La petición se da a raíz de la denuncia que este lunes el partido opositor ingresó al órgano liderado por Jorge Bermúdez para que se revise la legalidad de los beneficios otorgados por el Presidente Gabriel Boric.
La mitad de los beneficiados que tuvieron que ver con hechos relativos al 18-O -Juan Olguín, Bastían Campos, Jordano Santander, Brandon Rojas, Luis Castillo y Sebastián Montenegro- fueron sentenciados por delitos comunes, además de los cargos que enfrentaron en las causas por las que fueron indultados por el Presidente Boric. En cuanto a sus arrestos, se repiten casos de robos, hurtos, amenazas y drogas. Solo uno no registra nada previo al estallido.
Diputados de las bancadas PS y PPD hicieron ese llamado como respuesta a la crisis desatada por la concesión de los indultos presidenciales.
"Desde mi punto de vista, ese decreto, como tiene un defecto legal, puede ser invalidado por el Presidente, por la Contraloría, por el Tribunal Constitucional”, afirmó el exsecretario de Estado.
La causal que invoca el texto acusatorio es la presunta infracción a la Constitución y las leyes en las que habría incurrido la extitular respecto a su rol en la concesión de indultos. Durante la tarde se sorteó a los integrantes de la comisión revisora.
"Si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta". La frase fue de la vocera de gobierno y en vez de contener las consecuencias generadas por el beneficio presidencial recibido por 13 personas, avivó las críticas de la oposición e incluso en algunos sectores del oficialismo creen que esto podría traer más costos políticos o jurídicos.
La ministra vocera reconoció que existió una desprolijidad en algunos indultos otorgados al no excluir a “personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido, efectivamente ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales se asumieron las responsabilidades políticas”.
Los delitos de alta connotación social han aumentado de manera irrefutable en el último año. Estos afectan la integridad de las personas y sus oportunidades de desarrollo y prosperidad económica. Las acciones y omisiones de la autoridad en estas materias no son inocuas. Indultar a personas con condenas ejecutoriadas por tribunales competentes no contribuye a resolver las principales preocupaciones de las personas como delincuencia y economía.
La ministra vocera de gobierno sostuvo que "no se cumplió" el criterio de excluir en los indultos a personas que tuvieran "antecedentes complejos" previo al estallido.
El subsecretario de Justicia debió solicitar que se bajaran las transcripciones de dos decretos en los que aparecían su firma y se publicaran los documentos oficiales, debido a que su gabinete no había visto los indultos.
Texto que estaría afinado este lunes tendrá dos capítulos, uno referido a los indultos, por falta de fundamentación en el otorgamiento de este beneficio a condenados que no cumplirían con los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Ley 18.050. El segundo, en tanto, sería por el traslado de los presos de la Macrozona Sur.
Para los representantes de las bancadas de diputados y diputadas de la coalición opositora, la renuncia de la exautoridad de Justicia "no la exime de su responsabilidad".
En el gobierno se vieron obligados a tomar medidas tras los graves errores que marcaron el indulto presidencial. La búsqueda de responsables terminó con la salida del jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, y de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Esta es la historia de cómo todos los presos del estallido que podían acceder al indulto están libres y que obligó a Boric a sacar de su equipo a su asesor más cercano.
La renuncia del abogado de Convergencia Social se suma a la de la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos, todo esto en medio de las polémicas por los indultos otorgados por Boric.
La cadena de equivocaciones que rodea a la decisión del Presidente Gabriel Boric de beneficiar a 13 internos está llena de cabos sueltos que el Ejecutivo aún no explica. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, habría estado al borde de salir de su cargo ayer.
