Al interior del organismo las autoridades afirman que han propuesto mesas de trabajo a los integrantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces), pero que ellos se han negado, y les han dejado claro que parte de sus peticiones son medidas que debe tomar el Ejecutivo, como el indulto a presos del estallido social. Una de las cosas que preocupan es que al interior del recinto hay documentos clave para los procesos que llevan adelante.
Desde el organismo indicaron que el despliegue de las FF.AA. en el Biobío y la Araucanía “representa la incapacidad de hacer prevalecer los caminos de diálogo” y destacaron la “oportunidad histórica” que tiene la Convención Constitucional para establecer un “nuevo pacto” que consiga alcanzar la paz y la justicia en los territorios.
La certificación es uno de los requisitos para postular a beneficios estipulados por la Glosa 12, en la partida 50, Capítulo 1 de la actual Ley de Presupuesto. Sergio Micco, director del organismo afirmó que con la acreditación "este debate de si hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, que algunos órganos del Estado aún plantean, se acabó".
Según indicó el director del INDH, estuvo en la zona en febrero pasado y ya en ese entonces "había había una situación extraordinariamente delicada". "Ya en aquellos tiempos estaba clarísimo que los albergues estaban fallando, que se requerían más".
"Nos enteramos por la prensa que habría una indemnización económica a estas víctimas. El Ministerio del Interior tiene que actuar con más seriedad y por eso hemos pedido una reunión para saber en qué consistiría esta política", señaló Sergio Micco. El organismo pidió a la cartera saber cuántas solicitudes han sido aprobadas y cuántas rechazadas y cuáles son los mecanismos de difusión de beneficios.
Esto ocurre tras la toma desarrollada el jueves en la sede central del INDH, ubicada en la comuna de Providencia, y liderada por estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), quienes exigían libertad para los detenidos en el contexto del estallido social.
En la misiva -firmada por Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Londres 38, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otros- se afirma que presidente del instituto, Sergio Micco, "relativizó la gravedad" de "violaciones a los DD.HH. que se estaban produciendo por parte de agentes estatales" durante el estallido social, y acusan que desde la entidad no se ha presentado ninguna querella por delitos de lesa humanidad.
A través de un oficio, la policía uniformada informó al organismo, que actualmente es dirigido por Sergio Micco, que pedirá al ente fiscalizador que revise la actuación de la observadora de DD.HH., pues asegura que antes de ser repelida por personal de Fuerzas Especiales, "ella junto a otras dos funcionarias utilizan sus teléfonos para obtener imágenes de la detención realizada, sin la distancia adecuada para el correcto proceder del personal aprehensor y acto seguido una de ellas patea una granada lacrimógena en dirección a los policías". La acusación es inédita y el sindicato del organismo salió a repudiar el accionar policial y denunciar que la mujer ha sido intimidada debido a que la policía indagó en sus redes sociales.
Ambas instituciones presentaron recursos de amparo durante la madrugada de hoy para impedir que abordaran el avión que el gobierno dispuso para su salida en Iquique. En tanto, en el marco del Plan Colchane, Carabineros dispondrá de 100 uniformados para potenciar vigilancia en pasos fronterizos.
El jefe de la sede regional del Indh en La Araucanía, Federico Aguirre, valoró la decisión de la Corte Suprema y señaló que la ratificación del fallo “viene a confirmar que la Policía de Investigaciones procedió a detener a la niña al margen del derecho, con infracción a los protocolos, y con un uso desproporcionado de la fuerza".
Ante la masiva oleada migratoria que azota la zona norte del país, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señaló que el poblado fronterizo "se estaba viviendo un drama. Un drama de migrantes y de una comunidad Aymara que vive ahí, quienes son víctimas de una situación de la cual no tienen ninguna responsabilidad”.
Respecto a la continuidad del general director de Carabineros, Mario Rozas, en el cargo, Sergio Micco expresó que "es evidente que la mantención del general Rozas es motivo de controversias entre los chilenos y chilenas".
Tras viralización de registros del momento, Carabineros desmintió responsabilidad en el hecho. INDH recaba testimonios, mientras que la Defensoría de la Niñez anunció querella por homicidio frustrado.
En el encuentro se abordaron los dichos del secretario de Estado, quien en entrevista con La Tercera, aseguró que sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social por agentes del Estado aún está pendiente la sentencia de la justicia.
Del total de querellas interpuestas, 2.329 se dirigen contra Carabineros; 126 contra militares; 22 contra la PDI y uno contra Gendarmería. El director del INDH, Sergio Micco, llama a acelerar los procesos judiciales. El tema ha sido debatido por el pleno de los consejeros, que han planteado desde pedir recursos especiales al gobierno para reforzar la PDI y el SML hasta la solicitud de fiscales especiales.
