El pasado 1 de noviembre se dio a conocer una cifra alarmante: "Más de 50.000 estudiantes desvinculados entre los años 2021 y 2022 en todos los niveles y modalidades”.
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El ministro de Educación -quien aborda su agenda para los variados flancos que tiene abierta su cartera- respalda las solicitudes que recibieron los rectores por parte de Interior para entregar antecedentes de quienes protagonizan los desmanes en los liceos emblemáticos y enfrenta las críticas a su gestión. “Cuando alguien dice que hay inactividad, yo encuentro que eso es un poquito injusto”, asegura.
"Desde el Ministerio de Educación, mi preocupación, la preocupación del gobierno es que impulsemos acciones en conjunto con el financiamiento disponible y con la voluntad de avanzar", señaló el secretario de Estado tras encuentro con sostenedores.
El secretario de Estado manifestó que estos establecimientos seguirán siendo apoyados por el Ministerio de Educación. "Es una discusión artificial", argumentó.
El titular del Mineduc indicó que se debe generar una “vinculación cada vez más estrechas entre cada centro educativo y esas familias”.
Tras el anuncio de una reducción de los aportes para este tipo de colegios, el titular de Educación aseguró que estos establecimientos "seguirán recibiendo los recursos asignados a sus convenios”.
El titular de Educación, apeló a "mejorar la gestión financiera de los municipios", con el fin de "cumplir con los compromisos ante profesores y profesoras”.
El Ejecutivo decidió abordar las crecientes protestas estudiantiles desde Interior, Educación y Transportes, y aunque endurece el tono contra "un uso fetichista de la violencia", busca poder llegar a acuerdos con quienes logran sentarse a conversar. Justamente, ayer el ministro Ávila se reunió con varios centros de estudiantes.
"Es fundamental fortalecer el tejido político e institucional del Frente Amplio”, señala en la misiva Marco Antonio Ávila (RD), el mismo día en que su partido sufrió un duro golpe con la salida de Miguel Crispi (RD) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), cargo que fue entregado a Nicolás Cataldo (PC), tras su fallido nombramiento como subsecretario del Interior durante el cambio de gabinete del pasado martes.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila afirmó que se trata de estudiantes "realmente violentos”, que “pueden atentar contra la vida de sus propios compañeros y quizás también de los profesores".
"No estás hablando de jóvenes revolucionarios, sino de una acción irracional, que raya en lo delictual y que no tiene ninguna profundidad política", dice el secretario de Estado a casi seis meses de haber asumido una cartera desde la que le ha tocado lidiar con una creciente violencia escolar y desde donde pretender cambiar el paradigma educativo de la sociedad chilena.
Marco Antonio Ávila, aseguró que actualmente se cuenta con un “currículum extenso, muy rígido y contenidista", en esa línea, señaló que en los profesores hay consenso en "que el currículum debe ser priorizado, y eso es parte de lo que vamos a proponer".
Marco Antonio Ávila aseveró que se llegará a un "acuerdo y fecha" de pago y afirmó que "no va a ser difícil su tramitación en el Parlamento porque todos los diputados, diputadas y senadores y senadoras conocen esta historia y saben que es una deuda del Estado con sus profesores". En tanto, sobre la condonación del CAE, destacó que "el 2023 será presentando este proyecto de condonación para la deuda de los estudiantes".
El ministro Marco Antonio Ávila presentó una caracterización socioeconómica de los deudores del Crédito con Aval del Estado, sentenciando que “aquí hay una promesa importante que no se cumplió, asociada a la movilidad social”. Propuesta de condonación considerará variables deducidas de este estudio y se materializará tras la reforma tributaria.
El martes pasado, el ministro Marco Antonio Ávila expuso en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre la iniciativa que busca, entre otras cosas, postergar hasta 2024 el traspaso de la administración de algunos colegios aún municipales, así como extender la voluntariedad del proceso evaluativo al que se someten los profesores.
