Un agricultor y su esposa quedaron con lesiones en el 30% y 17% de su cuerpo, respectivamente, por lo que permanecen en la UCI del Hospital Regional de Temuco. En otro atentado en Ercilla, sujetos desconocidos quemaron dos viviendas, bodegas y maquinaria agrícola, sin que se produjeran víctimas.
Proyectil perforó el vehículo que trasladaba al funcionario, quien resultó herido en una pierna. Carabineros realiza pericias para corroborar el calibre del arma utilizada en el incidente.
Se trató de un ataque concertado por desconocidos que irrumpieron encapuchados y armados en el fundo para incendiar los inmuebles y la maquinaria.
En tanto, tres integrantes de una familia de comuneros de Ercilla fueron detenidos en un allanamiento en que se confiscaron más de 10 kilos de marihuana, dinero en efectivo, tres armas de fuego, chalecos antibalas y una importante cantidad de municiones.
Estudio recabó antecedentes, en relación a los resultados que han tenido tanto la fiscalía, como la policía, en la persecución penal por diversos atentados incendiarios que han sido perpetrados por desconocidos, tanto a empresas forestales, agrícolas y particulares en la zona sur del país. Patricio Santibáñez, presidente de la Multigremial de La Araucanía, señaló que “si el 2% de las causas terminan en condena estamos hablando de una profunda crisis del de la justicia. Sin justicia no hay democracia. Hay una crisis de impunidad".
Los hechos tuvieron lugar en una planta dedicada a la venta de áridos y arriendo de maquinaria ubicada en el kilómetro 19 de la Ruta S-40. Otro ataque se registró en Panguipulli, en la Región de Los Ríos. En ambos sucesos se encontraron mensajes alusivos a la llamada causa mapuche.
Fabián Llanca Nahuelpi habría atacado a tiros dos propiedades del agricultor René Urban, así como la Subcomisaría de Ercilla y la escuela Santa Rosa, de la misma comuna.
No se registraron personas lesionadas por el hecho, que es investigado por el Laboratorio de Criminalística de la PDI.
El ministro del Interior apunta a que el narcotráfico y el crimen organizado funcionan siempre igual, tanto en la Región Metropolitana como en La Araucanía. Sin embargo, dice, en esta última zona encuentran un “paraguas donde cobijar sus ilícitos”. Además, destaca que este año se ha decomisado 135% más de droga que en 2020.
Grupo de convencionales emitió una declaración a raíz de los hechos ocurrido en Tirúa, señalando que el diálogo es el "único camino viable en la búsqueda del entendimiento tan necesario para Chile y su futuro".
Carlos González es quien está a cargo de los funcionarios de Control y Orden Público entre el Biobío y Los Lagos. Sin embargo, su centro de operaciones está en La Araucanía, zona que ha sido escenario de los últimos hechos de violencia rural. El alto oficial de la policía uniformada es crítico de las medidas de protección dispuestas por el Ministerio Público a predios que han sido objeto de ataques y también de quienes se adjudican los atentados: "Todos los detenidos que hemos tenido, de una u otra manera, están involucrados en esta orgánica del narcotráfico. Hoy día está a la vista y paciencia de la ciudadanía que estos grupos, más allá de mantener la bandera de la reivindicación territorial, están tras organizaciones criminales".
El documento revela los temores de los funcionarios judiciales de la zona y cómo es convivir con la violencia rural, en medio de audiencias de formalización y juicios. “Varios funcionarios han sufrido ‘encerronas’ durante el traslado a sus hogares (...). Salir se torna una aventura riesgosa e insegura". Se expone el caso de la jueza que circula en un vehículo blindado, o el caso de un magistrado que no encuentra arriendo disponible, porque nadie quiere pasarle su casa a un miembro del Poder Judicial que podría ser blanco de un atentado. Hay "muchos testimonios de sucesos del día a día que los hacen trabajar con el fantasma del temor”, dice el texto remitido por el ministro Arturo Prado al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.
La autoridad sostuvo que el ataque se registró en la zona en que fue abatido el integrante de la CAM Pablo Marchant. Según el titular del Interior “la señal que quieren dar con una ataque en el mismo lugar es una señal de reivindicar la muerte de una persona que ingresó con un fusil de guerra e ingresó encapuchada a atacar entre otros a un adulto mayor”.
A 228 días de dejar La Moneda, el Mandatario les encomendó a los titulares de Interior, Rodrigo Delgado, y secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, apurar la tramitación de las leyes "Juan Barrios", crimen organizado, la creación de la Defensoría de las Víctimas, entre otras, enfocadas a endurecer las penas a las acciones ilícitas, con especial énfasis en los delitos vinculados a la violencia rural.
