La compañía comunicó a sus trabajadores que esta medida se extenderá hasta el 28 de agosto, y ocurre porque tienen que reajustar la oferta de planes según lo que ordenó el máximo tribunal. “Es imperioso que la ley corta que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso se haga cargo de las implicancias de este fallo", dijo la isapre a sus trabajadores.
Según destacó el secretario de Estado, desde el punto de vista jurídico algunos de los temas que están resueltos en este fallo “eran predecibles”.
En el marco de la tramitación de la ley corta de isapres que ingresó el gobierno al Congreso por el fallo de la Suprema de la tabla de factores, la Comisión de Salud del Senado creó un comité técnico para apoyar a los parlamentarios, el que extenderá su funcionamiento para que ahora pueda analizar el nuevo pronunciamiento del máximo tribunal.
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta indicó que es necesaria una conversación con el Ejecutivo y las isapres para que haya viabilidad financiera en el sistema y sus usuarios puedan seguir recibiendo atención médica.
Esto, luego de que el máximo tribunal definió que las isapres deberán volver a cobrar el valor GES que habían fijado en el periodo anterior (2019 – 2022), dejando sin efecto el alza que habían hecho en octubre de 2022.
El máximo tribunal definió que las isapres deberán volver a cobrar lo que habían fijado en el trienio anterior (2019 a 2022), dejando sin efecto el alza que habían comenzado a aplicar en octubre de 2022. Con ello, el cobro por beneficiario, para toda la industria, bajaría de los actuales 12,5 UF a 8,1 UF en promedio. La Suprema definió que aquellas isapres que tenían un cobro inferior a 7,2 UF anuales en el precio GES del trienio 2019– 2022, ahora podrán ajustar el valor hasta ese monto, lo que aplica para dos empresas.
Ambas isapres informaron a sus respectivas fuerzas de ventas que “hemos tomado la decisión de suspender a partir de hoy la comercialización de todos nuestros planes de salud a la espera del fallo para eventuales ajustes de nuestros precios y productos”.
Según cálculos realizados por el movimiento Salud Libre que encabeza Victoria Beaumont, la potencial devolución sería de unos US$582 millones, según los montos cobrados en exceso hasta el cierre del mes pasado. En tanto, los menores ingresos mensuales por GES serían de $49.440 millones, una reducción de 13,3% respecto a los actuales ingresos de las isapres. Bajo este escenario, "las isapres quiebran antes de hacer cualquier devolución”, comenta Beaumont.
Si bien el documento oficial no se ha hecho público, fuentes al tanto de lo fallado por la Tercera Sala señalan que lo resuelto implica fijar un tope máximo del ajuste que pueden hacer las isapres del precio GES, el cual quedó establecido por la misma Suprema en 7,2 UF anuales. Actualmente todas las isapres tienen un precio mayor. En promedio la industria cobra 12,6 UF anuales.
El informe detalla que, el costo promedio por persona por GES es de 5,112 UF para ambos sistemas, es decir, incluyendo a Fonasa e isapres. Sin embargo, la prima universal que fija el Ministerio de Hacienda, está en 4 UF anual para 2023 y hasta 2025, “generando una distorsión que podría explicar las listas de espera del sector público”, puntualiza.
El máximo tribunal solicitó a la Superintendencia de Salud un informe donde entregara información, entre otras cosas, respecto de los ingresos percibidos por las isapres por prima GES desde 2019 a 2022, y los gastos en que han incurrido por el mismo concepto en ese lapso. El regulador ya envió el informe, donde da cuenta de que en dicho lapso hubo más ingresos que gastos, con una tasa de siniestralidad de 29,4%.
Hay tres temas por los cuales se han presentado recursos de protección de manera masiva contra las isapres. Dos de esos asuntos ya fueron fallados por la Tercera Sala de la Corte Suprema, con resultados que no cayeron nada bien en la industria. Pero falta uno: el ajuste del precio por las Garantías Explícitas en Salud (GES). Este jueves las isapres presentarán sus alegatos ante el máximo tribunal por esta materia. Dados los últimos dos fallos, el resultado es incierto.
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De acuerdo a las legisladoras, la acción se funda en el aumento en el tiempo para acceder a los tratamientos asegurados por garantía explícita de salud (GES) y que afectaría potencialmente a las mujeres usuarias del sistema de salud.
