El director del INDH se refirió también a la suma urgencia que puso el gobierno al proyecto de indulto, indicando que como instituto están abogando “por un refuerzo democrático, en verdad y en justicia”. "Hay que reparar también a quienes fueron víctimas de destrozos, saqueos (...) yo veo que se están sentando las bases para un acuerdo democrático que pasa por la verdad, no por el olvido, por la verdad y ciertamente por la justicia y reparación”.
Una de las asociaciones de funcionarios del organismo asumió la tarea de ser puente entre los secundarios y el Ejecutivo. Las gestiones cayeron en manos de la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter. La vocera de la Aces, Antonia Rolland, confirma que están a la espera de que La Moneda se pronuncie y solo en caso de que entreguen garantía de trabajar las demandas de su petitorio, someterán a votación de la asamblea la posibilidad de deponer la ocupación del inmueble. Con esto, la eventualidad de un desalojo por la fuerza se diluye.
“Desde el primer día de la toma optamos por la vía del diálogo para destrabar esta situación. Sin embargo, los innumerables esfuerzos no tuvieron una respuesta positiva por parte de los ocupantes”, señaló el director del organismo tras realizar la solicitud. La delegada Constanza Martínez (CS) debería concretarlo antes del 5 de abril, fecha tope que estableció la Contraloría.
Durante esta tarde se filtró un oficio donde Sergio Micco solicitaba el "auxilio de la fuerza pública" para recuperar los inmuebles que se encuentran tomados hace más de ocho meses. Desde el organismo aseguraron que el documento "fue despachado sin que existiera la instrucción de realizarlo" y se solicitó dejarlo sin efecto.
El director del organismo le exigió la semana pasada a los ocupantes que debían abandonar el edificio antes de las 15.00 de este lunes 7 de marzo. Pese a la petición, los jóvenes decidieron que no levantarán la toma y están preparados para que llegue Carabineros en cualquier momento. El jefe de la institución se resiste a pedir el desalojo y, pese a los fracasos previos, volverá a insistir ante el consejo por la opción del diálogo. Esto ya lo hizo hace una semana y no logró tener el apoyo del resto de los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
En una reunión extraordinaria entre los representantes del organismo se debatió respecto de cómo cumplir el dictamen de Contraloría que ordenó, en un plazo de 30 días, "adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan" para recuperar el control del edificio que está ocupado ilegalmente hace ocho meses. En la cita hubo consejeros que apuntaron al director como el principal responsable de no concretar una petición a la policía que termine con la toma.
El ente fiscalizador emitió un dictamen en que obliga a los representantes del organismo vinculado a la defensa de los Derechos Humanos a tomar las medidas necesarias para poner fin a la ocupación ilegal del edificio. "Las autoridades del INDH se encuentran en el imperativo de adoptar de inmediato las medidas que en derecho correspondan para restablecer la utilización del referido inmueble", se lee en el documento. Consejeros de la instancia comentan que la única opción para el presidente de la entidad, Sergio Micco, es pedir una orden de desalojo, ya que la vía del diálogo fracasó.
Una asignación mensual de $217 mil recibirán casi medio centenar de ciudadanos que se vieron afectados por acciones de agentes del Estado en el marco de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019. Entre los beneficiarios están parientes de quienes perdieron la vida, víctimas de trauma ocular, violencia sexual y apremios. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, destacó este gesto, mientras que el director del INDH, Sergio Micco, sostuvo que "nos parece una respuesta totalmente insuficiente”.
El quinto estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile da cuenta de las rutinas alimenticias, los problemas de habitabilidad e higiene en 44 centros penales del país. En al menos 11 establecimientos penales no hay una cama para todos los reclusos que cumplen privación de libertad.
Mediante un comunicado, los integrantes de la ocupación aseguraron que “ya son seis meses con exactamente la misma respuesta, que no asegura absolutamente ningún tipo de reparación ni justicia”, por lo que reiteraron que “el espacio se encuentra bajo control del pueblo”.
El consejo de la institución entregó ayer lunes una respuesta al petitorio, acción que dio pie para que voceros de la toma accedieran a que se retiraran los documentos con información confidencial sobre violaciones a derechos humanos. Sin embargo, los representantes de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) no quedaron satisfechos.
Como cada lunes, hoy se reunirá el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En la sesión se espera que el comité de negociación aborde los resultados de la reunión sostenida el viernes con representantes de la toma de la sede del servicio en Providencia, Región Metropolitana. Esta vez los manifestantes condicionaron futuras reuniones a una respuesta formal al petitorio de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el 18-O. Exigen una indemnización por daño moral a cada familia de $ 30 millones y una pensión vitalicia de $ 3 millones mensuales.
La comisión -integrada por Debbie Guerra, Yerko Ljubetic y Branislav Marelic- busca abrir el diálogo con los ocupantes de la sede ubicada en Eliodoro Yáñez 1147. Ya en agosto se intentó entablar una conversación con los dirigentes, sin embargo, no lograron siquiera agendar una reunión. La idea es también asegurar los archivos que están en el inmueble y que aún no han sido recuperados.
En una reunión del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos realizada ayer por la tarde, nuevamente no hubo acuerdo sobre la posibilidad de exigir que los ocupantes de la toma -que ya lleva casi seis meses- salgan por la fuerza de las dependencias del edificio que alberga al organismo. En la tensa sesión, ni siquiera se logró aprobar una declaración que cuestionara la acción que llevan adelante estudiantes secundarios y que esta semana, advirtieron, será permanente.
Mediante un comunicado, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) aseguró que el edificio ahora “será un lugar bajo control del pueblo”.
