El timonel del Partido Comunista indicó que como colectividad tienen una “manifestación de absoluta solidaridad con todos quienes, por una razón del derecho a la vivienda, han recurrido a este recurso”.
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Según se informó mediante un comunicado, mañana se presentará en la Corte de Apelaciones de Valparaíso el acuerdo para informar al tribunal de las bases de este, con el objetivo de suspender el desalojo y de obtener un acuerdo satisfactorio para las partes.
Personal de la policía uniformada sigue a la espera de la instrucción formal para llevar a cabo la expulsión forzosa de la toma en San Antonio, donde habitan cerca de 10.000 personas. Pese a que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, aseguró que el desalojo -por la magnitud de este asentamiento- no se hará en un solo día, las autoridades regionales reconocen que sí o sí se necesitará el traslado de efectivos desde la capital.
Desde el Minvu esperan llegar a un acuerdo con los tres dueños de los terrenos para así evitar un desalojo "paulatino" el próximo 27 de febrero, plazo final establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El lunes, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, les presentará una nueva tasación a los propietarios de los terrenos. La apuesta es convencerlos de que les vendan a las cooperativas de pobladores, pero esa fórmula no convence a todos. Por la izquierda se levanta un sector organizado por el arquitecto Miguel Lawner (PC) que advierte: “Si el gobierno lleva a cabo el desalojo, nos vamos a defender. Yo voy a estar ahí presente”.
Es altamente preocupante que a pesar de que desde hace tiempo se sabía que habría que ejecutar un desalojo, no se haya diseñado un plan para reubicar a las familias ni se contara con soluciones habitacionales. También queda en entredicho la capacidad del Estado para asegurar el derecho de propiedad.
Diego Pereira-Fonfach, representante de los dueños del terreno, tacha las gestiones del Gobierno como "deficientes", todo esto en la previa de la reunión que busca un acuerdo para evitar el desalojo de las 10 mil personas que habitan el terreno de 256 hectáreas.
Con el desalojo programado para el 27 de febrero, el Ministerio de Vivienda trabaja en la constitución de cooperativas habitacionales como alternativa para que las familias hagan una oferta de compra. El aporte inicial que hasta ahora podrían ofrecer los pobladores, sin embargo, dista de los 52 millones de dólares que inicialmente plantearon los dueños del terreno.
La megatoma de San Antonio, que alberga a más de 11.000 personas, enfrenta una inminente orden de desalojo, mientras sus habitantes denuncian abandono estatal y buscan regularizar su situación. Datos oficiales y testimonios revelan la compleja realidad de esta comunidad autogestionada.
La orden fue decretada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual resolvió que este jueves 27 de febrero debe comenzar el desalojo “paulatino y responsable” de la toma.
El alcalde Omar Vera sostiene que "hay un punto que aún separa a las partes de un acuerdo y es el valor del metro cuadrado del terreno”.
El gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a las personas que deben abandonar los terrenos tomados y busca con desesperación ganar tiempo para evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.
La Inmobiliaria y Constructora San Antonio es dueña del terreno desde 1997. El plan original era que el terreno fuera expropiado por el MOP para la construcción de un acceso a la comuna. Sin embargo, desde 2019 una gran cantidad de personas llegó a vivir al predio. La dirigenta de la Coordinadora V Costa de San Antonio, aseguró que ella, junto a otros habitantes de la toma llegaron al lugar "con el permiso del representante legal del dueño".
Omar Vera espera que el Ministerio de Vivienda y los propietarios del terreno lleguen a una solución para evitar el mandato de la Corte de Apelaciones, que está programado para el 27 de febrero. "Esperamos que haya un acuerdo para darse un tiempo que permita construir las bases de un entendimiento", señaló.
El gobierno hoy no está en condiciones de ofrecer una alternativa de vivienda a las personas que deben abandonar los terrenos tomados y busca con desesperación ganar tiempo para evitar la escena de carabineros desalojando familias. Por lo demás, tampoco cuenta con el personal de Carabineros suficiente para concretar la orden de la justicia.
