El fiscal Milibor Bugueño solicitó ante 7° Juzgado de Garantía de Santiago acceder al detalle de los movimientos de ambas entidades ya que se observaros rendiciones por altos valores y sin el detalle suficiente. Además, en el caso de la fundación, se identificó que el administrador electoral de la excandidata a gore era a su vez tesorero a la ONG a la que le facturaron $ 120 millones por informes que, se sospecha, copiaron a la encuestadora Criteria. Directivos de la fundación, además, aparecen como boleteros sin haber realizado labores en la campaña, según testigos.