Carabineros se encuentra realizando un amplio operativo de búsqueda. Ambos internos ya fueron identificados.
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El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, en tanto afirmó que "las condiciones de las mujeres privadas de libertad es una materia de preocupación" y reconoció "brechas" respecto a la población penal masculina.
"Nuestras y nuestros gendarmes no pueden continuar asumiendo la responsabilidad de la crisis que genera el crimen organizado con una polera y un bastón”, apuntan en un comunicado.
Tribunal de alzada puntualizó que es “un hecho público y notorio, que las personas condenadas por los delitos a que se refiere el recurso, son de la tercera edad, y que por ende requieren desde el punto de vista de su salud física y sicológica, una atención expedita y que la autoridad penitenciaria cuente con los recursos idóneos para satisfacer sus necesidades patológicas".
La Dirección Regional de Gendarmería de La Araucanía instruyó la apertura de una investigación sumaria para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades de los mismos.
El imputado fue formalizado también por infracción a la Ley de Armas. El tribunal determinó 120 días de plazo para la investigación.
La institución desplegó más de 8 mil funcionarios al interior de 77 recintos penitenciarios en las 16 regiones del país. Se incautaron 928 teléfonos celulares, 744 litros de licor artesanal, 1 kilo y 300 gramos de sustancias ilícitas y 2.943 armas blancas.
Jaime Gajardo informó que desde la cartera están solicitando información y la autorización de parte de las víctimas para querellarse.
La Fiscalía de Alta Complejidad Occidente investiga al instructor del organismo penitenciario por hechos que habrían ocurrido al interior de la Escuela de Formación Penitenciaria, en la comuna de San Bernardo.
El sujeto, además, registraba una orden de detención por el delito de robo con violencia ocurrido en agosto de este año.
La noche de este martes, personal de Carabineros y de la institución penitenciaria realizan diligencias en la Escuela de Formación Penitenciaria, en la comuna de San Bernardo. El funcionario denunciado fue separado de sus labores y se abrió un sumario administrativo.
En respuesta al oficio remitido desde Vivienda, el municipio comandado por la alcaldesa comunista argumenta que el proyecto no consideró una consulta ciudadana, que la ley invocada por el gobierno sería inconstitucional y que no considera el impacto social y económico en el llamado "barrio penitenciario".
Víctor Provoste renunció formalmente a la institución durante la jornada de ayer martes, aunque aún hay una serie de dudas en torno a la determinación. Formalmente se indicó que habría errores procedimentales que no respetó, aunque desde el entorno de ya exfuncionario aseguran que sería una suerte de "venganza" del director nacional.
Tras confirmarse su renuncia al cargo en medio de una denuncia por irregularidades en el traslado de dos internos de Santiago 1, Víctor Provoste envió una carta al director Sebastián Urra asegurando que éste carece del liderazgo necesario para llevar adelante a la institución.
Según dio a conocer la institución, los antecedentes del caso ya fueron remitidos al Ministerio Público.
