromiso con que estos hechos no se repitan.
En la cita también estuvo presente la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien a la salida además enfrentó las críticas que ha recibido de ex titulares de la cartera. "Gran parte de esas exautoridades tienen mi teléfono, y yo no he recibido ninguna llamada", dijo.
El fiscal regional de Arica y Parinacota liderará la investigación por el presunto delito de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos.
En la antesala de la audiencia donde el Juzgado de Garantía de Arica se pronunciará respecto de la competencia para conocer de esta causa, surgen interrogantes sobre la experiencia de la magistrada Jenny Book. Entre los intervinientes ha genera ruido el hecho de que no cuente con experiencia en materia de crimen.
