La medida fue adoptada en el marco del sumario interno que lleva Gendarmería, donde se indagan además denuncias del personal del referido complejo penitenciario, que acusan que la coronel Ana María Garrido habría facilitado el acceso del hijo del condenado, el senador Javier Macaya, a las instalaciones del penal.
La justicia dio un plazo de 24 horas a la entidad penitenciaria para informar sobre dos gestiones respecto al sentenciado.
Un asado que terminó en una huelga de hambre y cárceles que están divididas entre asociaciones son parte del paisaje de Gendarmería actualmente. El anuncio del gobierno de crear una nueva "fuerza de élite" de custodios que no deberán pertenecer a ninguna asociación puso en alerta a los gremios. Funcionarios, dirigentes y Justicia tienen un diagnóstico: la convivencia de ocho gremios afecta la correcta administración y control de las cárceles del país.
El abogado y exautoridad del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet afirma que este tipo de recintos deben estar “en un lugar lo suficientemente grande para que los sectores de reclusión tengan total distancia respecto de cualquier emplazamiento humano”.
Pese a los cuestionamientos de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y de los vecinos, el gobierno no ha dado espacio para que se revalúe la ubicación del penal de máxima seguridad. Siguen con las gestiones para que durante 2025 se inicien las obras que permitirán habilitar 500 plazas para internos y condenados de complejos perfiles criminológicos.
Ministerio Público abrió una indagatoria de oficio, ante los privilegios que habría tenido el empresario vinícola al interior del penal durante los tres días que estuvo en el recinto luego de ser condenado.
Investigación conjunta entre la PDI y Gendarmería permitió desbaratar dos organizaciones delictuales y detener a 14 personas, tras allanamientos en 10 domicilios y 21 celdas al interior del penal.
El empresario de 72 años, padre del senador UDI Javier Macaya, fue sentenciado a seis años de presidio efectivo por dos delitos de abuso sexual contra menores de 14 años. El Tribunal ponderó los nuevos antecedentes para revertir el arresto domiciliario total.
Se trata de un plan piloto en el Gobierno Regional Metropolitano en el que invertirá $200 millones para la compra de 20 de estos elementos para su uso en la Cárcel de Alta Seguridad.
El organismo encabezado por Claudio Orrego invertirá más de $ 200 millones en un plan piloto que consiste en la compra de 20 de estos elementos no letales. Antes de que entren en operación, eso sí, se realizará un protocolo de capacitación para los funcionarios y definirán modalidades de uso de estos objetos.
Confiados en que construir a un lado de Santiago 1 es la mejor alternativa, el gobierno ya activó una serie de diligencias para materializar el anhelo de contar con una cárcel especial para albergar a sujetos ligados al crimen organizado. Se han concretado gestiones con Vivienda, Bienes Nacionales, el MOP, el Ejército y están en agenda citas con la Dirección de Presupuesto.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que la nueva cárcel que albergará a peligrosos líderes criminales estará en Santiago centro. Esto es lo que debiese tener la infraestructura y cómo puede afectar a los vecinos y propiedades aledañas.
Desde 1927 el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC) ocupa el mismo inmueble donde el gobierno ahora busca construir la nueva cárcel de máxima seguridad para líderes del crimen organizado. Pero antes de eso, el organismo encargado de realizar las pruebas de municiones y explosivos en el país debe buscar un nuevo recinto donde instalar su serie de laboratorios y bancos de pruebas, abriendo un dilema para la institución castrense.
Tras antecedentes que daban cuenta de que el hombre, de 72 años -condenado por dos hechos de abuso sexual contra menores de edad-, habría contado con ciertos privilegios, Gendarmería instruyó un sumario administrativo y activó rápidamente una serie de diligencias. De acuerdo con funcionarios del penal, directivos del recinto habrían facilitado el ingreso de sus familiares.
"Lo anterior, a objeto de establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos", dice una declaración pública de la institución.
