El ministro de Justicia, puntualizó que una formalización abarca “la dimensión procesal y otra es la dimensión pública. Y esto no tiene que ver ni con el exdirector Sergio Muñoz, ni con el general Yáñez. Esto tiene que ver con los directivos del Estado".
Sobre las declaraciones de la vocera Camila Vallejo -quien habló esta semana de indicios de una “posible red corrupción de cuello y corbata"- el titular de Justicia dijo que la secretaria de Estado "manifestó su preocupación”.
Allanamiento fue el más grande que se ha realizado en el penal.
"El Ejecutivo finalmente ha podido disponer de los recursos”, destacó el ministro Luis Cordero.
El ministro de Justicia también explicó que "si el Congreso citara una comisión y requiriera antecedentes que son secretos o reservados, tampoco es posible revelar esa información porque la investigación está en curso".
"Efectivamente había un abogado que habría prestado servicios al juez Urrutia, defendiéndolo en algunas causas y que, paralelamente a eso, el año 2020 también habría defendido a una de las personas privadas de libertad en el centro de alta seguridad que fue beneficiada con una de las decisiones que tomó el juez Urrutia”, indicó el subsecretario del Interior.
“Aquí no está en discusión el derecho de esas personas a recibir visitas. Esas personas pueden recibir visitas. Las visitas deben cumplir con las obligaciones que tiene cualquier persona que asista a un establecimiento penitenciario, entre otras el enrolamiento", señaló el ministro de Justicia tras sostener una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.
Jaime Gajardo abordó los recientes cuestionamientos hacia el magistrado por la aprobación de comunicación mediante videollamada a reos vinculados al Tren de Aragua. Por otro lado, detalló formas en que se está previniendo y combatiendo el crimen organizado.
De acuerdo con lo detallado por el ministro Luis Cordero, la constitución de esta instancia corresponde a un "hito bien simbólico donde se juega el éxito de este plan y su credibilidad”.
Según indicaron las autoridades, esto tiene como propósito el poder establecer “coordinaciones y trabajos conjuntos para la prestación de salud dentro del establecimiento penitenciario”.
El titular de Justicia le respondió al jefe comunal, quien a partir de la crisis de seguridad que se vive en Ecuador, propuso la construcción de una cárcel de alta seguridad en una isla o zona desértica.
El próximo 13 de enero el cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename) comenzará su cese de operaciones entre la Región de Arica y Parinacota a la de Coquimbo. El proceso, que concluirá el 2026 a nivel nacional, dará paso al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil dejando atrás a un alicaído organismo. Esta es la historia de una institución marcada por falencias, deudas sociales y centenares de muertes.
El abogado realiza el balance de sus primeros 12 meses a la cabeza del Ministerio de Justicia, donde ha enfrentado -como una suerte de vocero “alternativo”- las más diversas crisis. Debutó con el despliegue para defender los indultos, pero al poco tiempo sumó a su mochila la explicación técnico-jurídica de variadas materias. Hoy reconoce que “tirar del buque” ha sido complejo.
Además de los planes definidos por la Subsecretaría de Justicia para la ampliación de penales y para segregar a los internos más peligrosos, la cartera asume como desafío para 2024 potenciar a Gendarmería. Continúan, por lo mismo, en el análisis para poder implementar inhibidores de señal de celulares en los recintos penitenciarios.
Tras detectar que internos mantienen uso de los dispositivos electrónicos, pese a que están prohibidos en los recintos, el subsecretario Jaime Gajardo solicitó antecedentes al director de Gendarmería. Además, la autoridad de gobierno insistió en que se debe sancionar a quienes están ingresando estos elementos.
