Se registraron dependencias de Fundación Procultura, Tomarte, Urbanismo Social, y Fundación Arte y Cultura Movimiento FABRE. Según conoció La Tercera, se solicitaron antecedentes sobre los referidos convenios e información contenida en computadores.
Las fiscalías regionales han abierto investigaciones, por oficio o por querellas y/o denuncias, en Arica, Antofagasta, Atacama, O' Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. En todas ellas busca determinar si hubo irregularidades en traspasos de dinero desde el gobierno central o regional a diversas fundaciones.
El partido vinculado a la fundación Democracia Viva como querellante tiene acceso a la carpeta de investigación del Ministerio Público. Por ello es que la bancada solicitó que todas las diligencias del ente persecutor sean secretas para la tienda del Frente Amplio.
"Las evaluaciones de los equipos del Presidente, ministeriales, sus cercanos, son evaluaciones que le corresponden a él", recalcó la vocera del Ejecutivo.
Las vocerías confusas, la falta de una información homogénea en torno al caso Democracia Viva (y otros antecedentes que han surgido) tienen inquietos a los partidos de gobierno, sobre todo, en el Socialismo Democrático. Distintas voces señalan que no ha existido una estrategia del Ejecutivo respecto del manejo del escándalo, lo que -creen- ha contribuido a profundizar la crisis. Pese a eso, la estrategia de Palacio, por ahora, es "aguantar" y no hacer modificaciones en el gabinete.
La vocera del Ejecutivo indicó que los antecedentes se conocieron a nivel regional y la exsubsecretaria Tatiana Rojas no les notificó. "Ahí hay ciertos días de desfase, pero apenas llega esta información al nivel central, al ministro, al Presidente de la República, se toman las acciones correspondientes”, aseguró. La ministra recalcó que "es obvio que el Presidente no se entera el mismo día que entra un oficio".
“Las redes de fundaciones y de parientes y de amigos, llevándose platas del Estado, la verdad es que no es aceptable”, dijo la alcaldesa de Providencia.
No es primera vez que el titular de Vivienda señala que no dejará su cargo, todo en medio del lío de platas entre la fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta.
El secretario general del Partido Comunista abordó la crisis que afecta al gobierno debido a las supuestas irregularidades en las entregas de fondos estatales a organizaciones no gubernamentales, en lo que a su juicio representa "una cosa no transparente en plenitud".
Ministerio Público indaga casos en las regiones de Antofagasta, Atacama, Maule, Biobío, Los Lagos y Araucanía.
Según el ente persecutor, una denuncia señala que el gobernador Luciano Rivas hizo transferencia de $2.113 millones en cinco meses a la fundación para desarrollar un proyecto de reciclaje en la comuna de Padre Las Casas. En tanto, el gobernador afirmó que "no se entregaron todos lo recursos de una sola vez" y descartó la existencia de un delito o conflicto de interés.
La legisladora independiente fue la primera autoridad en tomar acciones públicas por el caso de Democracia Viva. El 7 de junio, pidió que se exigieran más antecedentes al entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex-RD y exjefe de gabinete de Catalina Pérez). Aquel oficio de fiscalización fue marcado por el Presidente como el hito que puso la alerta en La Moneda. Sin embargo, la parlamentaria dice que le cuesta creerle la versión al gobierno.
Las causas contra las fundaciones Urbanismo Social y Red Cultivarte son vistas por la Unidad de Alta Complejidad y están a cargo de la fiscal de anticorrupción María José Aguayo.
A partir del caso de Democracia Viva, las autoridades se han volcado a fiscalizar algunos casos, y el equipo que trabaja junto al ministro Montes está dirigido por la abogada Carmen Gloria Barrera, contralora interna de la repartición, y Vania Navarro, jefa de la División de Finanzas.
Pese a que el Mandatario evitó hacer una autocrítica explícita por sus declaraciones en que defendió -con la información que tenía hasta ese momento- a un seremi de El Maule que hoy es objeto de una investigación sumaria, ayer aclaró que “acá no se va a proteger a nadie indebidamente”. A su vez, lanzó una comisión para elevar estándares en contratos entre el Estado y las fundaciones.
