La indagatoria del Ministerio Público cuestiona la adquisición de una propiedad con dineros que se habrían desviado desde el Ejército. El fiscal Marco Muñoz Becker aseguró que el imputado aprovechó "el sistema tributario para declarar dineros que se habían recibido a título de gasto reservado".
La indagatoria surgió a raíz de los antecedentes levantados por la ministra Romy Rutherford, quien dictó procesamiento contra el otrora comandante en jefe del Ejército por delitos reiterados de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar. Se asegura que el militar realizó una serie de maniobras con miras a ocultar el origen ilícito de parte de su patrimonio. Con todo, el Ministerio Público decidió sólo imputarlo a él y no a sus hijas, que participaron de actos de ocultamiento, según se detalla en el alzamiento de secreto bancario de la familia.
El general en retiro Antonio Francisco Cordero Kher y los coroneles en retiro Luis Mauricio Reyes Álvarez y Alex Gluzman Comte son investigados por una defraudación que en valores actuales se acerca a los $850 millones.
Fue procesado por 29 facturas falsas que equivalen actualmente a más de 360 millones de pesos, y falsedad militar en relación con esas mismas facturas.
Mientras ejercía como jefe del hotel militar Viejos Estandartes, José Manuel Allel Barrueto habría realizado una serie de compras a una empresa de pastelería, de la cual era socio junto a su esposa y suegro. Tras descubrirse las maniobras, la Fiscalía decidió llevarlo ante tribunales el próximo 21 de marzo luego de que, además, recibiera una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
El general (R) Felipe Cunich presentó el recurso al considerar que la resolución firmada por el expresidente Sebastián Piñera fue ilegal, puesto que la investigación de Contraloría, que derivó en su llamado a retiro, es ilegal, ya que este organismo no tiene las facultades para sancionar a funcionarios militares. La acción judicial fue respondida por el actual Mandatario, quien señaló que el exmilitar busca evadir sus responsabilidades administrativas.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dio la orden de que ocho bancos entreguen información sobre los movimientos bancarios del retirado general y un núcleo importante de su familia. Para eso la Fiscalía Regional de Los Lagos entregó evidencia para dar cuenta de que existen maniobras por parte del ex alto militar y sus parientes para "ocultar, disimular e intentar legitimar dineros obtenidos en la actividad ilícita". Una de sus hijas, la fiscal Constanza Izurieta, fue removida de sus labores en el ente perseguidor, al igual que su esposo, el también fiscal Andrés Iturra, aunque ambos apelaron y esperan que la Fiscalía Nacional les dé una segunda oportunidad.
El Ministerio Público solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que fije una fecha de formalización para el general (R), Humberto Oviedo. La fiscalía formalizará al excomandante en jefe del Ejército por el delito de lavado de activos por más de $240 millones.
De acuerdo a lo indicado por Marcelo Drago, en ese entonces "se tomaron medidas que es bueno revisar, profundizar y extender", por cuanto falta transparencia en la entidad.
