Patricio Fernández entregó su mirada respecto al inicio de la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados.
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Tras un extenso transitar en el Senado, este martes el proyecto inicia un nuevo proceso y ahora los diputados ya advierten que la votación estará dividida debido a las indicaciones que la oposición agregó en la instancia previa. Estas últimas modificaciones no eran parte del plan del Ejecutivo y dan paso a nuevos debates y contratiempos en la tramitación de la ley.
En tanto en el caso de Vida Tres, Colmena y Banmédica los incrementos serán de 2,5%, 2,4% y 0,6%, respectivamente.
"Los equipos de esta Superintendencia ya se encuentran trabajando en la verificación de estas alzas, para informar a la ciudadanía, dentro de los próximos días, el porcentaje de alza que cada Isapre podrá adecuar a su plan de salud”, dijo el regulador en su cuenta de X.
"Por una parte este indicador no es el alza que van a tener necesariamente todas las isapres. Eso lo vamos a saber en la verificación. Estas alzas tampoco van a llevar a que los precios sean mayores a los que ya pagaban las personas en noviembre de 2023", detalló el superintendente de Salud.
Esta jornada la Superintendencia de Salud informó que las aseguradoras tendrán un tope de 7,4% para el alza de precios de sus planes. Sin embargo, expertos y parlamentarios advierten que este nuevo incremento afectará directamente a los afiliados, pues independientemente de en cuánto cifre cada institución el aumento, las personas estarán expuestas a bajas y subidas constantes producto de la crisis.
El adelantamiento de la publicación del Índice de Costos de la Salud (ICSA) responde a una de las medidas del gobierno para enfrentar la crisis del sector. Desde ahora las aseguradoras tendrán cinco días corridos para informar al regulador su decisión de ajustar o no los precios de los planes de salud y, en caso de hacerlo, el porcentaje específico que aplicarán.
Eso, según la población total de cada región. En el tercer lugar se ubicó la Región Metropolitana, donde también se concentra la mayor cantidad de afiliados con respecto a su población total. De todas maneras, en todas las regiones se registraron bajas al cierre del año pasado.
En la actualidad hay 23 causas en la justicia relacionadas con un impuesto adicional que ha intentado aplicar el SII a las isapres por las costas de los juicios por alzas de precios de planes de salud. En general, los fallos de primera instancia en los Tribunales Tributarios y Aduaneros no han sido favorables al SII, lo que se estaba empezando a repetir en Apelaciones, pero recientemente ha resuelto a favor del SII en dos causas, por lo que el asunto lo deberá resolver la Suprema.
Esto significó una caída de casi 12% interanual, totalizando 2.715.746 beneficiarios al cierre del año pasado. El 74% de los afiliados que se fueron del sistema eran de dos isapres: Consalud y Cruz Blanca. Así, en dos años las isapres abiertas registran 534 mil afiliados menos.
Para los parlamentarios la rebaja del pago de las aseguradoras privadas se trata de un "perdonazo".
Según destacó la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria “es la mayor reforma que ha tenido el seguro público de salud desde su creación".
El presidente de la DC, Alberto Undurraga, señaló que están "en contra de ello porque es una rebaja de la deuda y eso no corresponde, hay un fallo judicial que hay que cumplir”.
El titular de Justicia cuestionó las indicaciones presentadas por la oposición en el Senado, que resultaron con la reducción del monto que las aseguradoras tendrán que devolver a sus afiliados. “Afecta la iniciativa exclusiva del Presidente y, en segundo lugar, supone infringir la regla del artículo 76 de la Constitución sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales”, aseguró.
En el Senado el proyecto tuvo modificaciones que resultaron en la reducción del monto que las aseguradoras tendrán que devolver a sus afiliados, lo que desató la molestia de los parlamentarios oficialistas. En ese contexto, solicitaron al Ejecutivo recurrir al Tribunal Constitucional, sin embargo, el gobierno no quiere, al menos por ahora. El ministro Cordero, en todo caso, aseguró que lo aprobado es inconstitucional.
