La isapre interpuso una demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco y la Suseso, donde pide que se le paguen los $29.253 millones que gastó en financiar la ley que creó la Licencia Médica Preventiva Parental. Acusa que hubo una "expropiación".
Si en 2021 tuvieron el peor resultado de su historia, ahora la industria tuvo su peor primer trimestre. Desde el gremio señalan que este balance se explica principalmente por el congelamiento del precio de los planes que se aplicó durante 2020 y 2021.
El viernes pasado Colmena envió un correo electrónico a sus afiliados advirtiendo a sus clientes respecto de lo que implicaría lo aprobado por la Convención Constitucional sobre el sistema de salud. Y ahora se sumó Banmédica, pero mediante un comunicado que publicó en su sitio web, donde señala que esto supone la migración de todos a un sistema público de salud “que hoy cuenta con listas que sobrepasan los 2 millones de personas”.
Esta semana el pleno de la Convención aprobó la creación de un sistema nacional de salud de carácter “universal, público e integrado”, pasando al borrador de la nueva Carta Magna. A raíz de lo anterior, la isapre envió un correo a sus afiliados, explicando que esto significa "si deseas continuar con un seguro de salud privado que te brinde cobertura para atenderte en clínicas y prestadores privados de tu elección, probablemente deberás aportar dos veces".
La superintendenta de Seguridad Social, María Soledad Ramírez, señala que en un contexto de pandemia "se generó desde el poder Ejecutivo un instrumento que permitió otorgar seguridad y tranquilidad a miles de familias".
El superintendente de Salud, Patricio Fernández, sostiene frente a los cuestionamientos de la industria que "el objetivo y espíritu de esta ley no es necesariamente de un carácter retributivo de las pérdidas de las isapres, sino que lo que busca es dar mayor transparencia en la reajustabilidad de los planes de salud de las isapres”.
La isapre controlada por ILC asegura haber perdido más de $22 mil millones con la ley que crea una Licencia Médica Preventiva Parental que aprobó el Congreso durante la pandemia. Pide que responda el Fisco. "Los particulares no están llamados a financiar políticas públicas", señala la demanda de indemnización de perjuicios que interpuso la compañía.
La Asociación de Isapres estima que el costo por licencias médicas el año pasado subió 25% hasta los $945 mil millones. Una parte se explica por el Covid, otra parte por salud mental, pero otro segmento se explica -según las aseguradoras de salud- por licencias que consideran fraudulentas. Así, el año pasado el sector inició una serie de acciones legales. Desde el gremio instan a mayor fiscalización por parte de las autoridades y a avanzar en nueva institucionalidad.
Ese es el resultado preliminar que dio a conocer el gremio, excluyendo a Cruz Blanca, lo que significa que las pérdidas del año pasado casi duplican las utilidades registradas en 2020. El presidente de la Asociación de Isapres dice que esto pone "en riesgo la sostenibilidad del sistema completo y que de no ser corregido llevará a colapsar a las isapres".
En el marco del caso de Martina Vera Rojas, una niña de Arica que sufre el síndrome de Leigh -una enfermedad neurológica progresiva- y que en 2011 inició un litigio contra MasVida, la corte determinó que el Estado debe asegurar la vigencia del tratamiento médico de la menor, así como aquellos tratamientos que pudiera necesitar en el futuro. Esta es la primera vez que un Estado deberá responder internacionalmente por falta de fiscalización a una aseguradora de salud, lo que abre un amplio margen para litigar fuera de Chile por casos similares.
El tribunal de alzada consideró que la negativa de la prestadora Consalud -fundamentada en que el fármaco Koselugo no está arancelado en Fonasa ni registrado en el ISP- vulnera los derechos a la vida y a la no discriminación arbitraria de la menor.
En un correo informativo que envió a sus clientes, la isapre señala que iniciaron acciones legales en contra de diversos médicos por sospechas de emitir licencias médicas fraudulentas. También enseñan un reciente fallo donde consiguieron que el imputado no pueda dar licencias por un año y el pago de $15 millones.
Entre los mejor ubicados figuran los rubros Telecomunicaciones con una aceptación de 56%, Gas con un 55% y Electricidad con 53%. Le siguen las Cajas de Compensación (52%), Bancos (51%) y Clínicas (50%).
Según un balance provisorio que entregó el superintendente de Salud en el Senado, sin considerar los resultados de Masvida, la industria perdió $7.500 millones a marzo. Allí dijo que "no vemos una situación grave del sistema, pero sí observamos con cierta detención lo que está ocurriendo en dos isapres". Desde el gremio detallaron que este resultado estaría en línea con que se han reactivado las atenciones de salud.
