En el gobierno se vieron obligados a tomar medidas tras los graves errores que marcaron el indulto presidencial. La búsqueda de responsables terminó con la salida del jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, y de la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Esta es la historia de cómo todos los presos del estallido que podían acceder al indulto están libres y que obligó a Boric a sacar de su equipo a su asesor más cercano.
La renuncia del abogado de Convergencia Social se suma a la de la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos, todo esto en medio de las polémicas por los indultos otorgados por Boric.
La cadena de equivocaciones que rodea a la decisión del Presidente Gabriel Boric de beneficiar a 13 internos está llena de cabos sueltos que el Ejecutivo aún no explica. La ministra de Justicia, Marcela Ríos, habría estado al borde de salir de su cargo ayer.
Este jueves se dieron a conocer los decretos con los fundamentos empleados por el Ejecutivo para otorgar los beneficios. En el caso del exfrentista Jorge Mateluna se entregaron una serie de antecedentes educacionales y psicológicos para justificar la medida. Además, los documentos dan cuenta que los decretos de Luis Castillo y Sebastián Montenegro se firmaron el mismo día que se comunicó la decisión, es decir, el viernes 30 de diciembre, mientras que los restantes fueron emitidos un día antes, el 29.
La acción judicial firmada por Diego Schalper, secretario general de RN, Andrés Longton, jefe de bancada de los diputados del partido y la subjefa de bancada Sofia Cid, subjefe de bancada, será ingresada al Ministerio Público en las próximas horas.
Juan Olguín Rivera (31) obtuvo el beneficio presidencial que le permitió zafar de la condena dictada el 4 de diciembre del 2021 por su participación en el ataque a un peaje en Curicó y posterior delito de receptación. Su primer arresto fue en 2012 por consumo de drogas en la vía pública y en 2014 fue denunciado por amenazas hacia su expareja. En su "prontuario" también aparecen antecedentes por lesiones, robo en lugar no habitado y desacato.
"Antes de asumir la defensa de Jorge y todos los profesores que asumimos la defensa de Jorge quedamos convencidos de que no había pruebas acerca de su culpabilidad, pero estamos en una fecha distinta, en una fecha en que los tribunales chilenos fallaron", afirmó el jurista.
Desde la organización gremial manifestaron su "preocupación" por las declaraciones del Mandatario, quien afirmó que hubo "irregularidades" en el proceso que condenó al exfrentista: "Pueden entenderse como un cuestionamiento a la independencia y autonomía del Poder Judicial como del Ministerio Público, respectivamente”, aseguraron.
El Jefe de Estado salió a aclarar personalmente los dichos que emitió este lunes en Brasil y que lo dejaron en una compleja posición frente al Poder Judicial y el Ministerio Público, desde donde no escondieron su encono con el Mandatario. Ambos organismos dieron señales de autonomía y le recordaron sus atribuciones constitucionales. En la derecha, por otro lado, no descartaron evaluar una acusación constitucional en su contra.
Mientras explicaba desde La Moneda las atribuciones que le otorgan la Constitución y las leyes para conceder este tipo de beneficios -tras una declaración de la Corte Suprema en respuesta a los cuestionamientos del mandatario respecto del fallo contra el exfrentista Jorge Mateluna-, citó una norma sobre seguros de responsabilidad civil y daños a vehículos de terceros.
En la resolución firmada por la ministra de Justicia, Marcela Ríos, se hace referencia a que los informes del exfrentista muestran que “mantiene todos sus informes psicosociales positivos, no teniendo inconvenientes que limiten su capacidad para reinsertarse en Ia sociedad”. Desde la oposición no descartan pedir su revisión ante el Tribunal Constitucional. Pese a los reparos jurídicos que hace Chile Vamos, desde el gobierno aseguran que el documento no tiene problemas de legalidad.
La secretaria de Estado además llamó a no condicionar la agenda de seguridad por los indultos y se refirió a la tercera votación en el Senado para nombrar al fiscal nacional.
Con el anuncio, Chile Vamos en su conjunto estaría por respaldar la acción en contra de la secretaria de Estado.
El exfrentista fue sentenciado a 16 años de cárcel por el asalto a un banco en Pudahuel, en 2013. La causa la asumió la Fiscalía Occidente y la defensa del acusado la tomó la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, quienes advirtieron sobre una serie de errores en la causa e imputación de cargos. Fue en 2018 que el máximo tribunal descartó irregularidades y rechazó absolver al hoy indultado presidencial.
El pleno del máximo tribunal se reunió por dos horas para conversar sobre las declaraciones del Mandatario en que cuestionó "la valoración de pruebas" en el caso del exfrentista. Los ministros acordaron que debían manifestar públicamente su inconformidad ante lo que calificaron de "intromisión", donde tomaron en cuenta que no se puede juzgar a otro poder del Estado. En el Ministerio Público también hubo incomodidad.
