Luego de que en la Cámara de Diputados se rechazó el veto sustitutivo presentado por el Ejecutivo, el ministro de la Segpres defendió que "acá hay que ser bien claros, ni con todo el oficialismo hubiera alcanzado los 93 votos que requería este proyecto".
Aunque los ministros culparon a la derecha, en la derrota también incidió la ausencia, el rechazo o la abstención de 16 diputados oficialistas. Ahora La Moneda está obligada a renovar el estado de excepción para el sur -medida resistida por el PC y el Frente Amplio- o presentar una nueva reforma para iniciar su tramitación desde cero.
“Esto no se trató de los argumentos jurídicos que tenía el veto o no tenía el veto, hoy día lamentablemente a lo que asistimos fue a un intento (...) de mandar algún tipo de señal", para dañar al gobierno, afirmó el ministro Giorgio Jackson. La ministra Izkia Siches aseguró que “este no es un problema de contenido, sino, como ha quedado en evidencia acá, es un punto político".
Los cambios impulsados por el Ejecutivo no fueron respaldados por los legisladores de la Cámara Baja, quienes rechazaron el veto por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones. Los desmarques provinieron por parte de legisladores de la derecha, así como también del propio oficialismo.
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dio su visto bueno a corrección planteada por el Presidente Boric a reforma que permite destinar a militares a tareas de seguridad interna. Los diputados Luis Sánchez, Andrés Longton y Camila Flores se abstuvieron. La diputada Karol Cariola reconoció "preocupaciones importantes y de fondo" en bancada comunista.
El veto presidencial fue aprobado por 36 votos a favor, mientras que se registró uno en contra (Fabiola Campillai) y tres abstenciones: Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI) y Rojo Edwards (Repúblicano). Se espera que este miércoles el veto al proyecto de reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica, sea votado por la Cámara de Diputados.
Al anunciar un veto sustitutivo a la reforma que entrega una nueva potestad al Presidente Gabriel Boric para disponer de las FF.AA., el Ejecutivo definitivamente hizo propia esta iniciativa. Para poder implementar la medida, el gobierno solo tiene 10 días. Sin embargo, en la discusión en el Senado se produjo un percance y obligó a que La Moneda reingresara el veto para precisar que un uniformado estará “al mando” de las fuerzas.
La medida -que por primera vez se adopta en esa administración- fue anunciada temprano por la ministra del Interior, Izkia Siches y luego detallada por el Presidente Gabriel Boric. Según el escrito, se "requiere de una autoridad que tenga mando sobre las Fuerzas que se dispongan para la protección de la infraestructura critica”.
Esto luego de que la Cámara de Diputados aprobara el informe de la Comisión Mixta por 97 votos a favor, 17 en contra y 28 abstenciones. Así la reforma quedó lista para ser promulgada por el Presidente, Gabriel Boric.
La medida establece que se podrá disponer de las FF.AA. para la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente. No podrá extenderse por más de 60 días, “sin perjuicio de que pueda prorrogarse por igual período, con acuerdo del Congreso Nacional”.
Un nuevo estado de excepción, la acusación contra la ministra Siches y el debate de dos reformas constitucionales resistidas por La Moneda, entre ellas una que habilita un "plan B" al proceso constituyente, marcarán esta semana legislativa. El senador Walker, uno de los autores de esta última iniciativa, cree que en la medida en que las encuestas muestren un alza del Rechazo, el Ejecutivo debiera abrirse a su discusión.
El ministro de la Segpres argumentó que “en caso de que se avance lo que temo es que un acuerdo no se termine por implementar porque va a estar obsoleto. Porque la Constitución actualmente en sus artículos transitorios que mandatan al proceso constituyente en el caso de ser aprobada, hace que todas las normas que hasta ese momento estén vigente, caduquen".
La iniciativa ingresaría en julio al Congreso, y plantea que este nuevo organismo estará encargado de la protección de la infraestructura crítica digital del país. Los roles de la Agencia fueron definidos según la experiencia que ha acumulado el gubernamental CSIRT desde que se fundó hace tres años.
Los altos mandos justificaron su postura por el número de personal con que cuentan para cumplir dichas tareas. "En la medida que se empiece a considerar como infraestructura crítica a todo lo que afecte, aunque sea en menor medida, al normal funcionamiento de la sociedad, no hay ejército en el mundo y no hay FF.AA. que sean capaces de cuidarlas con personas en cada una y todas estas instalaciones”, dijo el contraalmirante Julio Leiva.
El jefe de gabinete explicó que en la comisión mixta esperan "convencer a los diputados de que el criterio del Senado es el adecuado”
