La ministra del Interior se refirió a la aprobación -en la Comisión de Seguridad del Senado- de 10 de las 14 observaciones (vetos) que el Presidente Gabriel Boric envió al Congreso para intentar corregir la normativa. "Lo que nos parece importante ahora es que se aprenda la experiencia de que en la tramitación hubo muchas oportunidades para resolver estos problemas", aseguró.
A nombre de Chile Vamos, el senador Felipe Kast dijo que "lo más probable es que el gobierno logre imponer su voluntad", por ello, anunció que presentarán un nuevo proyecto legal para que las tomas "no violentas" tengan penas de presidio. En la Comisión de Seguridad, al final, la derecha apoyó gran parte de las correcciones del Ejecutivo, con el fin de optar por "el mal menor".
Tras la votación, el trámite en la instancia se entendió por cumplido. “Este proyecto de ley, a pesar del veto, es un gran avance”, afirmó el presidente de la comisión, Felipe Kast. Oposición anunció una nueva iniciativa una vez finalizado el trámite.
"Será el gobierno el que tendrá que explicarle al país por qué en Chile, después de su veto, robar un celular en un supermercado va a tener penas de cárcel y usurpar una parcela va a ser simplemente una multa”, sostuvo el senador Felipe Kast (Evópoli), presidente de la comisión de Seguridad.
El presidente de la comisión de Seguridad y senador Evópoli no descartó utilizar la estrategia de recalificar las observaciones sobre las tomas "no violentas", el último nudo que traba las conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición.
En el veto enviado al Congreso para corregir la Ley de Usurpaciones, La Moneda planteó un mecanismo para que el juez resuelva si aplica una multa o bien la pena de presidio en aquellas ocupaciones sin violencia física ni intimidaciones. El Senado pretende votar esta semana las observaciones presidenciales.
En el mismo contexto, la alternativa Apruebo alcanzó un 28%, y pese a ser la opción minoritaria, en las últimas dos semanas ha alcanzado un alza de siete puntos desde el pasado 22 de septiembre, según el sondeo de opinión.
La parlamentaria, además, respaldó los dichos de la ministra Carolina Tohá, quien señaló en el Congreso que el proyecto de ley de usurpaciones “puede aplicar cárcel a personas que están en campamentos”.
Golpeados por la noticia de que Chile no será sede en el evento deportivo, duras críticas de la oposición a la ministra Carolina Tohá por la agenda de seguridad y los cuestionamientos a la titular de la Segegob, Camila Vallejo, fueron algunos de los flancos que tuvo que intentar contener La Moneda.
"La regla como quedó exime en el caso de los campamentos no la pena, sino que la detención, entonces esas personas cometen igualmente el delito. No pueden ser detenidas, pero igualmente pueden ser condenadas penalmente", argumentó el titular de Justicia.
En una tensa sesión en el Senado, la ministra del Interior criticó que la iniciativa tal y como fue despachada por el Congreso "puede aplicar cárcel a personas que están en campamentos” y que las disposiciones transitorias aplicadas por los legisladores para evitar ese escenario solo tendrían efectos policiales, mas no judiciales.
La jefa de Interior señaló que aunque la iniciativa tenga un criterio especial para las tomas históricas, ello no anula eventuales condenas en un juicio. “La ministra o sabe poco de derecho o interpretó maliciosamente la norma”, respondió la senadora UDI Luz Ebensperger. Las tensiones por este episodio se suman al revés que sufrió esta semana con la norma sobre porte de combustibles.
El presidente de la comisión de Seguridad del Senado insistió en que la titular de Interior está “compartiendo información falsa” sobre las penas a tomas históricas y aseguró que desde la oposición incluso estaban dispuestos a ceder al gobierno el tema de la “legítima defensa privilegiada”.
En medio de su visita a la Región de Coquimbo, el Mandatario abordó el veto presidencial y enfatizó que "lo que tenemos que hacer es preocuparnos de no criminalizar y de ser cuidadosos de cómo evitamos que hayan usurpaciones, sin criminalizar a la pobreza, y ahí hay equilibrios que son difíciles de encontrar".
La alerta levantada por los ministros provocó un remezón entre legisladores del oficialismo y la oposición, cuya intención era eximir de los efectos penales a aquellas tomas históricas. Sin embargo, desde el gobierno precisaron que la excepción sólo se aplica para detenciones policiales y desalojos anticipados, pero que ello no anula eventuales condenas en un juicio.
