La Fiscalía Sur pide 8 años para el docente -uno de los primeros detenidos previo al estallido social-, contra quien el gobierno invocó la normativa que endurece las penas para delitos ligados al orden público. Pese a que el Ministerio del Interior ya desestimó la acción judicial en su contra, su defensa apunta a que el Ejecutivo no ha realizado gestiones para que la empresa estatal del tren subterráneo haga lo mismo. Esto para poder cambiar su situación procesal y así pactar una salida judicial distinta a un juicio oral.
24 may 2022 02:02 PM