La iniciativa fue validada por unanimidad este jueves por el Consejo Nacional y se complementará operativamente con un Plan de Acción Intersectorial a cinco años para el logro de los objetivos.
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Diputados de la UDI solicitaron al organismo encabezado por Dorothy Pérez que se pronuncie sobre la legalidad del trato fijado por más de $600 millones con Unholster. "Es indispensable que sea el órgano contralor el que se pronuncie frente a esta situación”, sostuvieron.
Durante su paso por la policía civil, Gaete estuvo a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos y participó en emblemáticos operativos, como las detenciones de Manuel Contreras y Paul Schäfer.
Con toda una vida laboral dedicada a la persecución de criminales de lesa humanidad y la búsqueda de detenidos desaparecidos, el reconocido expolicía decidió renunciar a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Lo hizo por un contrato directo que realizó el Ministerio de Justicia con la empresa Unholster para desarrollar una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos. Asegura que todo se ha hecho a espaldas de los familiares de las víctimas y que no hay sentido de urgencia, por lo que todo lo que se prometió hace un año -a su juicio- quedará en nada.
En el documento emitido por los parlamentarios comunistas, se exige que “se indique los motivos de la autoridad para decidir la realización de un trato directo para la creación de la plataforma enmarcada dentro del Plan de Búsqueda”.
La iniciativa va a entrar en una etapa de diseño y considera una consulta pública.
"El Ejecutivo tiene argumentos para sostener toda la indicación, sin prejuicio de que nosotros entendemos que la comisión de Constitución es soberana para aprobar o rechazar las indicaciones", afirmó el ministro Luis Cordero.
La normativa despachada por el Congreso en junio será promulgada en los próximos días, según adelantó el titular de Justicia. La autoridad planteó que el no abrir nuevas plazas obligaría a decretar indultos para reducir población de los recintos. Asimismo, confirmó que la iniciativa de “fast track” que se presentará considerará toda la infraestructura que se planifica construir.
El ministro Luis Cordero expuso ante comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. El gasto fiscal considerado para materializar la iniciativa es de $17.020 millones en un primer año, hasta los $56.000 millones.
“El volumen de inversión que nosotros estamos poniendo a disposición probablemente lo haría recomendable, pero es un asunto que yo tengo que conversar con el Presidente", indicó el ministro Luis Cordero.
Desde la organización Santiago Activo señalan que si bien consideran importante que se edifique un penal para el crimen organizado, “debería ser fuera de la ciudad”, y dicen que “eventualmente podría ser en Isla Mocha”, Región del Biobío.
Decreto oficializa el nuevo de nombre del penal ahora conocido como Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS).
El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que la nueva cárcel que albergará a peligrosos líderes criminales estará en Santiago centro. Esto es lo que debiese tener la infraestructura y cómo puede afectar a los vecinos y propiedades aledañas.
Desde 1927 el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC) ocupa el mismo inmueble donde el gobierno ahora busca construir la nueva cárcel de máxima seguridad para líderes del crimen organizado. Pero antes de eso, el organismo encargado de realizar las pruebas de municiones y explosivos en el país debe buscar un nuevo recinto donde instalar su serie de laboratorios y bancos de pruebas, abriendo un dilema para la institución castrense.
Si bien en un inicio no se contemplaban grandes avances en la materia, con el pasar de los meses el Ministerio de Justicia activó una serie de proyectos con miras a fortalecer las medidas de seguridad al interior de los recintos. Como advierten investigadores del CEP, en todo caso, urgen reformas estructurales en Gendarmería.
