"Hice una aclaración. Querían que no opinara más del caso Convenios, que nunca más emitiera crítica política respecto a Giorgio. Eso es imposible, tanto para él como para mí", explicó el senador sobre el resultado del avenimiento definido el pasado miércoles en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El senador -uno de los más ácidos críticos del FA- dio por terminada su disputa judicial con el exministro Jackson tras llegar a un acuerdo. Sin embargo, ese cierre no pone en pausa los cuestionamientos a sus socios oficialistas y -aun más- promueve que en la futura contienda presidencial el Socialismo Democrático los enfrente en primera vuelta.
Durante esta jornada se desarrolló una audiencia ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se logró un avenimiento entre las partes. El integrante de la Cámara Alta deberá cumplir una serie de exigencias, entre ellas aclarar que pese a las diferencia que tiene con el otrora diputado RD no tuvo la intención de imputarle los robos de computadores que ocurrieron en el Ministerio de Desarrollo Social que dirigió. Asimismo, junto con tener que realizar un comunicado público, deberá eliminar los "tuits" que generaron la controversia.
El senador Fidel Espinoza (PS) compareció esta tarde ante el tribunal de alzada de Valparaíso, tras lo cual destacó la "imposibilidad" de cumplir un requerimiento de los abogados de Jackson, quienes -aseguró- le exigen no seguir emitiendo declaraciones sobre la figura del exministro, así como de los líos de plata entre el gobierno y fundaciones.
De acuerdo con las estimaciones del exministro, si la reforma se hubiese aprobado en seis meses, los jubilados habrían recibido más de un millón de pesos.
La Corte de Apelaciones de Santiago determinó que es un tribunal el que debe determinar si el empresario, quien realizó una serie de publicaciones en contra del exministro de Desarrollo Social, cometió un delito o no al realizar esas publicaciones a través de X.
La auditora general de Gobierno, Daniella Caldana, ha sido señalada en medio del caso líos de platas como quien flexibilizó controles respecto a transferencias de recursos; sin embargo, en su declaración ante el Ministerio Público descartó maniobras irregulares. Según expuso, las anomalías derivadas del caso no pasaron por las modificaciones que introdujo, sino porque terceros se pusieron de acuerdo para ello.
Multa, equivale a 338 mil pesos. El diputado gremialista Sergio Bobadilla anunció que apelarán a la decisión de la instancia parlamentaria.
Luego de que la UAF reportara transferencias por parte de Catalina Pérez al partido, la colectividad informó a la Fiscalía que los traspasos correspondían a las cuotas que "cada autoridad representativa" debía pagar al partido. Fueron $14 millones entre 2021 y 2023, y en los registros que adjuntaron al Ministerio Público también figuran aportes hechos por Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a la colectividad. Los documentos también dan cuenta de carencias económicas que les hizo solicitar cuotas por adelantado a parlamentarios de la tienda con sede en Esmeralda 761.
Por su parte, en su interrogatorio ante el Ministerio Público, la directora de presupuestos, Javiera Martínez (RD), explicó el control y funcionamiento de asignaciones de fondos para las fundaciones. Aseguró que con el imputado Daniel Andrade, representante de la ONG investigada y quien fue su pareja, no tenía contacto hacía más de tres años y que solo se enteró del escándalo por la prensa. Tanto Jackson como Crispi desconocieron vínculos con los involucrados en el caso, más allá de la militancia.
En el gobierno respaldaron la decisión del exministro y aseguran que no debería afectar la relación con la oposición, más allá de que se utilice como excusa. Mientras que en el gremialismo advierten que la jugada judicial del fundador de RD sí o sí tendrá consecuencias en el Congreso.
"Estamos hablando de una persona que no forma parte del gobierno", dijo el titular de la Segpres al ser consultado por la acción judicial del exministro.
A través de su cuenta en X el exsecretario de Estado dijo que estaba dispuesto a desistirse del camino legal en caso de recibir “genuinas disculpas públicas” de los parlamentarios de la UDI que lo vincularon con el robo de computadores en Mideso.
Algunos parlamentarios de la tienda gremialista cuestionaron las intenciones de la acción judicial y aseguraron que si los tribunales establecen la inocencia del exministro en lo que respecta a los líos de platas y el robo de computadores, ellos podrían ofrecer disculpas públicas por sus dichos.
El exministro de Desarrollo Social afirmó que se encuentra “disponible" para desistir de la acción judicial "respecto de quienes ofrezcan genuinas disculpas públicas”.
