La mujer participó en una sesión de la comisión de la Cámara de Diputados que investiga los hechos. También se hizo parte en forma remota el exconscripto Cristopher Pakarati, compañero de Franco Vargas, que afirmó que le impidieron ayudar al joven que resultó muerto en una marcha de entrenamiento del Ejército.
Jenny Book recorrió la zona de Pacollo para luego asistir al Cesfam de Putre.
Junto con ello, el ministro (s) del Interior expresó que es "legitimo" que la familia quiera tener certezas sobre la causa de muerte del joven.
"Aquí hay testigos, que llame a esos testigos, no a los que van a declarar a favor de ese regimiento. Súper inconsecuente su investigación. Y además dice a los medios que encuentra todo bien. Fue diez días después. Iban a arreglar la casa. Cuando yo tengo visitas, arreglo la casa”, sostuvo Romy Vargas.
La madre del joven, Romy Vargas, manifestó que se niega al análisis del cuerpo de su hijo bajo la justicia militar y que "no confía" en la magistrada que lidera las diligencias.
Se acogió una solicitud del INDH y se postergó hasta el lunes 17 de junio.
Tanto el Instituto de Derechos Humanos como el abogado querellante por la madre de Franco Vargas, Sebastián Andrade, interpusieron recursos de reposición ante la resolución del máximo tribunal que frenó las diligencias de la Fiscalía en la causa. En ambos escritos se señala que el soldado falleció fuera del regimiento de Huamachuco y que es necesario avanzar en peritajes urgentes ya decretados.
En medio de los cuestionamientos tras la muerte del conscripto Franco Vargas (19), el ministro de Justicia argumentó que el marco regulatorio de la justicia militar "es parcial y adolece de garantías”.
El Ministerio Público Militar solicitó a la Corte Suprema que mientras no se resuelva qué tipo de justicia llevará la causa en la que se investiga la muerte del conscripto Franco Vargas, se paralizaran las diligencias de la Fiscalía de Arica, ya que estas podrían ser las mismas que las ordenadas por la ministra en visita Jenny Book.
Por tres votos contra dos, la Segunda Sala del Máximo tribunal acogió una orden de no innovar del Ministerio Público Militar.
El fiscal regional Mario Carrera entregó los detalles ante la comisión de Derechos Humanos del Senado. La resolución, que podría llegar las primeras semanas de junio, está en manos de la Corte Suprema, que debe determinar si la investigación continúa en sede civil o si pasa a tribunal marcial.
Romy Vargas, también manifestó que los eventuales responsables "tienen que pagar con cárcel, no con castigos de relevo, eso para mi no es justo".
El persecutor Mario Carrera solicitó fijar una audiencia -programada para el 4 de junio- para que se discuta en tribunales sobre la necesidad de esta diligencia. Según el escrito, el SML practicó un examen "para efectos de determinar la causa de muerte de la víctima, sin embargo no se realizó conforme al Protocolo de Minessota".
Consuelo Contreras acusó que “estos jóvenes vieron vulnerados gravemente sus derechos humanos por una autoridad que cometió delito en contra de ellos".
"La jurisdicción militar no tiene la robustez que tiene la fiscalía para proteger a las víctimas", señaló el juez Juan Araya Contreras.
