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El Ministerio Público ingresó al Juzgado de Garantía de San Bernardo la acusación en contra del excapitán de Carabineros Patricio Maturana, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola Campillai. La mujer perdió la vista y el olfato por el impacto de una lacrimógena que recibió en su rostro cuando estaba en un paradero de San Bernardo, esperando la micro para ir a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019. La defensa de Maturana pidió la reapertura de la investigación. Entre las diligencias solicitó que se realice una reconstitución de escena y se hagan pericias de tiro que apoyen la hipótesis de su representado, quien asegura haber percutado la carabina bajo protocolos.

Quien fuera subsecretario del Interior entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, Rodrigo Ubilla, entregó su testimonio en calidad de testigo el 15 de abril pasado ante la fiscalía. Mientras que el actual delegado presidencial, exintendente metropolitano, Felipe Guevara, lo hizo el 12 de mayo en calidad de imputado. Se investigan eventuales delitos de violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones del estallido social. Ambos apuntaron a la policía como el ente responsable de tomar decisiones de tipo operativo en materia del uso de la fuerza, señalando que por normativa ellos son quienes definen las estrategias a usar y que el Ejecutivo solo le pidió al entonces general director de Carabineros que “tomara medidas”.

En su testimonio de 11 carillas, y al que tuvo acceso La Tercera, el Mandatario detalló al Ministerio Público que no hubo por parte del gobierno “ninguna advertencia concreta y específica" que previera los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019. Consultado por el Ministerio Público sobre su frase "estamos en guerra ante un enemigo poderoso", explicó que se trató de una alocución retórica y que no se refería a los manifestantes.

La mujer fue víctima de impacto de bomba lacrimógena en San Bernardo cuando iba a su trabajo, el 26 de noviembre de 2019. En total, la fiscalía lleva investigando este caso un año y medio. El 27 de mayo, el Juzgado de Garantía de San Bernardo resolvió -a raíz de una petición de la fiscal Paola Zárate- fijar una audiencia para discutir la ampliación del plazo de la indagatoria para el 3 de septiembre de 2021. Ante el aplazamiento del proceso judicial, se inició una campaña con el objetivo de exigir celeridad a la justicia en este emblemático caso del estallido social.

Jorge Martínez Cornejo trabaja en la defensa de gran parte de los altos mandos de la policía uniformada, incluido el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Es crítico de la instrucción del fiscal nacional, Jorge Abbott, de revisar las causas de derechos humanos del estallido social, archivadas y con decisión de no perseverar. "No hay que olvidar que una responsabilidad enorme por parte de los organismos del Estado, especialmente por parte del fiscal nacional, es que él como abogado y su institución deben velar por la paz social", sostiene.

Entre el 14 y 24 de abril, la fiscal Claudia Perivancich tomó declaración, en calidad de testigos, a los generales Mauricio Rodríguez, subdirector de Carabineors; Enrique Bassaletti, director de Operaciones Policiales; Enrique Monrás, jefe de la Zona Metropolitana Este, y a la general Karina Soza, jefa de la Dirección de Derechos Humanos. Los uniformados detallaron cómo era la comunicación con el mando para enfrentar las manifestaciones y cómo se dispusieron los operativos policiales durante el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020.

En una maratónica jornada, y tras 10 horas de interrogatorio, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, hizo este miércoles sus descargos ante el Ministerio Público por las querellas que lo culpan a él y a otros miembros del alto mando, además de autoridades de gobierno, de dar presuntas órdenes para autorizar ataques sistemáticos a la población civil que participaba en manifestaciones tras el estallido social. El jefe de la policía uniformada descartó ante la fiscal Claudia Perivancich tal hipótesis y aseguró que "la mejor demostración de ello es que no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros".

Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, quien indaga eventuales delitos de lesa humanidad durante el estallido social, expuso ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sobre las complejidades para perseguir esos ilícitos. En ese alegato reveló que su indagatoria comprende los hechos ocurridos entre el estallido social y marzo de 2020, y que la mayor parte de sus diligencias están abocadas a indagar eventuales abusos policiales que se produjeron en la Plaza Baquedano.

Ricardo Yáñez llegó esta mañana hasta la Fiscalía Regional de Valparaíso para presentar su testimonio, en calidad de imputado, ante la fiscal Claudia Perivancich.

El 3 de marzo la Contraloría propuso al general director de Carabineros sancionar a generales por las instrucciones impartidas durante el control de manifestaciones, entre octubre y diciembre de 2019. En paralelo, la fiscalía investiga presuntos delitos de lesa humanidad por parte de Carabineros en el mismo periodo. Al interior del Ministerio Público hay quienes temen que la sanción administrativa los imposibilite de seguir con su indagatoria, a raíz del caso del secretario del Senado, Raúl Guzmán, quien logró no ser formalizado por infracción sanitaria tras recurrir al TC y decir que no podían aplicarle un doble castigo.

Tras la muerte de Manuel Contreras, la presidenta del PS ingresará hoy una moción que priva a los militares del uso de uniforme o condecoraciones y los incapacita para desempeñar cargos públicos.

Además la querella está basada en el acoso y coacción a una religiosa española por el grupo terrorista en Nigeria.

El equipo, con experiencia en casos de narcotráfico y lesa humanidad, asumirá las tareas de la 'Fiscalía Especial AMIA', que desde 2004 estuvo a cargo del fiscal muerto.

El informe sugiere que los delitos cometidos por la dictadura "constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía".

La tragedia ocurrió el 14 de marzo de 1978, durante la represión de un motín por parte del servicio penitenciario federal en la cárcel de Devoto, en Buenos Aires.