Entre estos grupos, algunas son definidas como organizaciones criminales, siendo las de mayor peligrosidad y número el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.
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En el operativo también se decomisaron 644 armas blancas. Desde junio de 2022 a la fecha se han ejecutado 27 operativos simultáneos, sumando un total de 785 intervenciones en unidades penales.
La estadística, entregada por el defensor penal público, Carlos Mora, revela que desde mayo del año pasado la Defensoría Penal Pública ha recibido un total de 325 casos de violencia institucional de parte de agentes del Estado a personas recluidas en diferentes cárceles del país. Del total de casos, 298 corresponde a hombres y 27 a mujeres.
Entidad señaló que medida se relaciona a una denuncia que vincularía al funcionario a hechos informados al Ministerio Público "relativos a autorizaciones de visitas a interno con quien poseería algún tipo de vinculación familiar".
Hoy se realizó la decimoquinta intervención en lo que va de año en recintos penales. El procedimiento abarcó una población penal de 4.188 personas en 16 regiones del país.
El hombre logró huir del centro de detención tras subirse a un vehículo, ante esto Carabineros comenzó una persecución que terminó con la detención del conductor del auto, sin embargo el sujeto con la orden de detención vigente logró escapar.
A diez años del inicio del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, la institución dio a conocer el número de personas que han estado privadas de libertad y que después fueron declaradas inocentes. Del total de mujeres, más de cien de ellas son extranjeras. Mientras de que las 76 personas que integran la iniciativa de la institución, sólo seis han sido compensadas por el Estado.
La estructura criminal era dirigida por un ciudadano colombiano, quien dictaba las funciones de los miembros de la organización para adquirir, ingresar y traficar droga al interior del recinto penal.
La orden se incluye dentro de un recurso de hecho que interpuso Gendarmería y que busca revisar la “autorización del ingreso a ciudadanos de nacionalidad venezolana a visitar a los internos (...) solo exhibiendo su cédula de identidad extranjera sin validar".
El 4 de octubre pasado todos los internos del 1° piso de la cárcel de máxima seguridad iniciaron una serie de disturbios por la imposibilidad de recibir visitas. Se autolesionaron, generaron destrozos y algunos iniciaron una huelga de hambre. Por lo mismo, la alcaide del recinto dispuso una serie de sanciones disciplinarias. Sin embargo, tras una petición de los encausados por el homicidio del carabinero, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago les permitió que ingresen a la cárcel a visitarlos parientes con situación migratoria irregular.
La diligencia terminó, además, con la incautación de numerosa información de interés investigativo sobre la banda, como contactos telefónicos, dinero en efectivo y droga en pequeñas cantidades.
Mientras el Ministerio Público indaga las circunstancias del ataque que afectó a dos funcionarios y a un menor de edad en Puente Alto, las asociaciones de trabajadores siguen atentas las medidas que tomarán las autoridades, puesto que llevan años siendo blanco de amedrentamientos. Este año, de acuerdo con cifras reportadas por la institución, ya se acumulan más de 320 casos, 45 de ellos en la Región Metropolitana.
A las 1.30 de la madrugada, dos uniformados fueron abordados por delincuentes, identificados como "El Pinky" y "Carlitos", quienes estarían vinculados una organización que funcionaría desde la cárcel. Sin embargo, la Fiscalía Sur también indaga un posible ajuste de cuentas. El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI.
Según ha trascendido, Chile o Perú podrían ser destinos de interés para Héctor Guerrero Flores, conocido como el “Niño Guerrero”, puesto que la banda ha extendido sus operaciones criminales hacia ambos países. Por lo mismo, como ya han confirmado las autoridades locales, las alertas están encendidas.
Junto con los funcionarios que han sido violentados por internos, hasta junio pasado otros 14 trabajadores han sido golpeados en la vía pública según Gendarmería. No sólo eso: 328 gendarmes han recibido amenazas en los recintos penales.
