"La situación de Democracia Viva está lejísimos de la situación en la región", afirmó.
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Un documento firmado por el exseremi Carlos Contreras (RD) en julio de 2022 sólo exigió un mínimo de seis meses de antigüedad y "experiencia en trabajo socioterritorial" a las nuevas fundaciones que quisieran firmar millonarios convenios con el Minvu de Antofagasta. Además, sugirió que la remuneración de los profesionales a contratar fuera de $ 1.200.000 mensuales.
El documento, que tiene foco en la modernización del Estado, también propone establecer un canal de denuncia de corrupción electrónico y un sistema de protección a víctimas, testigos y denunciantes de corrupción.
Según un reportaje, la entidad recibió $379 millones del Gore del Biobío mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para desarrollar un proyecto. Ante esto, desde Horizonte Ciudadano manifestaron "su disposición a proporcionar todos los antecedentes" y destacaron que el proyecto cuestionado fue aprobado por Contraloría.
Se indagan supuestas irregularidades por dineros que fueron asignados de parte del Gobierno Regional del Biobío a la fundación.
Luego de que el exvocero dijera que “hay que resistirse a la tentación de capitalizar la crisis del Frente Amplio”, en su partido se levantó un fuerte debate interno. Voces como la de la extimonel Jacqueline van Rysselberghe y dos senadores manifestaron sus críticas a la postura del exdiputado.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, llamó a avanzar en la descentralización del Estado dejando la desconfianza en este proceso y por medio de definir las reglas claras para las nuevas atribuciones.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, entregó detalles de la resolución de la Seremi de Vivienda de Antofagasta del lunes 10 de julio, que da término a los tres contratos que mantenían con la entidad.
La ministra del Interior señaló que "en política se pueden tener críticas, se pueden tener sentimientos complicados, pero no se puede ocupar eso como una excusa para transformar a una persona en un chivo expiatorio de todo".
Vocera señaló que están enfrentando los casos de presunta corrupción con "un estándar" que implica investigaciones de carácter administrativo, colaboración con la justicia, definición de responsabilidades políticas y "propuestas para mejorar”.
Se trata de una censura y la multa máxima aplicable, que corresponde al 15% de la dieta parlamentaria.
La solicitud del fiscal Cristián Aguilar fue visada la tarde del lunes 10 de julio por la jueza Claudia Campusano. Se autorizó incautar computadores, celulares y todo dispositivo que tenga información de los cuestionados convenios. Ayer, de acuerdo a la Fiscalía, funcionarios de la PDI procedieron a realizar las diligencias respectivas.
"Estamos como gobierno regional dispuestos a apoyar en todas las gestiones necesarias y entregar toda la información", afirmó Luciano Rivas.
Como dan cuenta desde la entidad, revisarán los convenios que también han recibido cuestionamientos en otras comunas y, especialmente, en las nueve regiones donde el Ministerio Público ya inició investigaciones penales: Antofagasta, Maule, Atacama, Los Lagos, Biobío, Araucanía, Aysén, O’Higgins y Arica.
Ante la arremetida de la derecha para apuntar los dardos al titular de Desarrollo Social, fue el propio ministro quien salió a descartar un eventual paso al costado para descomprimir la crisis en la que se ha visto envuelta La Moneda por el caso convenios, que impacta a su partido, Revolución Democrática. Así, en Palacio han cerrado filas con el fundador de esa tienda.
