Si bien el uso de esta arma no letal sigue en evaluación y obligaría la creación de nuevos protocolos en el caso de ser aprobada, su implementación ya fue descartada en el pasado. Parte de los críticos que aparecieron en ese entonces fueron organismos vinculados a la protección de derechos, desde donde encendieron varias alertas.
Alveal planteó que aquellos funcionarios involucrados con organizaciones criminales "no sólo sean desvinculados, sino que condenados”.
De acuerdo con datos reportados desde el Ministerio de Justicia, la nueva tecnología, además, ha permitido que dejen de operar 1.000 módem wifi que se encontraban al interior de Santiago 1, la exPenitenciaria y la Cárcel de Alta Seguridad.
A casi un mes de que comenzaran los destrozos en el recinto especial ubicado en Avenida Pedro Montt, autoridades ya han dispuesto una serie de medidas administrativas. Hubo cambio de alcaide y de jefe de régimen interno, aunque funcionarios del penal aún demandan mejores condiciones. En paralelo, Gendarmería comenzó la semana las reparaciones y, desde el Congreso, tanto diputados como senadores activan acciones.
La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que los reclusos septuagenarios y octogenarios del pabellón Asistir deben contar con un vehículo exclusivo para ellos destinado para el traslado hacia a sus citas médicas, contar con a lo menos dos profesionales de la salud y cambiar el protocolo de derivación hacia centros médicos en caso de urgencia.
Los hechos ocurrieron en el Centro de Detención Preventiva de Arauco el pasado jueves. Posterior al hecho se realizó un operativo de allanamiento y Gendarmería decidió el traslado de siete internos al Complejo Penitenciario Biobío.
La primera línea de funcionarios penitenciarios que trata con la banda venezolana ha tenido tres semanas de infierno: un enfrentamiento en un patio derivó en la destrucción de varias celdas y la inundación de uno de sus niveles. Los gendarmes explican que no es lo único con lo que tienen que lidiar: amenazas, gritos e intentos de soborno son parte de su rutina.
El 6 de junio se produjeron graves incidentes al interior del recinto penal que alberga a los reos más peligrosos que habitan el país. De esa fecha en adelante, los hechos violentos, que incluyen destrozos al mobiliario y amenazas de muerte a gendarmes, se han venido repitiendo día tras día. ¿Quiénes son los imputados que provocan los desórdenes?
La acción judicial de la institución, dirigida en contra un grupo de reclusos del recinto, sostiene que estos han participado en al menos 15 eventos violentos al interior de la cárcel. Con dichas medidas, como se indica, buscarían desestabilizar el control de Gendarmería sobre el recinto penal, razón por la cual se invoca la Ley de Seguridad de Interior del Estado.
También deberá firmar cada 15 días en la unidad policial más cercana a su domicilio tras lanzar panfletos con intimidaciones contra el secretario de Estado; el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra y de la alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad, Fabiola Valladares.
El líder de la CAM inició la medida de presión los primeros días de junio, para buscar la anulación de su condena de 23 años de cárcel.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, aclaró que la situación está controlado y que tras el incidente Gendarmería ha aumentado las medidas de seguridad, como limitar el movimiento de los reclusos.
La Brigada de Homicidios de la ciudad del norte se encuentra investigando la identidad del responsable del ataque.
La medida, como explica el subsecretario de Justicia, es "excepcional" y responde a que un grupo de internos no ha depuesto un accionar refractario. “El objetivo que ellos tienen es inhabilitar esta cárcel para ser trasladados a cárceles con menores medidas de seguridad y eso no lo vamos a permitir”, dijo.
Otros seis exgendarmes quedaron con arresto domiciliario total. Fiscalía Occidente apelará de esa resolución buscando que también queden en prisión preventiva.
