Según analizan las autoridades de gobierno, al existir más atentados, hay más detenidos, porque se dan más reivindicaciones de parte de las agrupaciones ligadas a la violencia rural. Y eso se ve reflejado, dicen, en las cifras del reporte de la unidad de Macrozona Sur en base a cifras de Carabineros y PDI de julio de 2021. En total, durante este año ya van detenidas 304 personas por delitos de violencia rural, un 407% más que el año pasado.
En un texto, la Coordinadora Arauco Malleco se refirió a la muerte de Pablo Marchant, militante de sus filas, criticó a la Convención Constituyente y señaló que "reivindicamos que la base concreta de esta estrategia debe ser, en primer lugar, la declaración de guerra directa contra las forestales y toda expresión del capitalismo en nuestro territorio".
Uno de los detenidos quedó en prisión preventiva y el otro bajo la sujeción del Sename. El arma, tenía encargo por hurto y será periciada, con el objeto de establecer si fue una de las que se distinguen en los videos del funeral de Marchant, realizado en el sector de Poluco Pidenco en Lumaco, en el que se ve a sujetos armados custodiando el féretro. Además se espera establecer si se han cometido con esa arma delitos vinculados a la violencia rural.
13 camiones, 24 maquinarias, un minibús y una camioneta han sido quemadas tras el enfrentamiento que dejó a un comunero muerto en Carahue. "Nadie puede validar el uso, porte y ataque de armamento de guerra que no tiene otro fin que matar personas", dijo el subsecretario Galli. De acuerdo a cifras de la policía, delitos de violencia rural han aumentado en un 125% este año respecto a 2020.
Consejo General de Fiscales del Ministerio Público junto al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, destacaron “la convicción de servicio público que les asiste y que queda en evidencia en su trabajo”.
En la sesión de hoy jueves, los constituyentes discutirán sobre una eventual declaración en conjunto respecto de la situación de las personas detenidas durante el estallido social, como también por "la judicialización del conflicto político y social que mantiene el Estado nación mapuche”. El gremio que reúne al sector productivo envió una carta a Elisa Loncón pidiendo que no haya impunidad. Ello, mientras autoridades policiales y judiciales de la zona perfilan a los reclusos que concentran más reivindicaciones por su liberación.
En reportaje del canal estatal, donde se muestran grabaciones de cuando ocurrió la balacera, el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez relatan los tensos momentos que debieron vivir el pasado 27 de marzo. Afirman que aún no tienen certeza de quién está detrás del ataque y que esto debe ser aclarado por el Ministerio Público.
"No obstante atribuirse la CAM en distintos medios de comunicación y haber ingresado más de cuarenta personas al interior del predio, no hemos podido gestionar ante las policías o el Ministerio Público, por razones que todavía no conocemos, el desalojo”, señaló Augusto Robert, gerente de Asuntos Corporativos de CMPC zona sur.
El Centro Nansen, dirigido por el chileno Alfredo Zamudio, ha estado en contacto directo con autoridades locales, como senadores, agricultores y el obispo de Temuco, para intentar acompañar un diálogo. La idea inicial del gobierno era que el Presidente anunciara un rol formal de esta ONG en su mensaje del martes, pero ello hasta la fecha no se ha concretado. Sin embargo, ya está asesorando a entidades del gobierno. La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, dijo que "estamos en un proceso de talleres con Alfredo y su equipo, donde estamos aprendiendo para poder aplicar en los distintos diálogos”.
Entre enero y mayo de este año, las emboscadas a la policía uniformada han sido recurrentes y más violentas que en periodos anteriores: en todo 2019 se registraron 13 uniformados lesionados con disparos y en 2020, 17. Por su parte, la esposa del fallecido cabo Eugenio Nain, reclama que "sus compañeros están aburridos, cansados de la misma gente, de tener que ir a Ercilla a Metrenco. Van con miedo, porque en ellos está la memoria de cada carabinero caído".
Pablo Urquízar abordó las críticas a la gestión del gobierno en materia de seguridad en el sur del país, luego del asesinato del sargento de Carabineros Francisco Benavides. "Pensar que una sola persona va a solucionar un problema que lleva décadas me parece errado", dijo.
El 20 de mayo un accidente de tránsito, protagonizado por un trabajador del Parque Eólico Malleco, terminó con el fallecimiento de un motociclista con residencia en Collipulli. Esto activó tensas negociaciones entre los comuneros de la zona y los representantes del proyecto. Ayer, Carabineros medió durante toda la mañana para que las protestas se suavizaran y los empresarios buscaran un acuerdo con los manifestantes. Nada funcionó y los tres hijos del sargento Benavides quedaron sin padre.
Desde el 2018 a la fecha son 16 los atentados contra escuelas, jardines y colegios rurales, entre las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Lagos. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, sostuvo que "nosotros tenemos dos líneas de acción: la coordinación con el Ministerio del Interior, para poder hacer los esfuerzos por evitar este tipo de hechos; y lo otro es ir en apoyo a las comunidades para recuperar esta infraestructura lo antes posible".
Según el texto de la Coordinación de la Macrozona Sur, existe un circuito del delito que parte por la usurpación y protección, continúa con el blanqueo y termina en compradores ilegales o siendo exportado o entregado a intermediarios para su posterior venta. A raíz de las cifras de alto nivel de violencia en la zona y considerando la importancia del recurso maderero para el país, el gobierno estableció un plan que consta de tres líneas de acción: alarma temprana con vigilancia aérea, control carretero de Carabineros y Conaf en puntos estratégicos y auditorías del Servicio de Impuestos Internos (SII). Esto último, para hacerse cargo de los compradores ilegales, el acopio y el blanqueo.
Representantes de Interior y del ente contralor ya mantuvieron conversaciones sobre si existirían posibilidades de acoger la idea. La posición que transmitieron desde la institución liderada por Jorge Bermúdez, sin embargo, fue negativa, aunque destacaron que nunca se cerrarán a estudiar algo, pero habría un diferencia sustancial con el documento que se pensó para enviar a las FF.AA. al norte: la amenaza exterior, que en el caso de La Araucanía y el Biobío, no se presentaría y podría ser inconstitucional.
