Según el consejo, en cuanto al perjuicio, se defraudó al Estado en una suma total de $293.093.681, intentando defraudar, además, en un monto de $110.000.000.
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La Dirección Nacional Electoral de Argentina convocó a un grupo de chilenos a ver los resultados en Buenos Aires, entre los que estaba la exmilitante de Comunes, mientras nuevos antecedentes aparecían en la indagación por la que será formalizada.
"No se encuentran disponibles en la carpeta virtual de la causa”, indicaron en escrito ingresado al Poder Judicial. En el documento indican que e “por la prensa”, tomaron conocimiento de la petición que hizo el Ministerio Público y piden que se tenga a la excandidata "por notificada personal y voluntariamente de la resolución" que fijó audiencia para el 20 de diciembre.
El Séptimo Juzgado de Garantía también fijó para el mismo día la formalización de otros 11 imputados por presunto fraude de subvenciones en el marco de su campaña por la Gobernación Regional Metropolitana.
Los balances económicos de Comunes de 2020 y 2021 aún no se han aprobado y en el partido creen que esta labor puede terminarse durante el primer semestre de 2024, fecha en la que el sector contempla concretar su unificación. La fusión solo se podrá hacer cuando todo esté en orden, pues no se quiere partir una colectividad nueva con una situación financiera negativa.
La colectividad que hoy encabeza Marco Velarde reforzó que los exdirigentes de la colectividad que serán formalizados ya no son militantes de la tienda del Frente Amplio. Los problemas financieros heredados no han podido ser solucionados hasta ahora, pues el balance de 2020 fue rechazado por el Servel y el de 2021 aún no se ha entregado.
Actual directiva se refirió a la solicitud de audiencia solicitada por Fiscalía para formalizar a la excandidata a gobernadora y otros exmilitantes por delitos relacionados a fraude en gastos electorales. Recalca su voluntad de colaborar con las indagatorias y afirma que desde que asumió en 2022, ha “tomado medidas para asegurar la correcta administración de los recursos y la rendición de cuentas del partido”.
El fiscal regional de la zona Sur, Héctor Barros, junto a Milibor Bugueño, solicitaron al 7° Juzgado de Garantía de Santiago audiencia para imputar a la excandidata a GORE de la RM y el Senado, además de otros exdirigentes que fueron expulsados del Partido Comunes. A dos años de iniciada la indagatoria se logró acreditar una serie de inconsistencias en la rendición de gastos, triangulaciones de dinero, emisión de boletas ideológicamente falsas y el plagio de informes para luego obtener de forma fraudulenta millonarios reembolsos del Servel.
El Servicio Electoral acusó al Partido Comunes ante la Fiscalía por no respaldar ni devolver dineros entregados por el Estado en 2020 y 2021. A eso se suma la declaración de un militante histórico que develó cómo recursos fiscales entregados para la campaña a GORE de la RM se transformaron en “caja pagadora” de abultados sueldos para personeros de la tienda del Frente Amplio.
El fiscal Milibor Bugueño solicitó ante 7° Juzgado de Garantía de Santiago acceder al detalle de los movimientos de ambas entidades ya que se observaros rendiciones por altos valores y sin el detalle suficiente. Además, en el caso de la fundación, se identificó que el administrador electoral de la excandidata a gore era a su vez tesorero a la ONG a la que le facturaron $ 120 millones por informes que, se sospecha, copiaron a la encuestadora Criteria. Directivos de la fundación, además, aparecen como boleteros sin haber realizado labores en la campaña, según testigos.
Una testigo reservada y decenas de testimonios de excompañeros de militancia fueron la carta de navegación que usaron el Ministerio Público y Carabineros para establecer la opacidad en las cuentas de campaña de Karina Oliva. El escenario judicial que enfrentará la excandidata junto a su expareja y otrora líder de Comunes, Jorge Ramírez, es complejo. Aquí las pistas de un fraude.
Como plantea el penalista Juan Carlos Manríquez, quienes señalan a su representada como responsable podrían tener otras motivaciones. “Yo les aseguro que si Karina Oliva hubiese sido elegida como gobernadora o senadora, esa gente no estaría diciendo lo que está diciendo. Es así de sencillo”, comentó.
En medio del estallido de casos entre ONG y entidades públicas que remece al gobierno, la Fiscalía Sur y el OS-7 de Carabineros avanzan silenciosamente en una investigación que afecta a una de las principales figuras del Frente Amplio en las elecciones pasadas. Una decena de testimonios dan cuenta del método usado por la exmilitante de Comunes y su círculo de hierro para desembolsar millonarias sumas de dineros fiscales por servicios inexistentes a su campaña y donde usó como “fachada” al Movimiento Chile Movilizado, fundación que tenía en su directorio a un estafeta y que, según los interrogados, hace años no existe. El Ministerio Público prepara formalizaciones.
El edil de Recoleta, la excandidata a senadora y dirigentes del Partido Popular -en formación- se sumaron a una marcha en Buenos Aires en la que también participó La Cámpora. El evento marcó el acercamiento entre la colectividad en formación encabezada por exmilitantes de Comunes, Oliva y el alcalde.
Parte de la militancia escindida de Comunes cercana a la excandidata a la gobernación metropolitana -y de otros movimientos afines- está recolectando firmas para conformar una nueva colectividad: el Partido Popular, quienes se definen de izquierda no oficialista, pero tampoco opositora. Pese a la cercanía que hubo con Oliva, hoy ella no es parte del proyecto.
