Similar a lo que ocurre en el país europeo, donde la centroderecha ha tenido que lidiar con una apuesta más dura como Vox, en Chile el gremialismo tiene que hacer lo propio con el Partido Republicano de José Antonio Kast.
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Entre las diligencias solicitadas por la Brigada del Ciber crimen de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) está el oficio a través del procedimiento previsto en el Tratado de Asistencia Judicial Mutua (MLAT) a la empresa Twitter en Estados Unidos, a fin de obtener toda la información de los perfiles indagados. Se trata de 32 cuentas de dicha red social que se han encargado -según acusa- de lanzar una serie de falsedades e injurias en contra de su familia.
La nueva secretaria general de la colectividad plantea que el partido tiene que cambiar la lógica y dejar de defender la “estantería”. Además, dice que un pacto con J. A. Kast en la convención es necesario o, de lo contrario, podrían perder un número significativo de constituyentes.
La jefa de bancada de la colectividad, María José Hoffmann, y el diputado Javier Macaya han sostenido conversaciones con personeros del gobierno y exautoridades para que asuman el desafío. Entre las cartas que han sondeado están los alcaldes Rodrigo Delgado y Virginia Reginato; los exdiputados Arturo Squella y Felipe de Mussy; y los subsecretarios Carol Bown y Francisco Moreno.
Piden al Mandatario usar sus facultades para que la nueva institucionalidad del Sename entre en vigencia, ya que eso quedó supeditado a la aprobación de otra norma. También abordan una serie de temas sobre el compromiso del programa de gobierno, el rol de la oposición y la idea de corregir la situación en la que quedaron los alcaldes luego que se aprobara en el Congreso la ley que limita la reelección.
Además de la discusión sobre el límite a la reelección y la rebaja de dietas, diputados UDI y RN ingresaron un proyecto para que candidatos que obtengan menos de un 5% no puedan llegar al Parlamento. La idea es tramitar esa iniciativa junto con la reducción del número de legisladores.
Parlamentarios solicitarán pronunciamiento del organismo con el fin de que se aplique la ley y, por tanto, se les descuenten los días no trabajados en los servicios paralizados.
Diputados ingresarán proyecto para que financiamiento público a los partidos políticos considere un piso de votantes en elecciones internas.
De forma unánime, el lunes 29, el comité electoral del partido definió que ningún parlamentario podía cambiarse de distrito. El problema es que la medida tuvo una única perjudicada: la diputada por San Antonio.
