Felipe Sánchez afirmó que "ella nos ofreció un primer precio al que no accedimos y ella hizo cálculos con su equipo para ofrecer en segunda y tercera instancia el precio final”.
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Si bien esta jornada la alcaldesa de Santiago puso a disposición del Ministerio Público el aparato asignado a su cargo y que se financia con dineros municipales, anteriormente había descartado entregarlo asegurando no poseer un móvil de esas características. Querellantes en la causa, en todo caso, piden al fiscal Patricio Cooper que solicite una autorización judicial para decomisar todos los equipos tecnológicos que utiliza.
La iniciativa de la alcaldesa puso frenó al lanzamiento del Plan Calles sin Violencia del gobierno, que estaba contemplado para el 18 de abril, mismo día en que la jefa comunal anunció el proyecto de la municipalidad en conjunto con las policías.
El pasado 18 de abril, efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones allanaron el municipio de Santiago, pero en ese momento la jefa comunal se negó a entregar su celular.
El ex jefe de la Secretaría de Planificación (Secplan) de la Municipalidad de Santiago es una de las figuras clave en la fallida compraventa de la ex Clínica Sierra Bella, pues fue responsable de encargar las tres tasaciones que avaluaron el inmueble en más de $ 8.000 millones y que hoy tienen a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), siendo investigada por fraude al Fisco. Su trayectoria profesional ha estado marcada por cargos en municipios, cuyos alcaldes fueron predominantemente PPD.
Durante la jornada efectivos de la PDI se llevaron computadores, celulares y dispositivos tecnológicos desde los inmuebles que habitan los tres arquitectos que valorizaron en más de $8 mil millones la exclínica Sierra Bella. Es la primera medida intrusiva visada por un tribunal en la investigación que dirige el fiscal Patricio Cooper.
La respuesta a una solicitud de información realizada a Santiago revela que la jefa comunal cuenta con un equipo que es financiado con fondos públicos. Por lo mismo, querellantes en la causa la acusan de faltar a la verdad y de ser "un riesgo" para la indagación abierta en su contra. En paralelo, esta jornada el único socio de Inmobiliaria San Valentino declarará ante efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI.
En un acalorado concejo municipal, la edil fue emplazada y cuestionada por su actuar en la fallida compra del inmueble. Y fue ahí donde la alcaldesa reconoció que el director del Área Jurídica, Jean Pierre Chiffelle, y el director de Planificación, Luis Mayorga, aún se mantienen bajo contrato, pese al anuncio de destitución del pasado 14 de abril.
Varios de los concejales esperan respuestas -y hasta unas disculpas- de la alcaldesa respecto a la fallida compra de la exclínica. Y también hay otros flancos, como el paro que los recolectores de basura de la comuna realizaron la noche del martes.
Desde el municipio aseguran que los respectivos documentos están en etapa de revisión por parte del equipo técnico y que serían ingresados durante los próximos días. Los ediles, de todas maneras, insisten en que la alcaldesa suele hacer "mediáticos anuncios" y no los materializa. Esta jornada pedirán explicaciones en reunión del Concejo Municipal.
Como indicó Felipe Sánchez a La Tercera, hizo la solicitud "en aras de la transparencia y el respeto a mis garantías constitucionales". De acuerdo con lo resuelto por el juez Mario Cayul, la cita se desarrollará el próximo 29 de mayo a las 10.00 horas.
El Comité Penal de la entidad ya cuenta con los antecedentes del caso en que indaga el supuesto delito de fraude al Fisco para analizar los datos que emanan desde la carpeta investigativa. El organismo podría invocar un delito frustrado y pidió revisar a un abogado de la institución el rol que habría cumplido en las negociaciones tanto la alcaldesa Irací Hassler como todo el concejo municipal.
Felipe Sánchez, representante legal y único socio de San Valentino, lanzó fuertes cuestionamientos en contra de la jefa comunal. Esto, luego de enterarse por la prensa de que el municipio había decidido suspender la compra del polémico inmueble. Por lo mismo, no sólo anunciaron que preparan acciones legales para forzar la compraventa, sino que advirtieron que podrían recurrir a varios recursos para hacer valer "nuestros legítimos intereses como vendedores”. Santiago, a su vez, también anunció acciones legales.
Desde San Valentino apuntan a la “total inexperiencia” y “mala fe la compradora” pues “pretende desconocer sus obligaciones contraídas en un contrato válidamente suscrito y de buena fe por nuestra parte”.
Luego del informe de Contraloría que objetó la compra de la exclínica, la edil de Santiago fue empujada a frenar la adquisición, lo que fue argumentado con reproches a los tasadores, comparaciones con otras comunas y poca autocrítica. La Tercera hizo doble click a tales declaraciones para confirmar si son verdaderas, falsas o imprecisas.
