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La alcaldesa de Santiago fue citada en calidad de testigo para entregar su versión ante el Ministerio Público sobre el “desayuno feminista”, que habría costado $50 millones según la rendición de campaña, y que fue objetado por el Servel. Todos quienes asistieron a ese evento -donde figuran más alcaldesas y diputadas, y hasta la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC)-, serán requeridos por el Ministerio Público. Además, el ente persecutor va tras las pistas de la "bomba" que la excandidata lanzó en su última presentación ante el Tribunal Superior de su ex partido en el que da cuenta de presunto financiamiento ilegal de actividades políticas.

Ka Quiroz sostuvo, además, que “se hagan estas acusaciones sin fundamentos ni evidencia, en un contexto de elecciones internas, es una muestra clara de oportunismo electoral, por parte del sector que busca dar continuidad a la cuestionada gestión de Jorge Ramírez, expulsado también por los mismos hechos”.

La exmilitante de la colectividad presentó sus descargos ante el tribunal supremo de ese partido y apuntó a una operación política orquestada por las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas, descartando irregularidades en los gastos de sus campañas. "Nuestro país merece verdad, justicia y transparencia, no montajes, ni ajustes de cuentas, porque fue en contra de todo eso que muchas personas trabajamos con la esperanza de construir una coalición política diferente, alejada de las viejas prácticas que hoy reproducen quienes conducen actualmente el partido. Estoy más convencida que nunca, tal como dijo Gabriel Boric el día 18 de noviembre, que no debe haber defensas corporativas: nuestro país merece honestidad", aseveró.

El 13 de marzo pasado y tras una invitación del alcalde de Recoleta, Oliva reapareció en la escena pública en un encuentro con el parlamentario inglés y referente laborista, Jeremy Corbyn. Cercanos a la excandidata a la gobernación metropolitana y al Senado, afirman que Jadue ha sido de las pocas figuras dentro de Apruebo Dignidad no le ha dado vuelta la espalda” tras la investigación que se inició en su contra y que dinamitó sus posibilidades de llegar al Senado como carta de Comunes.

En la petición de la Fiscalía Sur para que la justicia les permitiera revisar los movimientos bancarios de la excandidata a gobernadora y al Senado, del Partido Comunes, aparecen los testimonios de abogados y contadores del Servicio Electoral (Servel) que levantan sospechas sobre sus gastos electorales y solicitud de reembolsos. "Los montos eran demasiado elevados" y "se repetían proveedores", se lee en sus declaraciones. El Séptimo Juzgado de Garantía dio luz verde a esta medida intrusiva.

Tras un vertiginoso ascenso al interior del Frente Amplio, en mayo del año pasado la derecha acudió a votar en masa por Claudio Orrego para impedir que se transformara en gobernadora metropolitana. Meses después, cuando las encuestas coincidían en que sería la candidata a senadora más votada de la RM, denuncias de pagos millonarios a un grupo de asesores volvieron a dejarla en el camino. ¿Podrá volver a ponerse de pie la dirigenta que en los últimos años le dobló varias veces la mano a Boric?

Por medio de un comunicado, se confimó la resolución emitida por el Tribunal Supremo de la colectividad, de eliminar del padrón de militancia de la tienda a la excandidata a senadora y a gobernadora por la Región Metropolitana, como también a otros seis militantes que formaron parte de su equipo durante la campaña para la gobernación de la RM.

El abogado defensor Juan Carlos Manríquez dijo que ya se puso en contacto con el fiscal regional Héctor Barros para que la suspendida militante del Partido Comunes entregue su versión de la cuestionada rendición de gastos ante el Servel de su trunca aspiración a la Gobernación de la Región Metropolitana. "Ha decidido renunciar a su derecho a guardar silencio", sostuvo. En paralelo, quien realizó los cobros de campaña deberá comparecer ante las autoridades administrativas en breve plazo para dar explicaciones.

El abogado Luis Mariano Rendón interpuso un recurso de reposición, luego que la querella que presentara contra la acción de la policía uniformada fuera declara inadmisible. En el texto expone que "en forma inexplicable, el juez en su resolución de inadmisibilidad tampoco se hace cargo de que el otro delito materia de la querella de autos fue el de violación de secretos, evidentemente configurado al haber un gran despliegue de medios de comunicación para cubrir una diligencia que debió ser desarrollada reservadamente, en primer lugar, para su mismo éxito y en segundo, para no provocar daños innecesarios a los imputados”.

"Sobre Karina Oliva en atención antecedentes nuevos y contradictorios con lo que dicha candidatura nos aportó en su momento, el Servel ha tomado la decisión de hacer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público con el objeto de que en ese proceso investigativo se llegue a determinar la comisión o no de eventuales delitos electorales", dijo el director del Servicio Electoral.

El diputado, aspirante senatorial y presidente del PC, Guillermo Teillier, aventuró que "con un poquito de empeño" su partido podría sacar dos senadores en Santiago. En Apruebo Dignidad estimaban que si bien Oliva sufriría un desplome, se habría logrado contener una fuga masiva de votos, salvo un trasvasije acotado de electores hacia Fabiola Campillai.

La candidata a senadora por la Región Metropolitana se refirió por primera vez al allanamiento que realizaron efectivos del Gope de Carabineros a la sede de Comunes la tarde del pasado viernes, calificando que el operativo tuvo “fines políticos y electorales” y definiéndolo como “innecesario, desproporcionado y completamente irregular”.

El abanderado de Apruebo Dignidad enfatiza que está dispuesto a encabezar un proyecto que permita la gradualidad: “Chile no se inventa de la noche a la mañana”, remata. Agrega que la construcción de mayorías será clave para hacer viable su programa y sostiene que desde el lunes las conversaciones entre todas las fuerzas de centroizquierda deben darse sin exclusiones.

Indagatorias se enmarcan en la denuncia realizada por Ciper respecto al caso de millonarios pagos a asesores de la campaña a gobernadora regional de Oliva. Desde Comunes, indicaron que no fueron informados del procedimiento policial, el cual calificaron de "desproporcionado" y "como una ofensiva de intervencionismo electoral”. El candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, afirmó que "en la democracia que aspiramos las policías no allanan con metralletas a organizaciones políticas opositoras con transmisión en vivo a horas de una elección".

David Castillo, según el último directorio informado por la fundación al Registro Civil, el cual fue notificado el 3 de octubre de 2020, cumplía roles como presidente del directorio del organismo.