La misiva, suscrita por 25 legisladores de Chile Vamos y republicanos, es una respuesta a la defensa que la ministra del Interior hizo en el Congreso a las indicaciones del Ejecutivo al proyecto del ley, donde señaló que “entendemos que la derecha piense que todas las personas que están en campamentos deberían ser condenadas a la cárcel".
En lo que va del año, según cifras del Ministerio Público, se han registrado 1.593 casos a nivel nacional de usurpaciones violentas y no violentas. Lo anterior es parte de la discusión luego de que el gobierno decidiera vetar la iniciativa aprobada por el Congreso y con la cual se busca penar con cárcel este tipo de delitos.
El presidente de la comisión de seguridad del Senado, que este miércoles inicia el análisis a las observaciones del Ejecutivo, dijo que el primer paso es que la ministra del Interior exponga en detalle las indicaciones al proyecto de ley contra las ocupaciones ilegales.
“Lo que tenemos en la Macrozona Sur es un problema de naturaleza política que no lo van a resolver los tribunales y el Código Penal”, señaló el senador DC.
Si bien la iniciativa fue enviada por el propio Ejecutivo, durante el trámite legislativo la oposición endureció la norma y calificó el porte injustificado de acelerantes como delito. Pese a que el gobierno quería forzar una nueva negociación, la Cámara despachó a ley el texto, lo que obliga al Presidente a promulgarlo. La aplastante derrota se sumó a los cambios que sufrió el gobierno en la normativa de usurpaciones.
El ministro secretario general de la Presidencia, se refirió a las observaciones ingresadas por el Ejecutivo al proyecto contra las ocupaciones ilegales, asegurando que “no es lo mismo que un grupo armado entre a un predio a expulsar a las personas provocando todo tipo de daños, a que una persona en situación de calle en un sitio eriazo se instale con un par de tablas para tener un lugar donde vivir”.
La ministra del Interior había utilizado el término “usurpación pacífica” para definir los casos en los que no se presente violencia o intimidación a las personas. Todo ello, en el marco de la discusión por el veto del gobierno al proyecto de Ley de Usurpaciones. Esta mañana, sin embargo, recalcó que el "término correcto" al que aludía es usurpación "no violenta".
Ahora será la Cámara Alta la que deberá pronunciarse sobre las 14 observaciones enviadas por el Ejecutivo, que deberán ser aprobadas o rechazadas por mayoría simple. En este último caso, los legisladores podrán reponer el texto original por 2/3 de los senadores en ejercicio.
El presidente del Senado se refirió a las observaciones que hizo el Ejecutivo a la ley de usurpaciones, asegurando que la calificación de tomas no violentas “solo existe en la mentalidad de quienes diseñaron esta política”. Además explicó que el siguiente paso es que en la comisión de seguridad de la Cámara Alta se revise la admisibilidad y la categoría del veto ingresado por el gobierno.
Ante el complejo quórum de 2/3 que deben alcanzar para insistir en el texto original despachado desde el Congreso a fines de agosto, en Chile Vamos evalúan la opción de recurrir un mecanismo legislativo que podría permitirles hacer caer el veto del gobierno.
El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se sumó al reproche de su sector ante del veto presidencial. En ese sentido señaló que el gobierno lo que está haciendo es "tratar de torcerla (la ley) con una herramienta constitucional”.
El militante de Evópoli y parlamentario por la Región de La Araucanía advirtió que “el ánimo después de la decisión de ellos no es el mismo", con respecto a la agenda de seguridad que se discute en esa instancia legislativa. En la mañana desde el gobierno las ministras Carolina Tohá y Camila Vallejo salieron a defender la decisión del Ejecutivo.
"Se estaba desvirtuando esto y estaba abriendo paso a generar una especie de ley de la selva, la ley del más fuerte para enfrentar este tipo de delitos", advirtió la vocera de gobierno.
Además, la ministra del Interior, manifestó que “como Ejecutivo no es que nos guste presentar vetos, son siempre polémicos y se usan en casos excepcionales”.
El Ejecutivo ingresó las correcciones a la iniciativa con el objetivo de eliminar la legítima defensa privilegiada, que permitía -a su juicio- una “justicia por mano propia”. Hasta el final, el nudo fue la pena de cárcel para las tomas no violentas.
