La nueva embestida judicial del excomandante en Jefe es pedirle al Tribunal Constitucional que revise lo antes posible el requerimiento presentado por su defensor, el abogado Juan Carlos Manríquez, que pide paralizar parcialmente el denominado caso Fraude en el Ejército. El oficial retirado está citado para este viernes 1 de abril en calidad de inculpado.
Finalmente este viernes a las 9.00 horas se concretará el interrogatorio del ex comandante en Jefe del Ejército. La diligencia se llevará a cabo, pese a que su defensa había intentado suspender el proceso ante el Tribunal Constitucional (TC) pero esta petición no se revisó hoy.
La Segunda Sala del máximo tribunal rechazó por unanimidad que una eventual declaración del exjefe del Ejército en las oficinas de la magistrada y sin la presencia de su abogado defensor constituyan una “amenaza a su libertad”, como lo manifestó la defensa del general (R) mediante un recurso de amparo.
La acción judicial presentada por el abogado Juan Carlos Manríquez sostiene que la libertad de su cliente se ve amenazada si no declara acompañado de su defensor. En el escrito expone que el que el ex comandante en Jefe del Ejército, al momento de ser interrogado, podría no manejar sus dichos y que esto derivar luego en su detención.
En el informe despachado a la Corte Marcial, la jueza explicó por qué no era lo mismo interrogar a un inculpado en su residencia particular que en una casa institucional como sería en este caso. El general (R) aún habita la casa institucional del comandante en jefe del Ejército, residencia que está emplazada en el Complejo Militar, en la comuna de Vitacura.
Por tres votos a favor y dos en contra, la Corte Marcial acogió parcialmente lo alegado por la defensa del exalto oficial. También se pedía que la magistrada no pudiera dictar una orden de detención contra el excomandante en jefe por no presentarse ante el tribunal, lo que fue desestimado.
La jueza Romy Rutherford derribó a los máximos representantes de la entidad castrense: procesó a Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018). Esta semana aceleró la salida del general (R) Ricardo Martínez tras citarlo a declarar como inculpado por el uso irregular de pasajes para viajes oficiales. Esta ha sido la estrategia de la ministra para cercar a los militares y descabezar a gran parte del alto mando.
Hija de un abogado penalista que es uno de sus grandes referentes en la vida, la jueza que investiga el fraude en el Ejército ha cultivado un bajo perfil debido a su alta exposición. No da entrevistas y casi no se deja ver. Quienes la critican apuntan sus dardos al gran poder que tiene, ya que tramita el caso bajo el sistema de justicia militar.
Anticipándose a una eventual orden de detención en su contra, su defensa encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez presentó el recurso ante la Corte Marcial, argumentando que el exoficial ha visto amenazada su “libertad y seguridad”.
La defensa del ex comandante en Jefe del Ejército, el abogado Juan Carlos Manríquez, acudió hasta la Corte Marcial para interponer el recurso. "Nos enfrentamos al riesgo cierto y grave que esa orden esté siendo dictada en este momento", se lee en el escrito que además asegura que el ex alto oficial no está en rebeldía.
El miércoles por la tarde, tras entregar su discurso y renunciar en la Escuela Militar -para evitar que su situación judicial empañara el cargo-, el general llegó hasta el Edificio Bicententario a reunirse con sus tropas. Citó al cuerpo de generales y sus colaboradores más cercanos para reiterar una vez más su inocencia ante la vinculación al caso "fraude en el Ejército". Las últimas horas de Ricardo Martínez al mando de la institución castrense estuvieron marcadas por la soledad y la incomodidad que le provocó la ausencia del ministro de Defensa y sus pares de la Armada y la Fuerza Aérea en su última intervención como jefe castrense.
A través de dos solicitudes, el abogado del renunciado comandante en Jefe del Ejército, invocó una prerrogativa en la que sostiene que jurídicamente el general cuenta con la calidad de oficial activo o en retiro, por lo que pide que la diligencia se realice en su domicilio. También, pidió copia del expediente completo de la investigación para poder preparar su defensa.
Los escenarios que debía enfrentar el general Ricardo Martínez eran analizados hora tras hora desde que fue convocado por la magistrada Romy Rutherford a declarar. También eran observados por personeros de La Moneda. Algunos presentes en las reuniones, que se sucedieron en especial todo el martes, recuerdan una frase que repitió el alto oficial: “Más importante que mi nombre, está el puesto. No se puede mancillar la Comandancia en Jefe”.
La toma de declaración como inculpado en la arista "pasajes aéreos" del denominado caso fraude en el Ejército -agendado para este jueves- ha dejado en una incómoda posición al comandante en jefe del Ejército, quien este martes a primera hora se reunió, de forma reservada, con el ministro de Defensa. La magistrada rechazó la solicitud de su abogado para cambiar la fecha de la diligencia, lo que en concreto podría significar que deje el mando en las próximas horas, para así evitar que su situación judicial impacte en la ceremonia de ascenso de su sucesor.
Hasta el Edificio Bicentenario llegó el oficio que pedía la concurrencia del jefe militar, Ricardo Martínez, para este jueves a la oficina de la ministra en visita. La cita ante la justicia se da a seis días de entregar el mando. La diligencia activó una alta preocupación en la institución castrense, pues alertados por los últimos procesamientos de la magistrada, el alto oficial podría transformarse en el primer número uno de la institución castrense imputado estando activo en su cargo.
