Según destacó el subsecretario, hay 79.846 personas con garantías retrasadas, y la mediana de espera es de 77 días.
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Ese es el cálculo que hace un informe del Instituto de Salud Pública UNAB, en base a lo que propone el gobierno en la ley corta, donde si bien el Ejecutivo no hizo una estimación del costo fiscal de dicha propuesta, este estudio lo proyecta en casi $333 mil millones para los primeros seis meses en caso de que caigan las isapres. Además, los autores plantean que esta ley corta no busca el equilibrio financiero de las aseguradoras al aplicar el fallo de la Suprema, sino más bien hacerse cargo de las consecuencias que se generarán tras la caída de las isapres por el modo en que se está aplicando la sentencia.
El regulador ya está definiendo si corresponde o no que las isapres hagan devoluciones en los 153 mil reclamos que han llegado a la autoridad. Además, la Superintendencia dictó instrucciones a las aseguradoras indicando cómo deben contabilizar en sus balances las eventuales devoluciones que deberán hacer.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, señaló que como gobierno les interesa que "se cumpla la sentencia y dar estabilidad al sistema privado”.
Producto de la baja de ingresos de 12% promedio que se generará en la industria desde enero, el superintendente Víctor Torres planteó que en febrero una primera isapre incumpliría indicadores legales en caso de que no se tome ninguna medida para mitigar ese efecto.
En el marco de la discusión del reajuste del sector público, el Ejecutivo propuso adelantar el ICSA para que el alza de precios base 2024 se ejecute en abril y no en junio. Además, en este proceso, de manera excepcional, proponen que el cálculo de dicho indicador se haga de manera distinta. Las isapres no quedaron conformes.
Según criticó el exministro, aquí "fallaron todos los sistemas", y la ministra de Salud, Ximena Aguilera “no asume la gravedad de la situación”.
Estudio generado por asociaciones de pacientes y canalizada por la Fundación Vi-Da, será presentado en un panel ciudadano a realizarse el lunes en la Universidad del Desarrollo.
Según dio a conocer la titular de la cartera de Salud, "es necesario despejar la situación actual del financiamiento del sistema de aseguramiento privado, para poder avanzar en las reformas que nuestro sistema de salud necesita".
La Superintendencia de Salud modeló cuatro escenarios de alza de precio base que tendrían que hacer las isapres para tener un equilibrio financiero operacional sin considerar la mutualización. Dependiendo del escenario, el incremento promedio del precio base que tendrían que hacer las isapres abiertas sería de 26,8%, 33,9%, 40,9%, o 51,8%. Eso sí, esto podría cambiar al incorporar otras consideraciones de las indicaciones que ingresó el gobierno en la ley corta.
Desde la APIS sostienen que se está produciendo una "tormenta perfecta" y que la cadena de suministro de insumos médicos "se podría cortar por el colapso de los proveedores".
Según advirtió el exsuperintendente, hay 630 mil enfermos que hoy están cursando una patología que se van a que a quedar automáticamente sin cobertura.
El superintendente de Salud despejó una de las dudas que había y que inquietaba a las isapres: las eventuales devoluciones serán solo por tres meses y caso a caso, no para la totalidad de la cartera, por lo que no sería necesario que las aseguradoras hagan provisiones por no haber rebajado dicha prima apenas se dictó la sentencia.
El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello (ISPAB), realizó una encuesta a pacientes diabéticos que se atienden en salud pública y sorprendió la cantidad de personas son diagnóstico tardío, que aumenta aún más entre los 18 y 29 años.
Producto de la aplicación del fallo GES de la Suprema, el primer mes del próximo año ya las isapres verán una baja de ingresos de 13% mensual, lo que podría generar que estos no alcancen para cubrir los gastos de sus afiliados, de ahí en adelante. Por eso, el gremio que las agrupa sostuvo este viernes que “de no mediar acciones concretas desde la autoridad, pone en cuenta regresiva al sistema de salud privado y en la antesala de una crisis sanitaria”.
