Sondeo de opinión correspondiente a la cuarta semana de julio arrojó que un 88% piensa que recinto penal debería edificarse lejos de los grandes centros urbanos.
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El abogado y exautoridad del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet afirma que este tipo de recintos deben estar “en un lugar lo suficientemente grande para que los sectores de reclusión tengan total distancia respecto de cualquier emplazamiento humano”.
Pese a los cuestionamientos de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y de los vecinos, el gobierno no ha dado espacio para que se revalúe la ubicación del penal de máxima seguridad. Siguen con las gestiones para que durante 2025 se inicien las obras que permitirán habilitar 500 plazas para internos y condenados de complejos perfiles criminológicos.
Antes de llegar a ser virtual candidata por el Partido Demócrata, la vicepresidenta desarrolló una larga carrera en la justicia californiana. Mientras algunos la consideran una fiscal progresista, pero para otros fue cómplice de una discriminación racial sistemática.
El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland dijo que “ambos hombres se enfrentan a múltiples cargos en EE.UU. por liderar operaciones criminales, incluyendo sus mortales redes de fabricación y tráfico de fentanilo”.
Confiados en que construir a un lado de Santiago 1 es la mejor alternativa, el gobierno ya activó una serie de diligencias para materializar el anhelo de contar con una cárcel especial para albergar a sujetos ligados al crimen organizado. Se han concretado gestiones con Vivienda, Bienes Nacionales, el MOP, el Ejército y están en agenda citas con la Dirección de Presupuesto.
El 17° Juzgado Civil de Santiago condenó al recinto privado, así como también a un médico y una matrona, a pagar $1.448.579.677, luego que el hijo de una paciente quedara con el 90% de discapacidad en su cuerpo. Lo anterior se produjo como consecuencia de la asfixia que sufrió el recién nacido antes de que el personal de salud decidiera realizar una cesárea.
El hombre de 46 años, reconocido por un viral de Internet, fue encontrado muerto al interior de un inmueble del sector rural de la comuna de Pencahue, en la Región del Maule. A raíz de que en un principio se desconocían las causas de su muerte, su nombre nuevamente estuvo en tribunales, esta vez como víctima en una causa por hallazgo de cadáver.
Tras antecedentes que daban cuenta de que el hombre, de 72 años -condenado por dos hechos de abuso sexual contra menores de edad-, habría contado con ciertos privilegios, Gendarmería instruyó un sumario administrativo y activó rápidamente una serie de diligencias. De acuerdo con funcionarios del penal, directivos del recinto habrían facilitado el ingreso de sus familiares.
El máximo tribunal confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que había rechazado el recurso de protección presentado por Brahm, con el cual buscaba anular las cinco sanciones en su contra. La Suprema determinó que como la expresidenta ya no forma parte del TC, entonces no están en riesgo los derechos que buscaba garantizar con su acción judicial.
La alcaldesa de Santiago hizo público su rechazo a la construcción de un nuevo recinto penitenciario de alta seguridad en su comuna, señalando varias veces que la tendencia internacional es que estos modelos se edifiquen alejados de la ciudad, patrón que recientemente en Latinoamérica sí se sigue.
“En virtud de lo señalado en los considerandos precedentes, fue posible determinar que la Municipalidad de Conchalí fue debidamente notificada del Oficio que requería su pronunciamiento, y que no participó de la evaluación ambiental del proyecto Edificio Independencia”, dijo la sentencia.
Cuatro son los artículos del Código de Ética del Colegio de Abogados que a juicio de los profesionales del derecho se podrían aplicar en el caso en que se condenó al empresario Eduardo Macaya por abuso sexual. Y es que la defensa del condenado, Sergio Salas, comparte estudio y además es pareja de la abogada de menores de edad que aparecen como víctimas en el caso, la exdefensora de la Niñez Patricia Muñoz, quien representa a las víctimas. El presidente del gremio, afirma que “aquí estamos en presencia de conflictos de interés”, aunque aún no ve necesario abrir una causa.
El actor y comediante celebró el fallo visiblemente emocionado antes de abandonar la sala como un hombre libre.
