Etiqueta: Fraude en el Ejército

El instructor del sumario dictó la primera medida que afecta a los fiscales Constanza Izurieta (hija del militar en retiro) y su esposo, el también fiscal Andrés Iturra. La idea, dicen en el Ministerio Público, es evitar que por su rol puedan tener conocimiento de los avances de la investigación que se levantó en su contra y debido a la "gravedad" de los hechos que se les imputan. Esto, luego de que se revelara que firmaron documentos que tienen que ver con el traspaso de bienes que hizo el excomandante en jefe del Ejército, quien está procesado por malversar más de $ 6 mil millones al erario fiscal.

La ministra en visita, Romy Rutherford, requisó dos cuentas que el excomandante en jefe del Ejército mantenía en compañías de seguros, quedando congelados a la espera de una condena en la causa y poder así restituir los gastos reservados presuntamente desviados. Además, debió hacer entrega de su teléfono personal a sus custodios, luego de que se identificara que lo mantenía en la cabaña donde se encuentra en prisión desde hace dos semanas.

Ex alto mando del Ejército fue procesado por la magistrada por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -por al menos $ 6.500 millones- y falsedad de documento militar.

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) argumentó ante el máximo tribunal que era necesario renovar la permanencia de la jueza que indaga el caso, donde han sido procesados dos excomandantes en jefe y más de un 15 altos oficiales. El organismo argumentó que se trata de una investigación altamente compleja, que cuenta con más de 40 aristas y una serie de diligencias que debieron ser suspendidas, a raíz de las restricciones sanitarias por el Covid-19.

Con esta resolución, Rutherford seguirá trabajando exclusivamente en el caso que comenzó a indagar en 2017 y que implica delitos como la malversación de fondos públicos, viajes irregulares, entre otros, y por el cual han sido procesados altos mandos de la institución. Entre estos, los excomandantes en jefe del Ejército, Humberto Oviedo y Juan Miguel Fuente-Alba.

La ministra en visita llegó el lunes hasta Washington junto a un equipo de la Brigada Anticorrupción de la policía. Allá recogieron documentos y archivadores, junto con interrogar a los funcionarios de la oficina del Ejército en territorio norteamericano, para traerlos a Chile. La diligencia despertó más de una tensión en la entidad castrense.

La magistrada ordenó el embargo de bienes por un monto total de $ 60.000.000, el ingreso en prisión preventiva del retirado militar al Batallón de Policía Militar N° 1 de Peñalolén y el arraigo de pleno derecho del procesado.

La Corte Marcial, finalmente, acogió la reclamación del general Pablo Onetto Jara, encausado en la arista "empresas de turismo"por cuatro votos, contra uno. El voto disidente catalogó la resolución como un hecho "insólito" y ahora la tensión se traslada a lo que pueda hacer el CDE y el Ministerio Público Militar.

Se trata de una petición de sobreseimiento definitivo, presentada por la defensa del general Pablo Onetto, único oficial activo de alto rango procesado en la investigación de la ministra en visita Romy Rutherford. De ser positiva una resolución a favor del general, marcaría el camino para que todos los generales investigados en la causa recurrieran a esta misma estrategia.

En una estrategia similar a la que se llevó a cabo en el caso Riggs contra el fallecido dictador Augusto Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, la consejera del CDE María Inés Horvitz presentó la acusación del Fisco con el que se llevará a juicio oral al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y su esposa por los miles de millones de pesos que, según la investigación de la Fiscalía Centro Norte y la justicia militar, habrían malversado desde gastos reservados de la institución a sus cuentas.

El diputado Leonardo Soto (PS) presentó una indicación que extiende la duración de la visita de los ministros de la Corte Marcial en investigaciones penales de dos a cuatro años en causas de alta complejidad e impacto público. La intención del parlamentario es ingresar este artículo en la ley patrocinada por el gobierno que busca "enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública”. Soto apela a que dado el Covid-19, la causa no pudo avanzar en un 100%.

El fiscal José Morales informó al Séptimo Juzgado de Garantía que dio inicio a una investigación separada que involucra a la entidad de propiedad del Grupo Luksic y a los otros bancos que, teniendo la obligación legal de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), no lo hicieron, lo que impidió iniciar antes esta indagatoria en contra del excomandante en Jefe del Ejército. Asimismo, el Ministerio Público notificó a la justicia que mantiene vigente una causa penal en contra de uno de los hijos del matrimonio por los movimientos que realizó en sociedades inscritas en el extranjero.

El Ministerio Público, además, acusó a la cónyuge del exmilitar y solicitó respecto de ella una condena de 10 años y un día de cárcel por supuestamente haber ayudado a su esposo a ocultar el origen de los dineros fiscales malversados. Con esta decisión, el fiscal José Morales ahora puede ir a juicio oral. Junto con esto se pidió el comiso de cinco propiedades del matrimonio.

El 14 de mayo pasado entregó su testimonio ante la fiscalía el presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó Juan Antonio Poblete. En su declaración ante el fiscal Jaime Retamal, que a ratos fue tensa, se le interrogó respecto a si los antecedentes que recibió como ministro para autorizar las intercepciones del periodista Mauricio Weibel y a cuatro exfuncionarios de la institución, todos denunciantes del fraude en el Ejército, fueron o no verídicos. "Las resoluciones las he adoptado en conciencia y con el mérito de los antecedentes", precisó el exministro del tribunal de alzada de Santiago.

A través de diversos escritos, la jueza y el abogado de Virgilio Cartoni difirieron de cómo se llevó a cabo la diligencia. El defensor del empresario reclama la ilegalidad de las pesquisas y una actitud amenazante de la PDI. La ministra refutó las acusaciones y argumentó una “narración acomodática" del jurista. Corte Marcial deberá zanjar el asunto.