El reciente asesinato de un fiscal y las amenazas a la fiscal general pusieron en mayor evidencia la espiral de crímenes que se vive en el país sudamericano, alimentado por el avance del narco.
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En el marco de un sumario solictado en febrero por la Corte de Apelaciones de Santiago para establecer responsabilidades por el atraso del juicio, la fiscal judicial Javiera González propuso, además, absolver a las tres juezas del Tercer Tribunal Oral en Lo Penal indagadas por la misma situación.
El proceso de diseño y remodelación de la nueva sede fue puesto en marcha por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y significó una inversión aproximada de $5.700 millones. El proyecto involucró la renovación total del inmueble, que cuenta con siete pisos y un subterráneo y se encuentra ubicado en pleno barrio universitario de Santiago.
La Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial presentó sus reparos ante la propuesta que elaboró la subcomisión de expertos del proceso constituyente sobre el Poder Judicial. Si bien valoran algunos puntos, cuestionan que no se incluyan normas de paridad, así como también respecto al funcionamiento interno y de separación de funciones administrativas y jurisdiccionales. "Esta iniciativa no cumple con la propia promesa que es esta separación de funciones, porque sigue dejando estas potestades de gobierno judicial y de régimen disciplinario en manos de la Corte Suprema y sobre todo de la Corte de Apelaciones, lo cual es gravísimo", sostuvo la presidenta de los jueces, Mariela Hernández.
El mandatario ecuatoriano sindicó a los magistrados como responsables de dejar en libertad a decenas de delincuentes, así como de ser integrantes del crimen organizado.
La exmandataria dijo que los magistrados de un tribunal de primera instancia de La Paz conocían el caso con antelación, lo que había comprometido su imparcialidad. Áñez lleva en prisión preventiva casi 700 días por su participación en el caso “Golpe de Estado II”, que causó la caída del expresidente Evo Morales.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que instruyó a su gobierno para que actúe penalmente contra los jueces, fiscales y políticos que, en un viaje realizado al sur de ese país, habrían incurrido en supuestas maniobras corruptas. Entre ellos, el juez federal Julián Ercolini que instruyó la causa que derivó en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuestos actos de corrupción.
La ley “solo sí es sí’ será revisada después de que una serie de sentencias judiciales rebajaran las penas de prisión de los violadores debido a una “laguna” en la norma.
La ministra del máximo tribunal asegura que para la judicatura será perjudicial que la Convención apruebe acortar el mandato de los ministros de cortes de apelaciones y jueces de los tribunales inferiores. En una semana en que los supremos golpearon la mesa emitiendo una dura opinión, la magistrada le responde a los convencionales que los acusaron de intromisión indebida: “No hay una sola palabra que yo haya dicho, ni de lo que se escribió en el documento oficial del pleno, que los amenace”.
Para algunos constituyentes la reacción del pleno del máximo tribunal fue un acto complejo, debido a que es esa instancia la encargada de resolver las eventuales reclamaciones que surgen en contra de vicios formales de la Convención Constitucional. El acto, dicen, les quitaría imparcialidad. Los magistrados rechazan esa interpretación, ya que comentan que esa vía es un mecanismo contemplado para "infracciones a las reglas de procedimiento" y excluye asuntos vinculados al contenido. Además, reiteran que su opinión fue "técnica" y con "ánimo colaborativo".
Un análisis del Observatorio Judicial revela que en los 17 años de funcionamiento de los tribunales orales se han dictado 134.956 sentencias y en un 81% de las veces declararon culpables a los acusados por el Ministerio Público. Y en cuanto a los tiempos que duran estos procesos, se registró un aumento de tramitación de 264 días en 2004 a 602 días en 2019, es decir, crecieron en un 102%. El estudio abre la duda sobre cuánto es un plazo razonable para que una persona sea juzgada y cómo está actuando el sistema judicial en esta materia.
Ministerio Público indicó que fallo impidió cerrar de forma total la investigación en la causa por delitos de corrupción contra los exmagistrados Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, y de otros cuatro imputados. Defensa de uno de los acusados calificó el recurso como “demencial”.
Luego de que La Moneda transmitiera en privado reparos por sus dichos, la subsecretaria de la Niñez envió una carta dirigida al presidente del máximo tribunal, Guillermo Silva. "Las declaraciones las hice a título personal y no representan ni gobierno del que soy parte, ni menos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, indicó.
