A los arrestos en mayo pasado de Franco Pinto Orellana y Francisco Mondaca Mella, este lunes se sumó la detención de Elías Salazar Inostroza. Los tres son sindicados como los presuntos responsables del mayor incendio urbano en la historia del país.
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Tras una reunión del directorio general extraordinario, la institución repudió “categóricamente el actuar de este tercer imputado”, y acordó remitir los nuevos antecedentes “de manera inmediata” al Tribunal Superior de Disciplina.
Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente (Bidema) de la PDI arrestaron este lunes a Elías Antonio Salazar Inostroza, en el sector de Curauma. Según la Fiscalía, tendría vinculación con los otros dos detenidos por iniciar el siniestro que cobró la vida de 137 personas.
El sujeto capturado por la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural es bombero y funcionario técnico de Senapred.
El documento deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados, tras lo cual sería enviado al Ejecutivo, Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
En la primera parte de la sesión que discute y votará las conclusiones, también se señaló que el Cuerpo de Bomberos y la entidad sanitaria se vieron sobrepasados en su "límite" para cubrir la emergencia.
La instancia de la Cámara de Diputados aprobó este lunes tres capítulos del informe final, referidos a coordinación, evacuación y responsabilidades institucionales.
Además, la justicia lo condenó a dos penas de 540 días de reclusión como autor de dos cuasidelitos de homicidio en perjuicio de dos víctimas que perdieron la vida a raíz del fuego.
Según el equipo del titular de Agricultura, se trataría de cinco militantes que actualmente poseen cargos en la Corporación Nacional Forestal: dos autoridades regionales y tres asesores. Sin embargo, el ministro defendió que ninguno habría sido contratado a través de fondos del programas de incendios y que todos tendrían -a su juicio- competencias para el cargo.
Según informó el fiscal Osvaldo Ossandón, el sujeto de 56 años le imputa un delito de incendio con resultado de muerte, por lo que corresponde una pena de presidio mayor en su grado máximo que va desde 15 años y un día a 20 años de cárcel.
Los restos carbonizados de un cigarrillo, las imágenes de un auto blanco y el descuido de una llamada telefónica fueron las pruebas cruciales que permitieron a la Policía de Investigaciones y a la Fiscalía de Valparaíso armar un verdadero rompecabezas policial para dar con los presuntos autores de la tragedia que dejó 137 personas fallecidas en febrero pasado.
Parece un matiz poco relevante, pero la diferencia puede marcar las penas a la que se somete una persona que inicia un incendio intencionalmente.
El Ministerio Público, a través de un oficio dirigido a la alcaldesa de Viña del Mar, solicitó información respecto a la "existencia de Plan de Prevención y/o Evacuación ante Emergencias ante incendios de la magnitud del presente caso, regulación y descripción, como también si 'existió algún programa especial' después del siniestro registrado el 22 de diciembre del 2022". También se despacharon peticiones de información a Senapred.
"Hay elementos preliminares que nos indican que puede estar involucrado en otros hechos", afirmó la fiscal regional de Valparaíso.
En su declaración ante la Fiscalía el bombero de Valparaíso y autor material de los siniestros de febrero, Francisco Mondaca, acusó que el brigadista de Conaf, Franco Pinto, fue quien le pidió iniciar el fuego para recibir más dinero por el tiempo extraordinario que significaba el combate de los incendios. Entre octubre de 2023 y abril de 2024 Pinto realizó 319 horas extras.
