"El prestigio del Tribunal Constitucional está en entredicho", se señala en un escrito de los funcionarios. Esto, luego de la denuncia de un allanamiento ilegal al interior de sus oficinas, que habría sido avalado por la presidenta de la institución, María Luisa Brahm.
Los coletazos por la denuncia al interior del organismo de un presunto "allanamiento ilegal" siguen sacando roncha entre los jueces que lo componen y la escalada de enemistad ha llegado a tal punto, que hoy la presidenta del TC anunció acciones legales. Sus detractores calificaron sus dichos como una forma de victimizarse y el ministro sumariante, Rodrigo Pica, aprovechó la instancia para revelar que él y su familia han recibido amenazas a su integridad física y la de miembros de su familia, lo que también se llevará ante la justicia.
En un nuevo episodio de los conflictos cruzados que existen al interior de esta institución, hoy la secretaria del organismo, María Angélica Barriga, anunció que denunciará ante el Ministerio Público el ingreso, en febrero de 2020, de quienes ella identifica como personal de la PDI a las dependencias del edificio ubicado en Huérfanos 1234, diligencia que habría contado con la venia de la presidenta del organismo y que era desconocida por la mayoría de los jueces hasta hoy. Un funcionario denunció el hecho y este martes se exhibieron las imágenes de las cámaras de seguridad en el pleno.
Ya va siendo costumbre que en las reuniones del Tribunal Constitucional los ánimos se caldeen y que haya recriminaciones cruzadas entre sus jueces. Este martes no fue la excepción y el pleno decidió en resolución dividida la realización de una reunión extraordinaria en que se analice si es legal que se aplique el auto acordado sobre responsabilidad disciplinaria a ministros y en este caso a su presidenta, debido a acusaciones de maltrato laboral. La cita aún no tiene fecha y algunos sostienen que no se logró acuerdo. Lo único certero es que este caso profundizó aún más la grieta entre los dos grupos que coexisten en el organismo.
María Luisa Brahm fichó al abogado Luis Cordero, quien ingresó hoy al Tribunal Constitucional un documento en el que cuestiona el reglamento que regula sumarios por acoso, asegurando que no son aplicables a ministros del TC. “No solo se afectan garantías esenciales, sino que se establece un régimen que contraviene abiertamente el estatuto constitucional”, dice la presentación.
Cristián Suárez trabajó como conductor de la autoridad, sin embargo, ya no ocupa ese cargo. En una carta entregada a los ministro del Tribunal Constitucional, la cual forma parte del sumario que instruyó el organismo, sostuvo que "durante mis 31 años de desempeño en la institución de Carabineros de Chile jamás sufrí la situación experimentada durante los meses en que presté servicios como conductor de la señora presidenta de este tribunal”.
La abogada, ex Instituto Libertad y exasesora en el primer gobierno de Sebastián Piñera, lleva más de un año surfeando en medio de inquietas aguas el liderazgo de un tribunal que cada cierto tiempo es blanco de duras críticas. Esta semana su voto dirimente en el conflicto por el retiro del 10% de las AFP le valió un triunfo al Ejecutivo y hay quienes plantean, al interior del organismo, que con ello, a su vez, puso en riesgo el futuro del Tribunal Constitucional (TC) en la constituyente.
El voto dirimente de María Luisa Brahm, presidenta del organismo, le dio la victoria al Ejecutivo. Mientras que desde la oposición cuestionaron el fallo, desde La Moneda valoraron la decisión y afirmaron que "sienta un importante precedente".
Desde el Senado, en tanto, la mesa de dicha corporación emitió un comunicado donde aseguraron que las palabras de María Luisa Brahm “refuerza nuestra convicción de que el camino de confrontación no es lo que el país necesita, en momentos en que se atraviesa una crisis tan profunda”.
La fiscalía le pidió a organismos públicos información sobre los tiempos de demora de casos de derechos humanos en el Tribunal Constitucional. La Corte Suprema envió un estudio que da cuenta de esa dilación entre 2015 y 2019. “Uno de ellos estuvo paralizado a la espera de la sentencia del TC 662 días”, indica el documento.
La Presidenta del Tribunal Constitucional (TC) declaró como testigo el 28 de abril ante la fiscal Ximena Chong. Lo hizo en el marco de una causa que se abrió por presunta corrupción en la entidad, luego de que la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, denunciara prevaricación y cohecho por la dilación de casos de derechos humanos.
Según un estudio de la entidad, “los números muestran que las causas de DD.HH. han demorado, en promedio, un total de 300 días”, número que se acerca al promedio de tramitación de otras causas en el tribunal.
La entrevista de la presidenta del TC María Luisa Brahm provocó un fuerte remezón al interior del organismo que oficia como “el guardián de la Constitución”. Una causa penal abierta por la fiscalía deberá establecer si hubo una dilación intencionada en emblemáticos crímenes de lesa humanidad.
Con el inicio de una investigación de parte del Ministerio Público por eventuales hechos de corrupción, y un plebiscito por una nueva Constitución en el horizonte ¿Qué se puede sacar en limpio frente a las disputas desatadas al interior del Tribunal Constitucional tras las declaraciones de su presidenta María Luisa Brahm? Los abogados Luis Cordero, Sergio Verdugo, Jorge Contesse y Francisco Zúñiga responden esa pregunta.
