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Como cada lunes, hoy se reunirá el consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En la sesión se espera que el comité de negociación aborde los resultados de la reunión sostenida el viernes con representantes de la toma de la sede del servicio en Providencia, Región Metropolitana. Esta vez los manifestantes condicionaron futuras reuniones a una respuesta formal al petitorio de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el 18-O. Exigen una indemnización por daño moral a cada familia de $ 30 millones y una pensión vitalicia de $ 3 millones mensuales.

La comisión -integrada por Debbie Guerra, Yerko Ljubetic y Branislav Marelic- busca abrir el diálogo con los ocupantes de la sede ubicada en Eliodoro Yáñez 1147. Ya en agosto se intentó entablar una conversación con los dirigentes, sin embargo, no lograron siquiera agendar una reunión. La idea es también asegurar los archivos que están en el inmueble y que aún no han sido recuperados.

En una reunión del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos realizada ayer por la tarde, nuevamente no hubo acuerdo sobre la posibilidad de exigir que los ocupantes de la toma -que ya lleva casi seis meses- salgan por la fuerza de las dependencias del edificio que alberga al organismo. En la tensa sesión, ni siquiera se logró aprobar una declaración que cuestionara la acción que llevan adelante estudiantes secundarios y que esta semana, advirtieron, será permanente.

Mediante un comunicado, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) aseguró que el edificio ahora “será un lugar bajo control del pueblo”.

Al interior del organismo las autoridades afirman que han propuesto mesas de trabajo a los integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), pero que ellos se han negado, y les han dejado claro que parte de sus peticiones son medidas que debe tomar el Ejecutivo, como el indulto a presos del estallido social. Una de las cosas que preocupan es que al interior del recinto hay documentos clave para los procesos que llevan adelante.

Desde el organismo indicaron que el despliegue de las FF.AA. en el Biobío y la Araucanía “representa la incapacidad de hacer prevalecer los caminos de diálogo” y destacaron la “oportunidad histórica” que tiene la Convención Constitucional para establecer un “nuevo pacto” que consiga alcanzar la paz y la justicia en los territorios.

La certificación es uno de los requisitos para postular a beneficios estipulados por la Glosa 12, en la partida 50, Capítulo 1 de la actual Ley de Presupuesto. Sergio Micco, director del organismo afirmó que con la acreditación "este debate de si hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, que algunos órganos del Estado aún plantean, se acabó".

Según indicó el director del INDH, estuvo en la zona en febrero pasado y ya en ese entonces "había había una situación extraordinariamente delicada". "Ya en aquellos tiempos estaba clarísimo que los albergues estaban fallando, que se requerían más".

"Nos enteramos por la prensa que habría una indemnización económica a estas víctimas. El Ministerio del Interior tiene que actuar con más seriedad y por eso hemos pedido una reunión para saber en qué consistiría esta política", señaló Sergio Micco. El organismo pidió a la cartera saber cuántas solicitudes han sido aprobadas y cuántas rechazadas y cuáles son los mecanismos de difusión de beneficios.

Esto ocurre tras la toma desarrollada el jueves en la sede central del INDH, ubicada en la comuna de Providencia, y liderada por estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), quienes exigían libertad para los detenidos en el contexto del estallido social.

En la misiva -firmada por Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Londres 38, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otros- se afirma que presidente del instituto, Sergio Micco, "relativizó la gravedad" de "violaciones a los DD.HH. que se estaban produciendo por parte de agentes estatales" durante el estallido social, y acusan que desde la entidad no se ha presentado ninguna querella por delitos de lesa humanidad.

A través de un oficio, la policía uniformada informó al organismo, que actualmente es dirigido por Sergio Micco, que pedirá al ente fiscalizador que revise la actuación de la observadora de DD.HH., pues asegura que antes de ser repelida por personal de Fuerzas Especiales, "ella junto a otras dos funcionarias utilizan sus teléfonos para obtener imágenes de la detención realizada, sin la distancia adecuada para el correcto proceder del personal aprehensor y acto seguido una de ellas patea una granada lacrimógena en dirección a los policías". La acusación es inédita y el sindicato del organismo salió a repudiar el accionar policial y denunciar que la mujer ha sido intimidada debido a que la policía indagó en sus redes sociales.

Ambas instituciones presentaron recursos de amparo durante la madrugada de hoy para impedir que abordaran el avión que el gobierno dispuso para su salida en Iquique. En tanto, en el marco del Plan Colchane, Carabineros dispondrá de 100 uniformados para potenciar vigilancia en pasos fronterizos.

El jefe de la sede regional del Indh en La Araucanía, Federico Aguirre, valoró la decisión de la Corte Suprema y señaló que la ratificación del fallo “viene a confirmar que la Policía de Investigaciones procedió a detener a la niña al margen del derecho, con infracción a los protocolos, y con un uso desproporcionado de la fuerza".

Ante la masiva oleada migratoria que azota la zona norte del país, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señaló que el poblado fronterizo "se estaba viviendo un drama. Un drama de migrantes y de una comunidad Aymara que vive ahí, quienes son víctimas de una situación de la cual no tienen ninguna responsabilidad”.