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La acción busca que el tribunal declare que Google ha infringido las normas de libre competencia "al abusar de su posición cuasi monopólica en los mercados de búsquedas y de publicidad asociada a las búsquedas”, resume el texto. Se pide además que se imponga una multa en beneficio fiscal por cerca de US$48,5 millones. "La demanda va en línea con lo que han realizado algunos de los principales medios de comunicación online del mundo", señala el gerente general de Copesa, sumándose así a medios de EE.UU. Australia y Europa. Con todo, la firma chilena es la primera en América Latina en realizar este tipo de acción legal.

La Fiscalía Nacional Económica presentó un recurso de reclamación en contra de la sentencia que dictó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que desestimó su requerimiento por colusión en contra de empresas de helicópteros que combaten incendios forestales.

En su sentencia, el tribunal de alzada acreditó “que producto de la campaña publicitaria desplegada por los ejecutivos de Entel mediante una plataforma denominada de call center, en el período de enero a marzo de 2018, utilizando los argumentos descritos, se portaron producto y a causa de ella de Wom a Entel 10.706 clientes de sistema de prepago”. Frente al fallo, Entel anunció a Pulso que irá a la Corte Suprema.

El abogado Ricardo Riesco Eyzaguirre escribió un extenso documento sobre su paso por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), entre diciembre de 2018 y 2022, durante dos gobiernos. Riesco contó ahí episodios desconocidos de su relación con gobierno y parlamentarios y, entre otras cosas, cómo la inversión china despierta racismo y clasismo. "El primer desafío que, a mi juicio, es la base indispensable de todos los demás, es recuperar el presupuesto anual de la FNE para que pueda cumplir adecuadamente sus funciones legales", dijo.

En conjunto a Brasil y México, las instituciones fueron las mejores posicionadas de la región con 3,5 estrellas cada una. A nivel global, con este mismo nivel, se encuentra Australia, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Sudáfrica, España y Turquía.

Abogados especialistas en libre competencia se mostraros sorprendidos con la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que se abrió a discutir los efectos que provoca la concentración económica de conglomerados en Chile. Los consultados destacaron que la resolución está dentro de las facultades del tribunal, pero también recalcaron que es un proceso complejo.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia abrió un “expediente de recomendación normativa sobre participación de grupos empresariales en distintos ámbitos de la economía” y resolvió oficiar a distintas reparticiones públicas. La apertura del proceso se hizo a solicitud de Conadecus, que se apoyó, entre otros documentos, en la tesis de grado del ex presidente Ricardo Lagos de 1960 y en estudios del economista italiano Luigi Zingales.

Esto es parte una serie de compromisos del gremio adquiridos con la Fiscalía Nacional Económica recién aprobado por el Tribunal de Libre Competencia, poniéndole término a la investigación.

El gremio asume los hechos constatados por los antecedentes de la FNE, y adquiere una serie de compromisos a cumplir en el caso de que el TDLC apruebe el acuerdo, incluye el pago de cerca de US$1 millón a beneficio fiscal.

“Deben terminar las prácticas que vulneran la libre competencia en la comercialización de cerveza en el canal de consumo inmediato", afirmó el fiscal Jorge Grunberg.

La Fiscalía Nacional Económica, a través de un requerimiento de Ley de Acceso a la Información Pública, informó que el nuevo jefe del servicio se ha inhabilitado en 12 investigaciones, entre ellas, varias que involucran a medios de pago. El número de causas en las que Grunberg se abstendrá es menor al de su antecesor en cargo, Ricardo Riesco.

El tribunal confirmó las multas impuestas que ascienden a un total de 1.194,4 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $900 millones, las que fluctúan entre las 20 y 160 UTA ($15 millones y $120 millones) por cada empresa.

“El Tribunal ha reconocido, en el otorgamiento de esta medida cautelar, que hay riesgos reales para la libre competencia”, dijo Lorena Arriagada, secretaria general de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet).

El futuro accionista de Farmacias Ahumada, Guillermo Harding, a través de un grupo de sociedades arrienda casi una treintena de inmuebles a Socofar, matriz de Cruz Verde, la misma empresa que él controló y que luego vendió a los mexicanos de Femsa. El empresario arrienda el terreno donde Cruz Verde opera su mayor centro de distribución en Santiago. Por ese arriendo, Harding percibe más de $ 2.000 millones al año.

Si bien ambas compañías ya le habían ofrecido a la FNE la venta del centro de juegos de Enjoy, el organismo pidió más detalles sobre cómo se concretaría esa enajenación. Basándose en la misma Guía de Remedios de la Fiscalía, las dos empresas habrían planteado desprenderse del activo en nueve meses, poniendo el acento eso sí en que hay una parte del proceso que no es resorte de ellos sino de la Superintendencia de Casinos.