En una tensa sesión en el Senado, la ministra del Interior criticó que la iniciativa tal y como fue despachada por el Congreso "puede aplicar cárcel a personas que están en campamentos” y que las disposiciones transitorias aplicadas por los legisladores para evitar ese escenario solo tendrían efectos policiales, mas no judiciales.
El presidente del Senado se refirió a las observaciones que hizo el Ejecutivo a la ley de usurpaciones, asegurando que la calificación de tomas no violentas “solo existe en la mentalidad de quienes diseñaron esta política”. Además explicó que el siguiente paso es que en la comisión de seguridad de la Cámara Alta se revise la admisibilidad y la categoría del veto ingresado por el gobierno.
El Ejecutivo ingresó las correcciones a la iniciativa con el objetivo de eliminar la legítima defensa privilegiada, que permitía -a su juicio- una “justicia por mano propia”. Hasta el final, el nudo fue la pena de cárcel para las tomas no violentas.
A horas de que venza el plazo que tiene el Ejecutivo para ingresar el documento, el presidente del Senado señaló también que si se va "desnaturalizar (la ley) y dejar parecido a como era antes el tema de usurpación, vamos a tener un problema severo".
El presidente del Senado advirtió que será "parte esencial de la discusión" del proyecto la asignación de fondos públicos a instituciones privadas, a propósito de los líos de platas que estallaron a mediados de este año.
El presidente del Senado dijo que espera que “haya capacidad de ponerse de acuerdo", y que "un tercer plebiscito sería una locura total, está fuera de cualquier reflexión”.
Esta es la segunda visita que realiza al país este órgano consultivo que asesora sobre materias constitucionales. La anterior se dio meses antes de que se efectuara el plebiscito de 2022.
En conversación con Radio Duna, el presidente del Senado se refirió a la agenda de seguridad y al veto que el gobierno presentaría a un artículo de la ley de usurpaciones, planteando que, de aplicarse, a su juicio, debería ser "para mejorar el proceso y no para destrozar lo que se ha avanzado”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, comentó que “las Fuerzas Armadas han manifestado su disposición a entregar información en el contexto de las investigaciones judiciales", mientras que el senador Coloma (UDI) afirmó que “es el momento de aprender las grandes lecciones de la historia".
El presidente del Senado repasa cómo fueron las tratativas que le permitieron llegar a una declaración consensuada con todas las fuerzas políticas de la corporación. Afirma que al Ejecutivo le falta ese “tono” para poder llegar a acuerdos en adelante.
El presidente del Senado (UDI) criticó la decisión del Juzgado de Garantía de Arica de revelar a la defensa de los imputados la identidad de los 56 testigos protegidos en la causa, orden que fue revocada por la Corte de Apelaciones. “Genera un tremendo manto de duda respecto de cómo esta instancia está persiguiendo el crimen organizado”, dijo.
"Hago un llamado al gobierno a mantener ese ritmo, pero ingresar los proyectos que faltan, de otra manera no vamos a poder terminar de buena manera esta agenda”, advirtió el timonel del Senado.
El presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, fue el encargado de leer este martes un discurso que fue conversado con todas las fuerzas políticas. “Nunca podemos tratarnos como enemigos, nunca la violencia es alternativa a la solución racional de los desacuerdos, nunca la dignidad del ser humano puede subordinarse a ningún objetivo político”, decía parte del escrito.
El momento clave de la sesión de esta tarde será la intervención del presidente del Senado. El contenido de su discurso será resultado de un proceso de conversaciones que involucró a todas las fuerzas políticas. Los senadores del PS y del PPD le habían pedido recoger cuatro principios: valorar la democracia, respetar los DD.HH., condenar la violencia política y apoyar las gestiones para terminar con el silencio en casos de detenidos desaparecidos.
A 150 días del compromiso del 14 de abril entre el gobierno y el Congreso, diez de los 31 proyectos de ley han sido despachados. Si bien quedan cuatro meses para el plazo final (el 31 de diciembre), aún quedan temas difíciles de resolver como el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, los cambios al Sistema de Inteligencia, las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y el Servicio de Defensoría de las Víctimas.
