De ser hallados culpables, podrían enfrentarse penas de entre 15 y 30 años de cárcel.
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Horas de tensión y pánico vivió Bolivia, después de que el general Juan José Zúñiga sacó a los militares a la calle para efectuar un supuesto golpe de Estado. Una vez detenido, su explicación de por qué lo hizo fue desconcertante.
La iniciativa, que se encuentra en primer trámite constitucional, fue aprobada en la instancia de la Cámara Alta por tres votos a favor y una abstención.
Los efectivos militares están desplegados en 557 locales de votación.
La medida fue decretada por el Mandatario el 16 de mayo de 2022, es decir, 51 días después que venciera el estado de excepción que había establecido Sebastián Piñera durante su mandato.
El jefe comunal de Maipú aseguró que "el resguardo de infraestructura crítica, con reglamentos del uso de las fuerzas claros, con apego irrestricto de los derechos humanos, en un régimen democrático, es una herramienta que el Estado puede disponer, y eso no se contradice con creer que los militares no pueden reprimir protestas sociales”.
"Hoy día la principal amenaza de seguridad en Chile no es una guerra externa, es una guerra contra el crimen organizado", señaló la autoridad.
El viernes, los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de ley, pero declararon como inadmisible la polémica norma que pretende dar atribuciones a los tribunales militares. Pese a ello, senadores de Chile Vamos anunciaron que buscarán reponer esa enmienda. “Si hubo el criterio de hacer valer la Constitución en la Cámara, uno supone que ese mismo criterio va a estar en el Senado”, sostuvo la ministra Carolina Tohá.
Ante la arremetida de la oposición, que insistirá en el punto en el Senado, el vicepresidente de la Cámara Alta afirma que es partidario de que "los delitos cometidos contra civiles los juzgue la justicia civil" y que tiene dudas de que la enmienda tenga relación con la idea matriz del proyecto de ley. El gobierno, en tanto, acusó de "poco riguroso" a los parlamentarios que quieren revivir el tema durante el segundo trámite.
El subsecretario Galo Eidelstein señaló que no existe "taxativamente" la certeza de que los jóvenes "hayan querido quitarse la vida". Pero sí confirmó las autolesiones, las que atribuyó posiblemente a "un estado de angustia".
La titular de Interior se refirió a la indicación impulsada por la derecha que fue aprobada en la jornada de ayer en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana. "Como Ejecutivo hemos planteado un reparo de inconstitucionalidad porque está fuera de las ideas matrices del proyecto", dijo.
Los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que integran la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente y Flor Weisse, son los impulsores de la medida.
La parlamentaria oficialista argumentó que su comité no daría el acuerdo solicitado por el presidente de la instancia, "porque no queremos que no se pueda discutir con la seriedad y con el tiempo que requiere”.
La exjefa de gabinete del subsecretario Alfonso Vargas presentó una demanda luego de ser desvinculada tras el arribo de la nueva autoridad de gobierno, Galo Eidelstein (PC). La acción judicial, con la cual exige el pago de más de $100 millones, se da luego de que fuera desvinculada mientras contaba con fuero maternal.
Previo a la votación en particular de la norma, los parlamentarios anunciaron la modificación que indica que los delitos que se le imputen a los uniformados de las FF.AA. en el contexto de estado de excepción, resguardo de infraestructura crítica y de fronteras deben ser conocidos por dichos tribunales.
