Todos los miembros del Tribunal Constitucional estuvieron por acoger la solicitud en que se informa al Servicio Electoral que mientras no se resuelva el fondo de un requerimiento presentado por el fundador del PRO debe abstenerse de excluirlo del Registro Electoral de cara a los próximos comicios de noviembre.
En respuesta al Tribunal Constitucional, el servicio sostuvo que no puede modificar el listado de personas inhabilitadas para ejercer sus derechos políticos en las próximas elecciones de noviembre, pues ya se depuró el listado en el plazo que está establecido por la ley, que es 140 días antes de los comicios.
La primera sala decidió que sea el pleno del organismo quien revise si es inconstitucional el que Marco Enríquez Ominami no pueda votar tras haber sido acusados en dos juicios: el caso OAS y SQM. El excandidato presidencial alega que aún le asiste la presunción de inocencia y que no puede ser que el Ministerio Público sea quien a través de un acto judicial le impida, por ejemplo, volver a presentarse a los comicios de noviembre.
La defensa de Marco Enríquez-Ominami pidió que se deje sin efecto la paralización del caso para que el recurso de protección que presentó se pueda ver de forma expedita. El organismo dio lugar a la solicitud que basaba sus argumentos "en atención a la proximidad de las fechas de las primarias y de las inscripciones de candidaturas a las próximas elecciones de cargos de elección popular (incluido el de Presidente o Presidenta de la República)".
La interrupción de la primera jornada de alegatos en el juicio contra del líder del Partido Progresista (PRO) y su exbrazo derecho, Cristián Warner -por delitos de fraude al Fisco y tributarios-, dio cuenta de un leve retraso a los planes del Cuarto Tribunal Oral, que tras analizar la cantidad de testigos, documentos y peritos que se presentarán en las audiencias semipresenciales, calculan que el proceso en total dure cerca de 12 semanas. La situación dejaría a Enríquez-Ominami impedido de participar en los comicios de noviembre, ya sea como carta a La Moneda o al Congreso, ya que su escenario judicial no se resolvería antes de septiembre, y para inscribirse necesitaría estar libre de cargos antes del 23 de agosto.
Pese a que su colectividad lo proclamó a principios de febrero y el exabanderado manifestó que daría su respuesta después de las elecciones de convencionales constituyentes, a tres semanas de esos comicios aún no hay claridad respecto de los planes de Enríquez-Ominami. Con el deadline del 23 de agosto como plazo para inscribir una eventual candidatura -y con la presión de una posible primaria convencional-, su situación judicial sigue siendo la mayor complicación para el ya escueto calendario que maneja su colectividad.
Se van a cumplir siete años desde que la Fiscalía descubrió lo que calificó como un mecanismo de financiamiento ilegal de campañas políticas en que se ocultaban aportes de empresas, no declarados, bajo supuestos servicios que nunca fueron prestados y que permitieron, a quienes obraron como mecenas, rebajar impuestos. En junio comenzarán a cerrarse las causas más emblemáticas que quedan. Después de la condena por delitos de corrupción contra Jaime Orpis, se abrirá el telón para que el líder del PRO, Marco Enríquez-Ominami, y el exsenador UDI Pablo Longueira jueguen sus últimas cartas en la arena judicial.
Desde que conformaron el pacto entre la DC, el PRO y Ciudadanos para las candidaturas de concejales, se ha profundizado la relación entre la DC y quienes hasta hace meses compartían coalición con el Partido Comunista. Hoy, el excandidato presidencial del PRO es uno de los principales aliados de Chahin ante la arremetida de algunos sectores de dejar fuera a la DC de las primarias legales del 4 de julio.
La suspensión de sufragio implica también que ambos estarían imposibilitados para optar a cargos públicos.
El candidato presidencial argentino del Frente de Todos, sostuvo un encuentro con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, donde estuvo acompañado de varios personeros políticos trasandinos. Ahora volverá a Madrid y tomará un vuelo rumbo a Buenos Aires.
Excandidato presidencial del PRO fue acusado de delitos tributarios y fraude al Fisco. En paralelo, arriesga una pena adicional de cuatro años en el caso SQM.
El exministro salió en defensa de su hijo ante la acusación de la fiscal Chong, quien pidió nueve años de pena para el excandidato presidencial. "Es arbitraria y totalmente tardía", dice.
Fiscal que indaga el caso, Ximena Chong, está en Brasil en un seminario contra la corrupción.
Grabó varias sesiones de entrevistas con él, tanto para "Al fondo, a la izquierda" -el documental que acaba de estrenar en países europeos-, como para una película sobre ese país. No cree que haya una dictadura y dice que "a Salvador Allende lo sometieron a un asedio, a una difamación y amenazas bien parecidas a lo que pasa en Venezuela. Los actores son bastante los mismos, como Estados Unidos".
En el PRO comentan que Cornejo quiso seguir la huella de ME-O, quien el 23 de mayo pasado anunció que se retiraba de la política en medio de su formalización por el caso SQM.
