Una de las promesas de campaña de la nueva directiva de Comunes era iniciar un proceso de reestructuración partidaria y, así, superar la crisis suscitada tras el escándalo de Karina Oliva y sus rendiciones de dineros de campaña. Sin embargo, el proceso se ha postergado hasta después del plebiscito. Uno de los temas a considerar es reevaluar la continuidad del nombre de Comunes para la colectividad.
Para este jueves a las 15:30 horas la Fiscalía Sur citó a la exaspirante del Partido Comunes a la Gobernación de la RM y, posteriormente, al Senado. Ante los investigadores debía aclarar la forma en que rindió sus gastos ante el Servel y dar cuenta si cometió algún fraude al supuestamente desviar fondos de su campaña para, por ejemplo, financiar a otros candidatos del pacto Apruebo Dignidad.
Sobre su rol como jefe de campaña de Gabriel Boric, el titular de la Segpres aseguró que “las coordinaciones con las jefaturas de los partidos políticos se hizo con todos los partidos para coordinar todas las candidaturas que habían a nivel nacional”.
La ex jefa de campaña -luego de ser apuntada por la excandidata a gobernadora metropolitana cuando fue consultada en entrevista en Mega sobre las denuncias de irregularidades en los gastos ante el Servel- advirtió que iniciará acciones legales si Oliva o su círculo "continúan difundiendo acusaciones falsas e injuriosas".
En entrevista con Meganoticias, la excandidata a gobernadora metropolitana y a senadora se refirió a las denuncias en su contra por irregularidades en gastos de campaña. Respondió sobre las "donaciones" a otros candidatos que fueron rechazadas por el Servel y acusó a su generalísima, Carolina García, de aprobar sin su consentimiento servicios por parte de empresa perteneciente a imputado por el caso SQM. También indicó que García era quien realizaba las coordinaciones con los otros comandos.
El nuevo timonel electo de la colectividad del Frente Amplio aborda la crisis interna que ha vivido Comunes desde el escándalo que se desató por los dineros utilizados durante la campaña a la gobernación regional de la exmilitante Karina Oliva. "El partido elige superar esa crisis cuando nos elige a nosotros para encabezar la dirección", dice. Aunque desde la lista contraria ya han llamado a impugnar los resultados, Velarde apunta a trabajar incluso con la disidencia del partido para superar el capítulo Oliva.
El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, abordó esta jornada el caso y aseguró que lo que hizo la excandidata a la Gobernación de la RM "es un aporte a otras campañas y en ningún caso un gasto electoral de su campaña”.
Entre los destinatarios de esos aportes estaban los actuales diputados independientes Tomás Hirsch, Ana María Gazmuri y Camila Musante, y la militante de Comunes (antiguo partido de Oliva), Emilia Schneider. La Moneda y Comunes optaron por mantener silencio.
La oposición trazó su línea fiscalizadora en cuatro puntos: Llevar a la Comisión de Ética a las diputadas involucradas, pedirle a los tribunales electorales que se pronuncien, estudiar con abogados la posibilidad de una denuncia ante el Ministerio Público y dialogar con el Consejo de Defensa del Estado para que se querelle. Todo luego de conocerse que la excandidata a gobernadora regional reconoció ante el Servel aportes irregulares a campañas del Frente Amplio.
La excandidata a gobernadora regional y al Senado destinó $ 68 millones de su candidatura para solventar papelería, palomas, balconeras y volantes de otros aspirantes a cargos de elección popular del Partido Comunes y ex Humanistas. El Servicio Electoral (Servel) objetó la devolución de fondos señalando que es irregular, recordándole que un postulante no puede financiar otras campañas y, además, pedir al Fisco el reembolso de dichos gastos que son "personales e intransferibles".
El nombre de la excandidata a gobernadora de Santiago, quien está acusada de realizar gastos irregulares en su campaña electoral, fue durante esta tarde tendencia en Twitter, luego de que varios usuarios de la red social viralizaran información falsa sobre la supuesta presencia de la exmilitante de Comunes en una imagen grupal tomada durante esta jornada en La Moneda.
El alcalde de Macul aborda la crisis del partido tras el escándalo que protagonizó la ex candidata a gobernadora Karina Oliva, quien pertenecía al mismo sector que impulsa su candidatura. En esta entrevista asegura que, de todo el arco de Apruebo Dignidad, Comunes es el partido menos "complaciente" con el gobierno. También alude a su sintonía con el alcalde comunista Daniel Jadue.
La denuncia de millonarias irregularidades en los gastos de campaña de Karina Oliva complicó a Gabriel Boric en la recta final de su campaña. Esta semana el “Olivazo” volvió a irrumpir en la agenda presidencial, junto a otras polémicas protagonizadas por dirigentes de la colectividad. Todo ello, en medio de una elección interna que enfrenta a las dos almas que hace tres años se unieron para crear un partido instrumental que les permitiera acceder a puestos de poder.
En el oficialismo miran con inquietud que la excandidata a la gobernación metropolitana esté intentando implicar al gobierno para salir al paso de las acusaciones en su contra por supuestas irregularidades en la rendición de gastos de su campaña. En Comunes aseguran que sus dichos buscan enredar la elección interna, mientras que desde La Moneda hoy la vocera Camila Vallejo y el ministro Giorgio Jackson reafirmaron que todos los gastos de la campaña están en orden.
La alcaldesa de Santiago fue citada en calidad de testigo para entregar su versión ante el Ministerio Público sobre el “desayuno feminista”, que habría costado $50 millones según la rendición de campaña, y que fue objetado por el Servel. Todos quienes asistieron a ese evento -donde figuran más alcaldesas y diputadas, y hasta la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC)-, serán requeridos por el Ministerio Público. Además, el ente persecutor va tras las pistas de la "bomba" que la excandidata lanzó en su última presentación ante el Tribunal Superior de su ex partido en el que da cuenta de presunto financiamiento ilegal de actividades políticas.
