Si bien el gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) afirma que el país está bien posicionado dentro de la región, aún hay desafíos pendientes. Uno de los más apremiantes, dice, es disminuir la brecha de información sobre sus impactos.
“Las revoluciones siempre han sido lideradas o empezadas por gente educada que está desencantada o frustrada con la situación actual”, advierte el economista ítalo-estadounidense. “Y veo esto como el escenario más probable avanzando en el tiempo”, agrega, en referencia a los riesgos del impacto del reemplazo de algunos empleos a manos de algún tipo de inteligencia artificial.
Los despidos masivos en empresas del sector tecnológico marcaron el 2023 en Estados Unidos, con un estimado de 262 mil recortes en compañías de esta área, lo que ha generado incertidumbre sobre lo que deparará este año. Expertos analizan cómo impacta la irrupción de la IA, desde la experiencia internacional hasta el mercado laboral local y qué se debe potenciar para atenuar su impacto en la pérdida de empleos.
Homicidios, secuestros y extorsiones. Estos son sólo algunos de los delitos ligados a organizaciones criminales que en materia de seguridad marcaron el año que acaba, periodo que ya suma más de 800 asesinatos según cifras de la PDI.
El abogado del titular de Vivienda, Carlos Montes, refuta el argumento de la acusación constitucional que plantea que el secretario de Estado tiene responsabilidad jerárquica en los cuestionados convenios que investiga la Fiscalía. El también decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile recuerda que son los subsecretarios los jefes de servicios de las carteras. “El control que tiene el ministro es un control general”, dice, agregando que Montes tomó acciones como solicitar las renuncias a autoridades.
La excandidata a gobernadora regional de la RM y senadora del Frente Amplio y el PC en las elecciones de 2021 fue formalizada junto a otros exmilitantes del Partido Comunes por el delito de fraude de subvenciones, acusada de abultar sus gastos de campaña para justificar la rendición de platas ante el Servel en más de $ 300 millones.
El Ministerio Público lo imputó como autor de secuestro extorsivo, robo con retención de persona y conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Su defensa asegura que la Fiscalía está exagerando los cargos y que todo se trata de una noche de juerga que terminó de mala forma, pero no en un rapto. Este sábado se sabrá si queda o no en prisión.
Expertos entregan diferentes claves que observar para el plebiscito de este domingo, que definirá el futuro de la propuesta de nueva Constitución. Aunque son superados por quienes ya definieron su postura ante el referéndum, la gran incógnita sigue siendo cómo actuará el grupo de votantes indecisos y los obligados. Estos últimos son los menos motivados a participar y los más desafectados de la política.
Ambos imputados fueron formalizados por el fiscal Cristián Aguilar por tres delitos de fraude al Fisco en medio de la suscripción de convenios entre la ONG ligada a RD y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Y como determinó la magistrada, se expusieron elementos suficientes para acreditar su participación en los hechos.
El Ministerio Público recopila cada una de las piezas de la investigación a partir de tres grandes focos. El primero: la supuesta red de corrupción en el SII y la CMF que se revela en la grabación que hizo la abogada Leonarda Villalobos de la reunión del 22 de junio con el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer. El segundo: la filtración y divulgación del polémico registro tras la querella presentada para indagar la legalidad de este acto. Y, en tercer lugar, la causa “madre”: la facilitación de 9.970 facturas falsas por parte de Factop. En esta última, la abogada Leonarda Villalobos ya comenzó a realizar lo que los fiscales esperan: “Una colaboración más que eficaz”.
La crisis y el debate en torno al devenir de la industria se han intensificado durante las últimas semanas, pues en los próximos días las aseguradoras deberán aplicar la rebaja GES. En ese orden, el exdiputado no niega la fragilidad del sector, ante lo que adelanta que se están buscando medidas para mitigar los efectos. Al mismo tiempo, asegura que existe una preocupación transversal por el posible colapso del sistema.
La última versión de la encuesta CEP reveló que siete de cada 10 chilenos, más allá de su ideología política, “está muy de acuerdo” en que los inmigrantes elevan la criminalidad. Al mismo tiempo, el 37% de los mayores de 60 años se inclina porque los migrantes abandonen sus tradiciones y adopten las chilenas.
La subida de casos que se registró en las últimas semanas en el país no produjo los mismos efectos que antes, y según los expertos, esto se debe a la inmunidad que han adquirido las personas, tal como frente a otras enfermedades.
La decisión del Ejecutivo de dejar la mutualización fuera del cálculo para determinar el monto que pagarían las isapres ha causado diversas reacciones. Sin embargo, desde el mundo técnico aseguran que esta es una decisión que pone en riesgo al sistema y también a la propia secretaria de Estado.
Un nuevo flanco se abrió esta semana para el gobierno en el marco del denominado caso “líos de platas”. El golpe lo dio el contralor Jorge Bermúdez. Tras auditar a 15 Seremis de Vivienda y 9 gobiernos regionales decidió enviar todos los antecedentes a la Fiscalía, dando cuenta de que las irregularidades están esparcidas por todo el país.
