La medida busca avanzar "hacia una iluminación más sostenible, reduciendo el impacto en la astronomía, en la biodiversidad y en la salud de las personas", explicó el Ministerio del Medio Ambiente.
18 oct 2024 12:24 PM
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Erick Layana envió un oficio a la titular de la cartera, Maisa Rojas, donde manifiesta su preocupación por el impacto negativo que podría tener una decisión de este tipo en la biodiversidad del sector. Agrega que la medida, de ser adoptada, podría vulnerar tanto la legislación chilena como tratados internacionales.
Valentina Durán atribuyó a una diferencia de “opinión técnica” el desencuentro y calificó la decisión del ahora exdirector del SEA de Antofagasta como “debatible”. “Este es un proyecto cuya evaluación se pudo permitir que continuara”, aseguró la abogada, quien valoró que los senadores que tramitan el proyecto para reformar la entidad ya aprobaran la creación de un recurso jurídico que pudo haber evitado el polémico episodio.
Ayer la directora del Servicio de Evaluación Ambiental decidió remover al director regional del organismo en Antofagasta, Ramón Guajardo Perines, tras la suspensión de la tramitación ambiental de la Central de Bombeo Paposo, iniciativa que contemplaba una inversión de US$1.400 millones. Sin referirse directamente a Guajardo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que a veces hay funcionarios que se les pasa un poco la mano en estos procedimientos.
La directora ejecutiva del servicio, Valentina Durán, adoptó la decisión que se hará efectiva a partir del próximo 30 de septiembre. La salida de Ramón Guajardo se da en medio de la molestia que generó en las carteras de Energía y Economía por el episodio.
La medida fue ordenada inicialmente el 19 de julio de este año, en el contexto del procedimiento sancionatorio iniciado en contra del titular, por no “contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para ejecutar obras al interior de un humedal Valle Volcanes.
Las primeras tres salidas confirmadas son las de los ministros de Justicia, Industrias Estratégicas y Medio Ambiente.
El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación en contra de la resolución sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Este hito busca posicionar a Chile a la par de mercados desarrollados como California, Estados Unidos, y Reino Unido que han adoptado rápidamente el diésel renovable para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Una de las razones del retraso fue la situación generada por la pandemia de covid-19, en la que hubo una utilización masiva de plásticos de un solo uso por razones sanitarias
En el programa Desde la Redacción de La Tercera, y entrevistada por Francisco Aravena, la titular de Medio Ambiente reconoció que el reglamento para poder implementar la normativa se aplazó debido al uso masivo de plásticos para fines sanitarios durante la pandemia y por la falta de antecedentes técnicos. Además, adelantó que la situación se va a abordar en el próximo Consejo de Ministros, que se realizará durante agosto.
La ministra de Medio Ambiente explica los principales cambios al proyecto que se comenzará a votar en particular la semana del 26 de agosto.
Los Tribunales Ambientales llevan más de seis años operando sin la totalidad de sus jueces, afectando la eficiencia de sus decisiones. El ministro de Justicia, Luis Cordero, propone extender los periodos de nombramiento como una solución para mejorar la estabilidad y asegurar que los tribunales puedan contar con su dotación completa.
La instancia además de analizar los antecedentes, realizó dos inspecciones a la planta de tratamiento El Melón, con la finalidad de constatar los hechos demandados.
El tribunal ordenó a la empresa eléctrica realizar un proceso de remediación ambiental en el sitio, que incluye la aplicación de técnicas de biorremediación para descontaminar el suelo y las aguas subterráneas. El objetivo es que el terreno pueda ser utilizado nuevamente para fines comerciales e industriales, sin representar un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Desde Engie explicaron que están considerando emprender acciones legales para impugnar el fallo del Primer Tribunal Ambiental.
