La nueva arremetida constitucional de la derecha contra el ministro de Desarrollo Social volvió a dividir a las dos almas del gobierno. En el Socialismo Democrático algunos son más duros respecto del rol del también amigo del Presidente Boric, mientras que en Apruebo Dignidad los dirigentes se inclinaron por blindar al secretario de Estado.
En teoría, la derecha tendría un piso de 67 legisladores para acusar al titular de Desarrollo Social, descontando a María Luisa Cordero, hoy desaforada, y a Joaquín Lavín León, quien no ha apoyado ningún libelo contra ministros de Boric y hoy estaría en reflexión. No es el único voto en suspenso. En la misma condición están el independiente Enrique Lee; el DC Eric Aedo; el Amarillo Andrés Jouannet; los PDG Karen Medina y Rubén Oyarzo; y el grupo de legisladores Demócratas, liderado por Miguel Ángel Calisto (Ind.) y Joanna Pérez.
En sus dos períodos como diputado, el actual Presidente debió hacer frente a 15 acusaciones constitucionales, durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. De ellas, respaldó 11. En 2018 justificó una de ellas por falta de liderazgo de un secretario de Estado.
El parlamentario sostiene que la permanencia del titular de Desarrollo Social en el Ejecutivo es insostenible. "La imagen de Jackson está nublando toda posibilidad de desarrollar el plan de gobierno del Presidente Boric", asegura.
El Mandatario llamó a la derecha a sincerar si la nueva acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social no es más que otra ofensiva para "trabar" eventuales acuerdos, por ejemplo, en materia de pensiones. En Chile Vamos y en republicanos no cayeron bien sus dichos.
El senador y presidente de RD reconoció que hay "sinvergüenzas" que deben ser sancionados por el caso de líos de platas, "pero no por eso vamos a estar injuriando a un ministro como si fuera el responsable de todos estos casos”, señaló.
El jefe de Estado cuestionó que si bien las acusaciones constitucionales son atribuciones legítimas de los parlamentarios, estas "tienen que tener sustento jurídico y no ir inventándose sobre la marcha".
"Es muy relevante que se indague a todos quienes habrían participado o tengan vinculación con esos hechos”, señaló el diputado Cristián Araya.
El libelo que anunció ayer la bancada del Partido Republicano en contra del ministro de Desarrollo Social se da en un terreno distinto a la ofensiva que logró zafar en enero pasado. Pese a que la arremetida opositora, por ahora, no cuenta con los votos para ser aprobada, la amenaza de descuelgues oficialistas -donde crece la incomodidad con el secretario de Estado- son mirados con inquietud por La Moneda.
Agustín Romero dijo que la bancada presentará el lunes el líbelo contra el jefe de la cartera de Desarrollo Social, pero manifestó que “no me gustaría adelantar algunos aspectos prácticos, porque esto también va a ir cambiando”. En tanto, los partidos de Chile Vamos ya anunciaron que respaldarán la acusación.
"No hay espacio para nada más que exigir responsabilidades ante hechos que lesionan tan gravemente la fe pública”, indicó el partido de Chile Vamos.
Integrantes del bloque oficialista sostuvieron que el libelo contra Jackson daña la institucionalidad y aseguran que será rechazado, al igual que el primer intento en contra el secretario de Estado.
Será el segundo libelo presentado contra el ministro de Desarrollo Social, esta vez en medio de la investigación por el traspaso de dineros desde entidades públicas a fundaciones. Desde la oposición creen que en esta oportunidad podrían tener mayor apoyo por la compleja situación política en la que se encuentra el exdiputado RD.
La ministra aseguró que la acción busca frenar la agenda del gobierno y que se usa al ministro Jackson como "chivo expiatorio".
El ministro de Desarrollo Social custionó esta tarde al libelo presentado en su contra por su presunta responsabilidad en una serie de irregularidades en convenios de reparticiones estatales con fundaciones. "Espero ver qué argumento se presentan", indicó.
