Los informes de Gendarmería recomendando que no se indultara a 6 de los 12 beneficiados por el Presidente Gabriel Boric, reabrió el flanco que el gobierno se ha empeñado en radicar en el Tribunal Constitucional. La derecha canalizará una arremetida a través de la comisión investigadora y hay voces que no descartan una acusación constitucional al propio Mandatario.
El secretario de Estado recalcó que “el TC pidió reserva de esa información, esos antecedentes son mucho más complejos que el que está contenido en la referencia que se realiza a ese expediente".
“No lo descarto, pero no lo voy a anunciar por la prensa antes”, manifestó el mandatario. En la mañana, el ministro de Justicia, Luis Cordero había afirmado que “Punta Peuco no es un penal que nosotros podamos cerrar, es una penal que podríamos optimizar”.
En la instancia, además, participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero; y la exsubsecretaria de DDHH, Haydee Oberreuter, siendo la última actividad a la que asistió con su cargo.
Este martes el organismo liderado por Juan Peribonio determinó acoger la solicitud del secretario de Estado, Luis Cordero, para enfrentar los requerimientos presentados por senadores de oposición.
Hasta ahora, de los 21 integrantes del máximo tribunal sólo ocho son mujeres, por lo que el gobierno ha manifestado que uno de sus compromisos es avanzar en mayores equilibrios. Si bien el ministro Luis Cordero espera avanzar en base a acuerdos con el Senado, en esta oportunidad desde el Ejecutivo también relevan que las más altas votaciones para ingresar a la quina las tuvieron mujeres. Desde asociaciones de magistrados aseguran que de concretarse dicho planteamiento sería un "gran avance".
Los abogados representantes de los senadores que acudieron al Tribunal Constitucional buscando revertir 7 indultos otorgados por el Presidente Boric, alegan que el Ejecutivo no respondió correctamente ante los cuestionamientos de inconstitucionalidad de los decretos, además de presentar argumentos erróneos para defender dichas determinaciones.
Un nuevo envión ha tenido la postergada reforma al sistema registral que vuelve a la escena judicial con la arremetida que emprendió el ministro de Justicia, Luis Cordero. La autoridad ha sostenido reiteradamente que urge "desnotarializar" un grupo de trámites y revisar los costos de estos servicios, que han sido catalogados por la propia FNE como un mercado monopolizado. El gremio, como es de esperarse, se resiste a una reforma profunda, aunque ya pidieron por la Ley de Lobby una reunión con el Ejecutivo.
Cordero señaló que la abstención de Contraloría sobre emitir pronunciamiento respecto a la legalidad de los decretos era previsible, dado que el TC ya había declarado admisible un requerimiento que busca impugnar los beneficios. Reveló, además, que el tribunal ofició a la cartera que dirige para solicitarle "copia de todos los indultos que se han otorgado desde 1981 hasta la fecha".
El secretario de Estado insistió en la correcta aplicación del beneficio presidencial y adelantó posibles problemas para la acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos, por la presentación que hizo un grupo de senadores ante el Tribunal Constitucional.
Hace unos días, el abogado experto en Derecho Público se convirtió en el ministro de Justicia número 196 de la historia. Quienes lo conocen aseguran que el cargo era un oculto anhelo que siempre tuvo, principalmente porque esa Secretaría de Estado es la encargada de relacionarse con la Corte Suprema, organismo al que ha estudiado en detalle y con ahínco durante décadas.
Luis Cordero también aseguró que si la tesis de la oposición para impugnar los beneficios carcelarios fuese correcta, "no solo serían irregulares estos indultos, sino que también los que han sido dictados en el pasado”.
Luis Cordero advirtió que las arremetidas de la oposición ante Contraloría y el Tribunal Constitucional (TC) podrían comprometer los beneficios carcelarios otorgados en administraciones anteriores.
El secretario de Estado también dijo que el debate ha quedado trabado en "las consecuencias jurídicas de los indultos".
La titular de la Segpres señaló que Luis Cordero -quien asumió el miércoles- ya se encuentra abocado en esa tarea y que, en consecuencia, "será él quien dará la pauta de lo que hay que hacer y hay que esperar ese pronunciamiento”.
