Magistrados y persecutores pidieron a la Corte de Apelaciones de Santiago realizar audiencias y visitas a las cárceles de manera telemática. La Corte Suprema, en tanto, entregó un camino: ante el “peligro para la vida o integridad personal del juez, funcionario o su familia” se podrá optar por esta modalidad.
“Es indispensable proporcionarles los recursos, la formación y el apoyo necesarios para que puedan desempeñar sus funciones sin temor ni injerencias”, señaló el gremio.
Ante el amedrentamiento de la banda delictual contra jueces y fiscales en Chile, la periodista venezolana y autora del libro "El Tren de Aragua" dice a La Tercera que el grupo “busca no llamar mucho la atención de las autoridades”.
"Estamos analizando las facultades constitucionales que están radicadas en el Presidente de la República (...) que le entrega la facultad de revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial", dijo el subsecretario del Interior.
“Es un llamado de atención grave para todo el mundo, estamos a tiempo, pero cruzar ese umbral en que el día de mañana a un juez, un fiscal o un abogado defensor se atente contra su vida, respecto a la participación de un juicio que compromete un crimen organizado, es cruzar una frontera de la cual es muy difícil volver", aseguró el ministro de Justicia.
Según las estadísticas de las Cortes de Apelaciones, el 20,35% de un total de 1.474 jueces y un 30% de los 13.900 funcionarios permanecían en teletrabajo hasta fines de mayo. La cifra contrasta con el 7% del gobierno central. Según el Poder Judicial, pueden eximirse del trabajo presencial los mayores de 60 años con patologías de base, entre otras razones. Algunos jueces han sesionado incluso desde fuera de Chile. Una de ellas es Graciel Muñoz, juez del 12 Juzgado de Garantía de Santiago en la jurisdicción de San Miguel e hija del supremo Sergio Muñoz.
El reciente asesinato de un fiscal y las amenazas a la fiscal general pusieron en mayor evidencia la espiral de crímenes que se vive en el país sudamericano, alimentado por el avance del narco.
En el marco de un sumario solictado en febrero por la Corte de Apelaciones de Santiago para establecer responsabilidades por el atraso del juicio, la fiscal judicial Javiera González propuso, además, absolver a las tres juezas del Tercer Tribunal Oral en Lo Penal indagadas por la misma situación.
El proceso de diseño y remodelación de la nueva sede fue puesto en marcha por la Corporación Administrativa del Poder Judicial y significó una inversión aproximada de $5.700 millones. El proyecto involucró la renovación total del inmueble, que cuenta con siete pisos y un subterráneo y se encuentra ubicado en pleno barrio universitario de Santiago.
La Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial presentó sus reparos ante la propuesta que elaboró la subcomisión de expertos del proceso constituyente sobre el Poder Judicial. Si bien valoran algunos puntos, cuestionan que no se incluyan normas de paridad, así como también respecto al funcionamiento interno y de separación de funciones administrativas y jurisdiccionales. "Esta iniciativa no cumple con la propia promesa que es esta separación de funciones, porque sigue dejando estas potestades de gobierno judicial y de régimen disciplinario en manos de la Corte Suprema y sobre todo de la Corte de Apelaciones, lo cual es gravísimo", sostuvo la presidenta de los jueces, Mariela Hernández.
El mandatario ecuatoriano sindicó a los magistrados como responsables de dejar en libertad a decenas de delincuentes, así como de ser integrantes del crimen organizado.
La exmandataria dijo que los magistrados de un tribunal de primera instancia de La Paz conocían el caso con antelación, lo que había comprometido su imparcialidad. Áñez lleva en prisión preventiva casi 700 días por su participación en el caso “Golpe de Estado II”, que causó la caída del expresidente Evo Morales.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que instruyó a su gobierno para que actúe penalmente contra los jueces, fiscales y políticos que, en un viaje realizado al sur de ese país, habrían incurrido en supuestas maniobras corruptas. Entre ellos, el juez federal Julián Ercolini que instruyó la causa que derivó en el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por supuestos actos de corrupción.
La ley “solo sí es sí’ será revisada después de que una serie de sentencias judiciales rebajaran las penas de prisión de los violadores debido a una “laguna” en la norma.
