El senador Fidel Espinoza (PS) compareció esta tarde ante el tribunal de alzada de Valparaíso, tras lo cual destacó la "imposibilidad" de cumplir un requerimiento de los abogados de Jackson, quienes -aseguró- le exigen no seguir emitiendo declaraciones sobre la figura del exministro, así como de los líos de plata entre el gobierno y fundaciones.
De acuerdo con las estimaciones del exministro, si la reforma se hubiese aprobado en seis meses, los jubilados habrían recibido más de un millón de pesos.
La Corte de Apelaciones de Santiago determinó que es un tribunal el que debe determinar si el empresario, quien realizó una serie de publicaciones en contra del exministro de Desarrollo Social, cometió un delito o no al realizar esas publicaciones a través de X.
La auditora general de Gobierno, Daniella Caldana, ha sido señalada en medio del caso líos de platas como quien flexibilizó controles respecto a transferencias de recursos; sin embargo, en su declaración ante el Ministerio Público descartó maniobras irregulares. Según expuso, las anomalías derivadas del caso no pasaron por las modificaciones que introdujo, sino porque terceros se pusieron de acuerdo para ello.
Multa, equivale a 338 mil pesos. El diputado gremialista Sergio Bobadilla anunció que apelarán a la decisión de la instancia parlamentaria.
Luego de que la UAF reportara transferencias por parte de Catalina Pérez al partido, la colectividad informó a la Fiscalía que los traspasos correspondían a las cuotas que "cada autoridad representativa" debía pagar al partido. Fueron $14 millones entre 2021 y 2023, y en los registros que adjuntaron al Ministerio Público también figuran aportes hechos por Giorgio Jackson y el jefe del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi, a la colectividad. Los documentos también dan cuenta de carencias económicas que les hizo solicitar cuotas por adelantado a parlamentarios de la tienda con sede en Esmeralda 761.
Por su parte, en su interrogatorio ante el Ministerio Público, la directora de presupuestos, Javiera Martínez (RD), explicó el control y funcionamiento de asignaciones de fondos para las fundaciones. Aseguró que con el imputado Daniel Andrade, representante de la ONG investigada y quien fue su pareja, no tenía contacto hacía más de tres años y que solo se enteró del escándalo por la prensa. Tanto Jackson como Crispi desconocieron vínculos con los involucrados en el caso, más allá de la militancia.
En el gobierno respaldaron la decisión del exministro y aseguran que no debería afectar la relación con la oposición, más allá de que se utilice como excusa. Mientras que en el gremialismo advierten que la jugada judicial del fundador de RD sí o sí tendrá consecuencias en el Congreso.
"Estamos hablando de una persona que no forma parte del gobierno", dijo el titular de la Segpres al ser consultado por la acción judicial del exministro.
A través de su cuenta en X el exsecretario de Estado dijo que estaba dispuesto a desistirse del camino legal en caso de recibir “genuinas disculpas públicas” de los parlamentarios de la UDI que lo vincularon con el robo de computadores en Mideso.
Algunos parlamentarios de la tienda gremialista cuestionaron las intenciones de la acción judicial y aseguraron que si los tribunales establecen la inocencia del exministro en lo que respecta a los líos de platas y el robo de computadores, ellos podrían ofrecer disculpas públicas por sus dichos.
El exministro de Desarrollo Social afirmó que se encuentra “disponible" para desistir de la acción judicial "respecto de quienes ofrezcan genuinas disculpas públicas”.
El exministro de Desarrollo Social pide que un grupo de 23 parlamentarios de la tienda avecindada en Suecia lo compense por los daños ocasionados a su honra, al instalar sospechas en su persona respecto al robo de 23 computadores en la repartición que dirigía y vincular el hecho delictual con el 'caso líos de platas con fundaciones'. En el libelo se exige a los diputados que se "les ordene pedir disculpas públicas", se paguen las costas del juicio y se le compense por los daños a su honra.
El exministro de Desarrollo Social recurrió a la Corte para responder a la contestación del senador PS, argumentando que, incluso luego de las acciones judiciales, el parlamentario ha seguido realizando acusaciones injuriosas.
El 4° Juzgado de Garantía rechazó el requerimiento de la defensa del querellado y se espera que sea a través de un juicio oral donde deba zanjarse la acción judicial en su contra.
