Fue procesado por 29 facturas falsas que equivalen actualmente a más de 360 millones de pesos, y falsedad militar en relación con esas mismas facturas.
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El general (R) Felipe Cunich presentó el recurso al considerar que la resolución firmada por el expresidente Sebastián Piñera fue ilegal, puesto que la investigación de Contraloría, que derivó en su llamado a retiro, es ilegal, ya que este organismo no tiene las facultades para sancionar a funcionarios militares. La acción judicial fue respondida por el actual Mandatario, quien señaló que el exmilitar busca evadir sus responsabilidades administrativas.
El máximo tribunal no le otorgó todo el plazo con el que contaba la ministra para seguir con las pesquisas en el caso, a pesar de que la legislación le permitía estar un año más al frente de la indagatoria. A partir de ahora, la jueza que procesó a los cinco últimos comandantes en jefe de la institución militar trabaja contra reloj.
El fiscal José Morales solicitó 15 años de cárcel para el comandante en jefe del Ejército, además de 10 años para su esposa, Anita Pinochet. El matrimonio es acusado del delito de lavado de dineros provenientes de gastos reservados, para lo cual utilizaban diferentes formas formales para blanquear el dinero, entre los que se encontraban compra de acciones, inmuebles, autos, viajes, entre otros.
La ministra en visita que indaga el fraude en el Ejército contestó al recurso de amparo presentado por el general (R) Juan Emilio Cheyre. En el escrito enviado a la Corte Marcial advierte que la defensa del exoficial presenta un documento que justificaría la entrega de recursos a los jefes militares, a través de un decreto de 1998, sin embargo, la magistrada replica: "Tendrán derecho a un conductor, y un mayordomo y/o asistente mozo, derecho que -aún siendo atípico- tampoco involucra entrega de dineros en efectivo, sin rendición de cuenta, ni mucho menos del fondo para gastos reservados".
El abogado Jorge Bofill ingresó un recurso de amparo ante la Corte Marcial donde sostiene que el auto de procesamiento del otrora mandamás del Ejército se fundó en graves errores que vulneran las garantías de su cliente. Por lo mismo, piden que la imputación realizada por la ministra en visita se declare ilegal y, por consiguiente, que se proceda a su inmediata liberación.
Una dura resolución dictada por el fiscal regional metropolitano Oriente (s), Felipe Sepúlveda, dejó fuera del Ministerio Público a la hija del ex comandante en jefe del Ejército y su esposo, el también perseguidor penal público Andrés Iturra. En el sumario se les atribuye graves faltas a la probidad al haber participado activamente en la donación de inmuebles de Óscar Izurieta que luego la jueza Romy Rutherford no pudo confiscar, en medio de una investigación por millonaria malversación de caudales públicos. "Sin perjuicio de la gravedad de sus conductas, han generado una injustificada sensación de corrupción generalizada en el Ministerio Público", advierte la resolución que les fue notificada a ambos abogados.
Guillermo Hernán Porcile Arellano, Alberto Eduardo González Martin, John Eduard Griffith Spielman, Sergio Patricio Ahumada Labbé y José Manuel Llanca Zuazagotía están siendo investigados por una malversación de caudales públicos que suma más de $ 450 millones.
Por tres votos contra dos, el tribunal de alzada militar acogió el recurso de apelación de la defensa del ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, porque a su juicio la magistrada no ha reunido los antecedentes suficientes para imputarle el delito de fraude al fisco. La magistrada apunta a que el ex jefe castrense habría desviado a sus arcas personales más de $44 millones. La Corte, de hecho, le ordenó realizar un nuevo peritaje contable, ya que sostienen que durante esta etapa investigativa no se ha acreditado el perjuicio causado.
El coronel Isaías Martínez Castillo es indagado como inculpado por el presunto uso irregular de pasajes, a la vez que integra el tribunal de alzada castrense que revisa todos los procesamientos y actuaciones legales en el marco del fraude en el Ejército. El CDE pidió su inhabilitación en la causa y las implicancias del caso ya llegaron a oídos del comandante en jefe, Javier Iturriaga.
El tribunal de alzada militar revocó un procesamiento de la ministra en vista Romy Rutherfrod en que inculpaba por fraude al Fisco a un coronel (R) de la institución castrense, advirtiendo que el hecho -al momento de dictar el encausamiento- ya estaba prescrito. Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado recurrió de queja ante la Corte Suprema acusando ilegalidad por parte de los jueces que revirtieron lo resuelto por la magistrada. Como en todo, será el máximo tribunal el que tenga la última palabra.
Hace dos semanas la ministra en visita, Romy Rutherford, envió a la Fiscalía Centro Norte un oficio que da cuenta de operaciones sospechosas reportadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y que involucran al excomandante en Jefe del Ejército, quien hoy está procesado por fraude al fisco. Con esto, el Ministerio Público irrumpirá en el patrimonio del exjefe militar, complicando su escenario judicial.
El requerimiento presentado por la defensa del excomandante en Jefe, señala que existen dos supuestas vulneraciones a la Constitución: la primera de ellas por la imposibilidad de que el ex alto oficial declarara acompañado de su abogado y otra por "contrabando legislativo". Esto último debido a la aprobación de leyes que le han permitido a la jueza seguir con la investigación.
Hace una semana se dictó su detención provisoria en el Batallón de Policía Militar, en Peñalolén, recinto en el que permanecía desde el martes cuando fue sometido a proceso por la ministra en visita Romy Rutherford.
La nueva embestida judicial del excomandante en Jefe es pedirle al Tribunal Constitucional que revise lo antes posible el requerimiento presentado por su defensor, el abogado Juan Carlos Manríquez, que pide paralizar parcialmente el denominado caso Fraude en el Ejército. El oficial retirado está citado para este viernes 1 de abril en calidad de inculpado.
