También deberá firmar cada 15 días en la unidad policial más cercana a su domicilio tras lanzar panfletos con intimidaciones contra el secretario de Estado; el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra y de la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad, Fabiola Valladares.
El líder de la CAM inició la medida de presión los primeros días de junio, para buscar la anulación de su condena de 23 años de cárcel.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, aclaró que la situación está controlado y que tras el incidente Gendarmería ha aumentado las medidas de seguridad, como limitar el movimiento de los reclusos.
La Brigada de Homicidios de la ciudad del norte se encuentra investigando la identidad del responsable del ataque.
La medida, como explica el subsecretario de Justicia, es "excepcional" y responde a que un grupo de internos no ha depuesto un accionar refractario. “El objetivo que ellos tienen es inhabilitar esta cárcel para ser trasladados a cárceles con menores medidas de seguridad y eso no lo vamos a permitir”, dijo.
Otros seis exgendarmes quedaron con arresto domiciliario total. Fiscalía Occidente apelará de esa resolución buscando que también queden en prisión preventiva.
El grupo de gendarmes fue detenido tras un operativo interregional por tráfico de armas, liderado por la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Entre otras cosas, los funcionarios advirtieron que los vidrios están rotos, las manillas de las duchas están inutilizables, que reclusos dañaron las estructuras de lavamanos para construir elementos contundentes, y que celdas se mantienen inundadas. Por lo mismo, pidieron la comparecencia del diputado Cristián Araya, quien ofició al Ministerio de Justicia.
Según indicó el subsecretario Manuel Monsalve, 12 funcionarios resultaron lesionados y uno de ellos fue derivado al Hospital de Carabineros.
El centro penitenciario posee una capacidad para 16 personas y cada celda cuenta con un camarote.
Análisis de los protocolos, creación de unidades anticorrupción y hasta mapeos de las investigaciones más complejas. Estas son solo algunas de las medidas que la Fiscalía, Defensoría Penal Pública, Gendarmería, Carabineros y la PDI han tomado para evitar la vinculación de funcionarios con el crimen organizado.
Bajo ese escenario, el director de la institución, Sebastián Urra, señaló que junto con el Ministerio de Justicia “se definió un Plan de Infraestructura Carcelaria que implica diversas acciones para ir generando nuevas plazas”.
¿Funcionan solo parte del día? ¿Afectan a los vecinos? ¿Ya operan en todos los penales? Esas son parte de las dudas que han rondado en torno a la tecnología que interrumpió las señales de dispositivos móviles en Santiago 1, la ex-Penitenciaría y en la Cárcel de Alta Seguridad.
"Los parlamentarios tienen todo el derecho de ir a la Contraloría a plantear sus dudas. Pero uno esperaría, de vez en cuando, que se busque respaldar y buscar colaborar con sacar adelante acciones tan relevantes", sostuvo la titular de Interior.
Ignacia Albornoz Inzunza falleció el domingo en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. La fiscalía explicó que la decisión de traspasar la carpeta investigativa se fundamenta “en que los antecedentes preliminares dan cuenta que los hechos que podrían haber incidido en el posterior deceso de la joven aspirante, ocurrieron en la sede de la escuela ubicada en la comuna de San Bernardo".
