El jefe comunal de Maipú aseguró que "el resguardo de infraestructura crítica, con reglamentos del uso de las fuerzas claros, con apego irrestricto de los derechos humanos, en un régimen democrático, es una herramienta que el Estado puede disponer, y eso no se contradice con creer que los militares no pueden reprimir protestas sociales”.
"Hoy día la principal amenaza de seguridad en Chile no es una guerra externa, es una guerra contra el crimen organizado", señaló la autoridad.
El viernes, los diputados aprobaron por unanimidad el proyecto de ley, pero declararon como inadmisible la polémica norma que pretende dar atribuciones a los tribunales militares. Pese a ello, senadores de Chile Vamos anunciaron que buscarán reponer esa enmienda. “Si hubo el criterio de hacer valer la Constitución en la Cámara, uno supone que ese mismo criterio va a estar en el Senado”, sostuvo la ministra Carolina Tohá.
Ante la arremetida de la oposición, que insistirá en el punto en el Senado, el vicepresidente de la Cámara Alta afirma que es partidario de que "los delitos cometidos contra civiles los juzgue la justicia civil" y que tiene dudas de que la enmienda tenga relación con la idea matriz del proyecto de ley. El gobierno, en tanto, acusó de "poco riguroso" a los parlamentarios que quieren revivir el tema durante el segundo trámite.
El subsecretario Galo Eidelstein señaló que no existe "taxativamente" la certeza de que los jóvenes "hayan querido quitarse la vida". Pero sí confirmó las autolesiones, las que atribuyó posiblemente a "un estado de angustia".
La titular de Interior se refirió a la indicación impulsada por la derecha que fue aprobada en la jornada de ayer en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana. "Como Ejecutivo hemos planteado un reparo de inconstitucionalidad porque está fuera de las ideas matrices del proyecto", dijo.
Los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que integran la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente y Flor Weisse, son los impulsores de la medida.
La parlamentaria oficialista argumentó que su comité no daría el acuerdo solicitado por el presidente de la instancia, "porque no queremos que no se pueda discutir con la seriedad y con el tiempo que requiere”.
La exjefa de gabinete del subsecretario Alfonso Vargas presentó una demanda luego de ser desvinculada tras el arribo de la nueva autoridad de gobierno, Galo Eidelstein (PC). La acción judicial, con la cual exige el pago de más de $100 millones, se da luego de que fuera desvinculada mientras contaba con fuero maternal.
Previo a la votación en particular de la norma, los parlamentarios anunciaron la modificación que indica que los delitos que se le imputen a los uniformados de las FF.AA. en el contexto de estado de excepción, resguardo de infraestructura crítica y de fronteras deben ser conocidos por dichos tribunales.
Más tarde también han sido atacados objetivos del grupo libanés en Mais al Yabal, Blida, Kafr Kila y Yebain.
"(Los militares) saben perfectamente bien que han terminado todos en Punta Peuco y ya saben que tienen una fiscal (Ximena) Chong, el fiscal (Xavier) Armendáriz, el juez (Daniel) Urrutia, que se van a preocupar únicamente de perseguirlos hasta el fin del mundo”, acusó la alcaldesa de Providencia.
Luis Astudillo (ind.-exPS) aseguró que el gobierno "se resistió mucho" para aplicar el estado de excepción en La Araucanía y que "lo mismo cuando se hablaba de poder tener presencia militar en la frontera".
No obstante, la vocera de gobierno sostuvo que el objetivo central del Ejecutivo es que tanto la iniciativa de reglas de uso de la fuerza como la de infraestructura crítica sean "mediante ley acordada en el Congreso Nacional”.
El alcalde de La Florida puntualizó que esta iniciativa “no es para reemplazar a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, sino para fortalecer un hecho o lugar en concreto”.
